Elia Avendaño Villafuerte
Profesora-investigadora del Programa Universitario
de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad
eavendanov@hotmail.comLa investigación antirracista en México
Publicado el 3 de abril de 2020
Elia Avendaño Villafuerte
Profesora-investigadora del Programa Universitario
de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad
eavendanov@hotmail.com
En el marco del Día internacional de la Eliminación Racial, el pasado 21 de marzo, la Red de Investigaciones Afrolatinoamericanas (RIALA) convocó a la conferencia internacional Investigaciones antirracistas en América Latina para abordar el tema desde la Academia. Ese contexto me hizo reflexionar desde el ámbito de los derechos de los pueblos afromexicanos.
En México existen varios estudios sobre los pueblos negros o afrodescendientes; la mayoría de los trabajos de investigación son históricos, antropológicos, etnográficos, médicos, sociológicos o basados en aspectos culturales. Al respecto, Mónica Moreno Figueroa recopiló mucha información en el texto “El archivo del estudio del racismo en México”, publicado en Desacatos, núm. 51, de 2016.
También hay informes estadísticos que miden la desigualdad económica, social, estructural, los efectos de la interseccionalidad, y el impacto que provoca en la movibilidad social de las personas por su color de piel, muchos de ellos coordinados por Patricio Solís de El Colegio de México o Emiko Saldivar de la Universidad de California.
Algunos pocos han cuestionado a otros estudiosos del tema, por su visión eurocentrada, como es el caso de Eduardo L. Menéndes en su libro Los racismos son eternos, pero los racistas no; o Federico Navarrete. Son realmente escasas las publicaciones de investigadoras e investigadores negros o afrodescendientes, aunque podemos encontrar el texto de Juliana Acevedo: Los pueblos negros de México: su lucha por la sobrevivencia cultural y el reconocimiento jurídico, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La producción académica ha dado preeminencia a lo cultural y a las manifestaciones artísticas de los pueblos de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, o de Veracruz; poco hay sobre la comunidad mascoga de Coahuila. Son escasas las investigaciones que se enfocan en el racismo, la discriminación, o las relaciones que esto genera, tema que aborda Tatiana Alfonso Sierra, en los ámbitos de derecho y desigualdad; e incipiente el análisis en los estudios jurídicos, en donde encontramos por ejemplo la tesis de Isaac Yamín Sánchez Arredondo.
Apenas el 9 de agosto de 2019 fueron incluidos los pueblos y comunidades afromexicanos en la Constitución federal. Esta inclusión, aun con sus limitaciones, es la base para dar obligatoriedad a sus derechos. Su aplicación requiere de la autoidentificación, que es hasta el momento el único mecanismo legal que existe para el ejercicio de derechos, y está fundamentada en los antepasados, costumbres y tradiciones de la persona. No existe el reconocimiento de la pertenencia étnico-racial; la palabra raza no está en la Constitución.
No obstante, muchas personas se enteran que son negras por el trato racializante de los demás, derivado de la discriminación racial que va aparejada al trato de inferioridad que reciben, y por las limitaciones reales de acceso a oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.
El racismo normalizado en el que se desarrolla nuestra vida se confronta con el discurso de las organizaciones sociales que están demandando su reconocimiento pleno con derechos y políticas públicas específicas.
Esto ha provocado vehementes reacciones de quienes, como representantes institucionales, asumen la defensa del tema desde su privilegio, para imponer denominaciones, categorías y mecanismos de relación gubernamental.
En México existen tres instituciones responsables de atender los reclamos de los pueblos y comunidades afromexicanas, son:
Sus funciones y atribuciones son obligaciones expresas para dar atención a las demandas de las organizaciones sociales, no obstante, la falta de precisión y claridad en la legislación y la ausencia de derechos expresos para los pueblos afromexicanos dejan al arbitrio discrecional de cada autoridad la forma de cumplimiento de esas obligaciones.
Eso es grave porque se ha demostrado en Informes de El Colegio de México que la apreciación particular de cada persona, en este caso un funcionario público, trae aparejado un sesgo discriminatorio, estructural y normalizado que otorga privilegios a las personas a partir de su tono de piel, pues relacionan su apariencia con determinado nivel económico y social, y eso representa una desventaja para quienes han sido ubicados como parte de los grupos vulnerabilizados, como las personas negras o morenas.
Revertir este sesgo personal, introyectado y confirmado en la estructura social, implica romper con los mecanismos institucionales actuales, diseñar y operar acciones afirmativas y determinar cuotas específicas que realmente hagan representativa a la sociedad en todos los sectores.
El acceso a la educación superior ha demostrado ser uno de los mecanismos eficaces para lograr la movibilidad social de quienes tradicionalmente han tenido vedado su ingreso a las universidades, pues a partir de su producción científica enriquecen la forma de abordar el tema con su visión personal y comunitaria.
Tenemos que reconocer que el racismo forma parte de una política de Estado que se deriva de los resabios de la imposición de la ideología del mestizaje.
Transformar esa perspectiva para llegar al reconocimiento de sujetos con derechos plenos, pasa por rebasar al racismo romántico y exotizante que vemos en las fotografías y programas de televisión actuales.
Algunas organizaciones sociales, principalmente de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, encabezadas por mujeres, son quienes están exponiendo un discurso basado en la exigencia de derechos, en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, hacia allá puede ir nuestra búsqueda de alianzas.
24 de marzo de 2020
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