Dafne Magaña Ávila
Universidad Marista de San Luis Potosí, licenciatura
en Psicología, Taller de Psicología Jurídica
magavidf@gmail.comEl sistema penal mexicano: un generador de enfermedad mental, acercamientos
desde el estrés postraumático
Publicado el 24 de enero de 2020
Dafne Magaña Ávila
Universidad Marista de San Luis Potosí, licenciatura
en Psicología, Taller de Psicología Jurídica
magavidf@gmail.com
El término de la sanción privativa de la libertad se presupone es la resolución del procedimiento penal y cierre del caso por principio metodológico. Sin embargo, en México la falta de apoyo y rehabilitación integral predisponen a una reinserción social difícil con alta probabilidad de reincidencia, catalizador de enfermedades mentales e interpretación cognitiva sesgada con implicaciones en la modificación del estilo de vida e involucramiento social que favorecen la continuación del historial criminal. Asegurando entonces el tiempo de rehabilitación bajo el método carcelario actual es inefectivo y perjudicial para el ofensor y la sociedad, derogando el artículo 18 constitucional.
Dentro de las patologías mentales que se pueden desplegar a partir de un proceso penal, resaltando el impacto de las vivencias en un centro penitenciario mexicano, se encuentran predominantemente los trastornos del afecto: ansiedad y depresión. Por su parte, existe un campo de estudio aún por evaluar en personas reintegradas a la sociedad, la patología que aparece como resultado de la experimentación constante a estresores (amenazas reales) y traumas, cuya presencia potencializaría la perseveración de conductas no adaptativas, imposibilitando su completo ajuste social: el estrés postraumático.
El trastorno de estrés postraumático se presenta en cerca del 35% de las personas que han experimentado una situación de estrés excepcional en el que percibió un riesgo para su vida o la de un ser querido. En el caso de una persona privada de la libertad, este trastorno podría avistarse ante la presencia constante y reiterada de amenazas físicas, psíquicas o verbales, en la falta de condiciones para la estancia digna, frente a la violencia normalizada y la despersonalización recurrente en un centro penitenciario, particularmente cuando no existe apoyo psicológico, validación de las autoridades o atenciones apropiadas frente a las injusticias experimentadas. Temiendo revivir sensaciones semejantes, o al encontrarse en un ambiente que trajera el recuerdo a la conciencia, la persona realizaría conductas mal-adaptativas como evitación de lugares, personas o situaciones, presentaría síntomas como un estado de ánimo negativo persistente, alerta constante, poca o nula empatía, irritabilidad, disociación, despersonalización y signos fisiológicos tales como tensión muscular, taquicardia o disnea en la evocación voluntaria o inconsciente. También se manifestarían activaciones: reacciones anormales a estresores no amenazantes.
Esta condición genera un deterioro significativo y eventual disfunción en alguna de las esferas de su vida (laboral, social, familiar, biológica, etcétera), perdurando más allá de seis meses. Se pueden llegar a observar alteraciones en la atención y el procesamiento de la información, así como la dificultad de solucionar problemas. Se puede acompañar de depresión, ansiedad, tentativa suicida, abuso y dependencia de sustancias. Los factores biológicos, psíquicos y sociales que influyen en el desarrollo de la patología son experiencias previas a estrés constante, herencia genética, una pobre respuesta inicial del ambiente, múltiples eventos traumáticos presenciados, escaso o nulo soporte de sus redes de apoyo, entre otros.
La importancia de detectar y atender este trastorno en esa particular población recae en la adquisición de una interpretación deformada de la realidad que se ejerce directamente en su actuar social, esto es, rasgos de la patología antisocial sistematizados como una respuesta adaptativa funcional a las complicaciones para la supervivencia cotidiana en un reclusorio, que continúan y prosperan en el exterior.
En 2013, la ONU estimó que a nivel mundial el 70% de las personas sentenciadas vuelven a cometer un delito; en México, en 2012, se contabilizó la reincidencia delictiva en un promedio de 13%. Se infiere la inexactitud de las cifras por la baja cantidad de delitos denunciados en el país y aún menos la de los sancionados. En una revisión sistemática (Valdez et al., 2017) se encontró que el perfil cognitivo del reincidente denotaba tendencias a confrontar situaciones de estrés y riesgos con estrategias no adaptativas, mostraron un pobre autoconcepto y baja inteligencia emocional. En su investigación, Valdes y otros descubrieron que existe pseudo-insight (conciencia de su falta de remordimiento y falta de emociones sin cambios conductuales), justificando el agravio como responsabilidad de las víctimas. Azaola & Bergman en el 2007 realizaron una encuesta en cárceles mexicanas donde se escatimó en mayor o menor proporción que los privados de su libertad recibían apoyo del exterior para su manutención: Con una máxima en 87% y una mínima del 46% de personas respaldadas según el recurso: Alimentación, vestidura, medicamentos o material de trabajo. Llegando también a realizar pagos por visita, y algunos sosteniendo (el 30%) interacciones desagradables hacia su visitante; evidencia de una comunicación mermada que exuda sin depurarse violencia viral. Por demás, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2018, se concluye que en alrededor de la mitad de los centros estatales existen deficiencias importantes en regulación disciplinaria y prevención de incidentes violento, condiciones de autogobierno, actividades ilícitas, carencia de higiene en dormitorios y cocina. En el 70% de ellos, falta de actividades laborales y de capacitación. En el 84% no hay el personal de seguridad y custodia necesario.
Analizando la información contextualizada, podemos entender que los índices de criminalidad y la confrontación de la sociedad actual a la misma obedecen a una cultura de poca inversión en la educación, donde el encarcelamiento es un método de contención y represión que en forma alguna corrige ni rehabilita como su propósito pretende. Obedece en cambio a una visión punitiva que en el sufrimiento ajeno espera encontrar satisfacción a sus heridas y sufrimientos.
El control por parte del crimen organizado en estas instituciones de rehabilitación evidencia la falta de un Estado de derecho, un gobierno superado por las desigualdades económicas y la escasa oferta de educación, así como de trabajo digno capaz de sustentar las necesidades básicas de una familia. En adhesión, el tiempo excesivo usado para la deliberación expone al acusado en México (en ocasiones durante años) a factores de riesgo tales como trauma, criminalidad interna y falta de atención médica, a lo que se suman las vulnerabilidades presentes (y posibles causales en el caso de culpabilidad en el delito), atentando así la integridad del máximo bienestar asequible en condición de cárcel. Las repercusiones en ocasión de cualquier tipo de agravio no se verán solventadas ni atendidas por las autoridades pertinentes en la mayoría de las veces. La falta de atención facilitará la cronicidad y severidad del daño; recordando las dificultades que el estigma o la patología caracterológica que posiblemente presenta el ofensor, se acentuarán las adversidades psicosociales como la obtención de empleo y la seguridad social que conlleva, o en el establecimiento de relaciones interpersonales positivas que puedan agilizar el cambio en la persona. Por lo tanto, se puede aseverar un detrimento en la calidad de vida poblacional indiferente a una modificación en la tasa de criminalidad.
Finalmente, en un país donde el acceso a recursos básicos como el alimento, lecho y espacio son privilegios dentro y fuera de los espacios penitenciarios, la importancia de la salud mental en una experiencia como el ostracismo y su posterior carga social queda reducida a un índice ajeno al problema que desencadenó esta situación en primera instancia. En contraste, en los países nórdicos se favorece la intimidad y autonomía del privado de su libertad, pensando que un modelo de bienestar en su sistema social es piedra angular en su mejora. Se invierte en sus espacios, su aprendizaje, su cuidado.
La sociedad mexicana olvida que los delincuentes son parte y síntoma de ella. Los reclusos (porque un término agradable no mejora sus condiciones) se encuentran en condiciones que atentan contra sus derechos humanos y no hay resiliencia suficiente que exonere al humano del maltrato reiterado cuando se le hace olvidar que es uno.
Bibliografía
Álvarez Valdez, Jesús Eleonary y Delgadillo Guzmán, Leonor Guadalupe (2017), “Análisis de la reincidencia delictiva en términos de las representaciones sociales prescriptivas”, Cultura y representaciones sociales, 11(22), 220-248, recuperado el 5 de diciembre de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102017000100220&lng=es&tlng=es.
American Psychiatric Association (APA) (2013), Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-V-TR, Barcelona, Masson.
Azaola, Elena y Berman, Marcelo, “Las condiciones de vida en las cárceles mexicanas”, Nueva Sociedad, NUSO 208, marzo-abril de 2007, en: https://nuso.org/articulo/las-condiciones-de-vida-en-las-carceles-mexicanas/.
Jiménez Durán, José Isaac y Strickland, Danielle (2018), “Empowered or disempowered? The Effects of the Inside-Out Prison Exchange Program in Mexico”, Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa, 9(16), 00010. Retrieved December 05, 2019, from http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-21712018000100010&lng=en&tlng=en.
Londoño Arredondo, Nora H. et al. (2008), “Perfil cognitivo asociado al trastorno por estrés postraumático en víctimas de violencia armada”, Universidad Pontificia Bolivariana, núm 10, disponible en: https://revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos/article/view/1694.
Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez