José Luis Caballero: “México ya no necesita juristas del siglo XIX”1
Publicado el 17 de marzo de 2020
Víctor Hugo Gil
El Mundo del Abogado
Para el director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, la formación de los abogados debe dejar de lado la memorización de definiciones, el uso de conceptos dogmáticos y el adiestramiento para cubrir requisitos procesales y sortear obstáculos formalistas. En esta entrevista ofrece su visión sobre lo que debe contemplar la enseñanza del Derecho en el siglo XXI.
¿Cuál es el modelo que ha imperado en la enseñanza del Derecho en nuestro país y en el modo de construir las relaciones socia?
Ha sido consecuente con un sistema autoritario de ejercicio del poder público. Esto se reflejó en que escuelas y facultades de Derecho estructuraron su comunicación alrededor de una estrategia de memorización de definiciones, conceptos dogmáticos, descripciones previamente afianzadas por la doctrina, así como en adiestrar para recorrer con sagacidad los caminos procesales y sortear exitosamente obstáculos formalistas, más que en torno de una reflexión crítica en la apropiación de la disciplina y su impacto social, como correspondería al papel de un jurista en una democracia contemporánea.
En este contexto, la educación legal se soportó en categorías y principios presentes en los planes y programas de estudio, en los textos jurídicos o en la experiencia en el aula, que denotaban una maquinaría conceptual, una visión epistémica y una narrativa obsoleta en relación con el Derecho comparado y obsequiosa con un sistema político de corte autoritario.
¿Qué ha implicado esta caracterización en la forma en que las y los operadores jurídicos atienden la grave situación que atraviesa México en estos momentos?
Justo estamos viendo los resultados de la conformación de procesos de enseñanza-aprendizaje del Derecho, que no formaron en competencias, en diálogo interdisciplinar, en análisis y solución de problemáticas complejas, en herramientas metodológicas de las ciencias sociales, y que vemos reflejados, de alguna suerte, en la deficiencia con la que se acometen los graves problemas que tenemos en México —especialmente la inseguridad, la impunidad, la corrupción o las graves violaciones a los derechos humanos— así como la proclividad a ofrecer soluciones con más reformas constitucionales y legales, con más penas y prisión en el tema de la seguridad ciudadana.
La apuesta obsesiva por reformar la Constitución y hacer leyes que tenemos en este país, es producto de la cultura en la que nos formamos las y los abogados en México.
¿Cuáles son los retos que enfrentan las facultades y las escuelas de Derecho para romper con este modelo?
Va por dos ejes, uno más afincado en el sentido de la apropiación del Derecho en la experiencia docente. El propósito, digamos, es la construcción del conocimiento.
Por otro lado, está la ruta metodológica. Lo primero, aunque suene ambicioso, es que las escuelas de Derecho también se conviertan en generadoras de pensamiento para cambiar el estado de cosas, think tanks y no repetidoras de ciertos conocimientos. Este cambio de paradigma requiere que el Derecho y quien lo estudia se perciba como impulsor de cambios sociales, no como perpetuador del statu quo, a veces revestido de “seguridad jurídica”, carente de sentido crítico y reproductor de contenidos transgeneracionales y, en cierta medida, sacralizados. Me parece que el impulso que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ciertos temas, para acercar a la justicia a sectores tradicionalmente discriminados, es un buen ejemplo del cambio cultural que deben ofrecer los centros generadores y transmisores del pensamiento jurídico. La apuesta por la constitucionalización del Derecho de familia, o el hecho de mover el lastre que el patriarcado ha representado en nuestra sociedad teniendo las herramientas jurídicas a su favor, son avances muy notables que evidencian que el Derecho realmente puede socavar enclaves sociales anquilosados.
¿El Derecho ha sido elitista?
Desde luego: las y los abogados realmente trabajan para 30 o 40 por ciento de la población, no para quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Por eso hay que saludar algunos esfuerzos serios, como el que está haciendo el Instituto de la Defensoría Pública Federal, justamente para acercar una defensa de mayor calidad a la población y, en este sentido, ofrecer una formación de mayor calidad técnica y solvencia en perspectiva de debido proceso a quienes se dedican a la defensoría. Ése es un modo distinto de entender la preparación.
¿Cuál sería, en consecuencia, el esbozo de una ruta metodológica para atender a otro modelo en los procesos de enseñanza-aprendizaje del Derecho?
El reto estriba en la ruptura del paradigma sobre el modelo de enseñanza-aprendizaje tradicional para mirar en otras direcciones que apuesten por una serie de metas.
¿Cuáles sugiere?
Formar efectivamente en un sistema de competencias técnicas que permita la resolución de la problemática jurídica, teniendo, desde luego, marcos teóricos muy sólidos que fomenten el análisis crítico de los problemas a partir de perspectivas actuales y no sólo con base en reminiscencias historicistas.
Otra cuestión muy importante es que esa experiencia se haga práctica desde el principio y que pueda articularse con la incidencia en realidades sociales a través de la formación clínica. Tenemos años de atraso en la educación clínica para atender problemáticas concretas, en relación con otros países (Chile, Colombia, Argentina, entre otros), basada en esquemas de inmersión social que permita a las y los estudiantes ir practicando lo que internalizan en la experiencia de las aulas. Digamos que estaríamos hablando más de un aprendizaje situado y orientado hacia el empoderamiento de las personas.
Lo anterior implica relativizar la experiencia del aula a través de la “cátedra magistral” del profesor, que, sin plantear alternativas de comprensión del Derecho a través de perspectivas dialógicas con otros saberes, ha sido prácticamente la única herramienta didáctica en la impartición de los cursos. Por eso nos ha costado tanto trabajo acometer cambios estructurales; por ejemplo, incorporar la justicia transicional como una herramienta estructural y multidisciplinar necesaria para hacer frente a los crímenes del pasado perpetrados por el Estado o a la estrategia fallida en el combate a la macrocriminalidad.
¿Incluiría usted la activación del diálogo multidisciplinario?
Claro que sí. Es urgente reconocer que los fenómenos sociales son complejos y requieren una aproximación amplia, desde diferentes campos de conocimiento que deben articularse con la práctica jurídica, como una herramienta más que contribuya a la resolución de los problemas que enfrenta la sociedad.
Se trata de saber cómo allegarnos conocimientos necesarios con el propósito de hacer frente a los retos para los que el Derecho no tiene en su órbita la última palabra. Pensar en el Derecho aislado y solvente en sí mismo también ha sido un error de la formación. La Suprema Corte tardó mucho en entenderlo y se rehusó a recibir opiniones técnicas, amici curiae, o estudios interdisciplinares, hasta que se puso en evidencia su impericia en temas como las telecomunicaciones o las condiciones de transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) hace algunos años.
¿Qué nos diría sobre las herramientas tecnológicas?
No basta con que los abogados y las abogadas sepamos emplear tecnologías de la información —ya no es este el objetivo— sino una comprensión de los fenómenos alrededor de las tecnologías, su empleo en el marco de las operaciones jurídicas y su alcance en relación con las y los usuarios de los servicios de la información (prácticamente toda la población). Esto va desde las implicaciones del derecho a la privacidad y la protección de datos personales, hasta cuestiones como ciberseguridad, transacciones mercantiles, impuestos digitales, criptomonedas, fintech, biotecnología, etcétera.
Háblenos más del modelo de enseñanza clínica
Ha marcado una nueva forma de transmisión del conocimiento jurídico con gran pertinencia. La posibilidad de este proceso inmersivo conjuga varios factores altamente positivos en la formación:
a) Permite obtener conocimientos técnicos específicos de manera muy situada y en contacto con la realidad, de manera que las y los estudiantes, ya durante su formación, se convierten en expertos de primera mano en la materia de la clínica y de la problemática que intenta resolver.
b) Posibilita el desarrollo de distintas competencias, no sólo jurídicas, sino de relación con otros saberes situados en el entorno del ejercicio clínico. Por ejemplo, la aplicación de herramientas de políticas públicas, el entorno financiero o la antropología forense, dependiendo de la temática que se aborde.
c) Favorece que las y los estudiantes aborden temas de frontera en el Derecho y puedan ofrecer soluciones adecuadas a problemas aún no abordados incluso o que no han tenido un desarrollo en la práctica jurídica. De esta forma, nos encontramos ante una especie de “combo”, si se me permite la expresión, que aglutina el conocimiento técnico, la inmersión en la solución de problemas reales y la innovación en temáticas de frontera jurídica, lo cual permite el avance del Derecho en determinadas cuestiones.
d) Incide socialmente en la resolución de casos a través del litigio estratégico, también llamado “de interés público”, orientado a diferentes objetivos como la transformación estructural de política pública, de propuesta de reforma legislativa, y desarrolla de manera general estrategias jurídicas que benefician a personas concretas.
En la Universidad Iberoamericana hemos podido constituir ya una primera clínica para la atención de personas solicitantes de asilo y refugiadas, la Clínica Alaide Foppa, en alianza con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que está dando justo este tipo de resultados que perseguimos con el modelo clínico de la enseñanza.
Sobre lo último que acaba de señalar, usted dirige el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. ¿En qué están pensando para realizar los cambios que propone?
Por lo pronto, un nuevo plan de estudios, a partir de la incorporación de nuevas materias, la sustitución de unas asignaturas por otras e incorporaciones novedosas, además de la generación de competencias de habilidades jurídicas y de perspectivas transversales que acompañen la formación de estudiantes, con una gran calidad en el cuerpo docente y en el desarrollo del proceso que conlleve a un aprendizaje significativo. Un nuevo paradigma, aunque suene a lugar común.
Tenemos frente a nosotros el reto de realizar una verdadera preparación por competencias que estructure la formación pero que incorpore las diversas perspectivas que requiere la formación jurídica frente a una problemática social muy específica; concretamente, derechos humanos, perspectiva de género, protección del medio ambiente e interculturalidad, que caracterizan a la Universidad Iberoamericana como una entidad comprometida con la justicia social y el combate a las desigualdades.
Nuestra perspectiva en este sentido no será solamente llevar las materias concretas de Derecho ambiental, género y justicia o sociología jurídica desde una perspectiva intercultural, sino dotar a la malla curricular entera de este enfoque: el Derecho penal en perspectiva de derechos humanos y de género, que realmente fortalezca el gran avance que tuvimos en 2008 al incorporar el modelo acusatorio, y la teoría del Derecho y las teorías de la justicia en perspectiva también de pueblos originarios que conciben al sujeto jurídico no como un individuo sino a partir de una connotación de índole colectiva.
¿Nos puede proporcionar otros ejemplos de esta nueva perspectiva de formación?
En la actualidad, el país enfrenta problemas muy profundos relacionados con la sobrepoblación en las cárceles, la gran cantidad de personas desaparecidas, o incluso el grave problema de inseguridad y violencia que vivimos y que nos obliga a pensar cómo podría el Derecho ponerse al servicio de la sociedad para enfrentar problemáticas tan dolorosas y difíciles de afrontar. Es aquí donde pensamos que la abogacía debe acercarse a los problemas sociales, teniendo en mente la relevancia de la estadística o la investigación empírica que nos permita evaluar, junto con otros saberes, la dimensión y las causas de los problemas que enfrentamos. Identificar el papel que está jugando el Derecho y reconocer sus fallas a partir de aproximaciones sociológicas, identificar las variables económicas que inciden en esos problemas, o detectar el impacto particular que ciertas medidas tienen sobre los grupos excluidos. En otras palabras, llevar a cabo aproximaciones integrales que luego nos permitan actuar en los escenarios donde tiene lugar el Derecho.
De la misma manera, una abogada o un abogado de empresa debe ser capaz de identificar las condiciones políticas, económicas y sociales que afectan el entorno en el que actúan, así como los aspectos estructurales que pueden afectar la interacción nacional e internacional con otros actores, tanto nacionales e internacionales, las variables financieras o los aspectos de carácter global que pueden tener un impacto directo en las obligaciones que asumen, lo mismo que las consecuencias negativas de reproducir la violencia de género o la exclusión de las personas en las relaciones laborales, y la relevancia de que actores privados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Necesitamos estimular en nuestras y nuestros egresados miradas amplias que les permitan proponer alternativas útiles para la realidad que están enfrentando.
¿Y bajo qué nuevas coordenadas operará este nuevo plan curricular?
Lo primero es que vamos a tener el modelo de clínicas de inmersión social como la que tenemos ya en la atención a personas refugiadas, en distintas materias; por ejemplo, defensoría pública, compliance, combate a la corrupción, contratación, entre otras. Esto quiere decir que las y los estudiantes deberán tener una experiencia clínica por ahí del cuarto semestre, cuando van a acompañar casos reales que se van a llevar a instancias jurisdiccionales, o a través de la elaboración de distintos productos jurídicos en los que van a trabajar un modelo clínico de una materia con la experiencia que he descrito.
Queremos cambiar el modelo del Derecho adjetivo o procesal a un modelo de justicia. Es decir, no solamente que los alumnos puedan entender las materias procesales como una serie de pasos operativos para conseguir resolver un problema determinado que permiten conocer las fases de distintos procesos judiciales en diferentes materias. El cambio que proponemos es que el Derecho procesal va a estar diseñado en términos de acceso a la justicia: laboral, administrativa, constitucional, y no solamente en la perspectiva de cómo cumplir formalidades procedimentales, sino de cómo conseguir hacer efectivo el acceso a la justicia en las diferentes ramas del Derecho.
Usted ha hablado, en otras ocasiones, de “problematizar el Derecho”. ¿No se hace ya?
No: las y los alumnos de forma tradicional aprenden el Derecho a partir de disciplinas separadas, o de ejes de materias que no se encuentran inmersas en un diálogo entre sí.
De esta manera, a partir de los últimos semestres abriremos materias por problemas, que permitirán realizar intervenciones complejas donde tienen lugar las distintas ramas del Derecho. De esta manera, al inicio del curso se planteará un proyecto y a lo largo del semestre intervendrán distintos especialistas para ir llevando a las y los estudiantes a conclusiones plausibles. Por ejemplo, quizás la instalación de un megaproyecto de inversión que requiera pensar en una consulta a los pueblos indígenas —si está situado en un determinado territorio que afecte a una comunidad concreta— el tema de las licitaciones para el concurso de la obra pública, el modelo de contratación, los medios de resolución de los potenciales conflictos, donde habrá distintos capacitadores bajo la guía de un docente titular.
¿En suma?
Me parece, a manera de conclusión, que la enseñanza del Derecho debe posibilitar procesos de cambio de la forma en que lo entendemos, aplicamos e interpretamos. Las universidades deben favorecer la reinvención del propio Derecho y su diálogo con los distintos actores públicos y privados. Por eso es tan importante que los centros de enseñanza vinculen la docencia con la investigación y la práctica jurídica con incidencia social. En esto apostamos por seguir siendo una profesión pertinente para una sociedad ávida de justicia.
NOTAS:
1 José Luis Caballero Ochoa es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, y doctor en Derecho por la UNED de España. Realizó un diplomado en derechos humanos y procesos de democratización en la Universidad de Chile, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y es miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ha participado en múltiples foros académicos en México y en el extranjero como ponente, así como en proyectos de investigación y consultoría en temas del marco jurídico nacional e internacional de los derechos humanos. Es investigador titular en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y actualmente se desempeña como director del Departamento de Derecho (luis.caballero@ibero.mx). Se reproduce esta entrevista con autorización del autor, publicada en El Mundo del Abogado, el 3 de marzo de 2020.
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