La nueva reforma al sistema de justicia penal y su discurso político

Publicado el 9 de marzo de 2020

Víctor Manuel Rangel Cortés
Posdoctorante en la Facultad de Derecho, UNAM
@VictorMRangel
vrangel1982@gmail.com

Todo aquello que para la sociedad representa un problema, para la política es una oportunidad de negocio.

Cuando uno revisa la agenda de los presidentes de México y de los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, inmediatamente sobresalen los temas de seguridad y justicia.

Se dice que todo cambia, que nada se mantiene estático. Posiblemente, son las leyes vinculadas al derecho penal las que más se han modificado en los últimos tres sexenios, ya incluido el de Andrés Manuel López Obrador. ¿Estos cambios han sido para bien de México? La triste realidad es que no, basta con salir a la calle para ser asaltados; la mayoría de nosotros hemos sufrido los estragos de la inseguridad.

Lo mismo sucede con el sistema de justicia. Infortunadamente, las anécdotas oscuras ante las fiscalías o Ministerio Público abundan. Lo mismo sucede, en menor medida, ante el órgano jurisdiccional.

Del sistema penitenciario, la verdad mejor ya ni hablamos. Es como una pieza del rompecabezas que nadie quiere atender.

Sucede que nuestro sistema político se alimenta de todos esos problemas para luego intentar solucionarlos con un paliativo llamado ley o reforma. Si observamos la cantidad de leyes en materia penal que hoy existen, entonces nos daremos cuenta de su crecimiento de forma irracional.

¿Por qué todas estas reformas? Bueno, una primera cuestión es que la gran mayoría vienen de compromisos internacionales como la Iniciativa Mérida. Gracias a este acuerdo, Estados Unidos le otorga dinero y otros recursos a nuestro gobierno para que aquí se haga lo que ellos quieren, esto incluye la creación de un sistema jurídico nuevo.

Otra cuestión es que las reformas son parte del negocio electoral de los partidos políticos y del presidente. Por ejemplo, el grave problema de delincuencia no se acaba con un simple abrir y cerrar de ojos, se necesita una política de Estado que después de cierto tiempo, por lo general largo, dé frutos; sin embargo, un presidente, el que sea, tiene menos de seis años para reportar resultados positivos y generar algún impacto en el electorado y la manera más sencilla y rápida de hacerlo es modificar el derecho.

Recientemente se ha puesto en el debate público la inminente reforma al sistema de seguridad y justicia, otra vez, la cual implicaría reformas constitucionales, un nuevo código procesal penal, un código nacional penal y otras legislaciones.

La realidad es que todas las reformas del actual sexenio son un discurso dirigido a sus adversarios políticos, como Felipe Calderón. Por eso, temas como la corrupción se abordan con severidad.

No obstante, legislar con el objetivo de amagar a los adversarios es una mala idea. Deja en claro que el gobierno todavía se ejerce con propósitos particulares. Además, reformas de esa naturaleza pueden generar tensiones entre el sistema y los derechos humanos.

Desde 1996 en México inició la creación del derecho penal del enemigo. Éste ha evolucionado, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón. Con Enrique Peña Nieto se consolidó. Ahora con López Obrador se sigue por la misma línea. Basta ver todas las facultades de investigación que se le otorgaron a la Guardia Nacional.

Adicionalmente, el presidente requiere consolidar el discurso de la “4ta transformación”. Para ello es preciso acabar con casi todo lo que existía en el viejo régimen, se trate de cosas que sirvan o no. Sólo con nuevas instituciones y con un sistema jurídico renovado podrá, tal vez, lograr que la historia le reconozca el cambio.

Lo malo para él es que esta clase de reformas puede llevar un tiempo importante para contar con toda la legislación. Además, hay que considerar el tiempo de entrada en vigor y luego de aplicación.

Otro punto que debe tomar en cuenta es que si la reforma es planteada por la Fiscalía General de la República, entonces tendrá un sentido en contra del principio de presunción de inocencia porque la autoridad investigadora piensa en cómo librar las dificultades que hoy encuentra al momento de hacer su función.

De esta manera, nos encontramos ante la posibilidad de acabar con cualquier vestigio bondadoso que haya dejado la reforma penal de 2008.

Ante este contexto esperemos que los legisladores tengan la bondad de apegarse a los elementos más básicos de la técnica legislativa para contar con una nueva generación de leyes sistemáticas, claras y precisas, pero sobre todo con respeto al principio de presunción de inocencia.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero