La privacidad en los tiempos del COVID-19

Publicado el 17 de abril de 2020

Mauricio Figueroa Torres
Profesor de la Facultad de Derecho, UNAM
@mfiguerres_

El combate a la pandemia del COVID-19 requiere diversos esfuerzos de la ciudadanía, así como de la ciencia y de los gobiernos a lo largo y ancho del mundo. Dicha situación sanitaria ha exigido un particular análisis, monitoreo y uso estratégico de datos personales de grandes sectores de la población, así como del uso de instrumentos informáticos para desahogar diversas tareas que tradicionalmente se llevaban a cabo de manera análoga.

En ese sentido, las recientes prácticas y herramientas empleadas, tanto en el sector público como privado, pueden vulnerar en determinado nivel, directa o indirectamente, la privacidad de los individuos.

En el sector público, las autoridades de diversos países han empleado diferentes bases de datos para identificar focos rojos y prevenir la propagación del virus: registros médicos, geolocalización de dispositivos móviles, información migratoria y de viajes al extranjero, entre otros datos. No obstante, algunos métodos empleados por ciertos gobiernos pueden llegar a ser invasivos y desproporcionados, afectando en forma desmedida la esfera de privacidad de los gobernados.

Un caso que salta a la vista es el de China, pues el método de vigilancia implementado contempla el uso de cámaras de reconocimiento facial y escáneres de temperatura corporal; lo anterior, al vincularse con otras bases de datos —como localización geográfica o historiales médicos—, hace imposible la disociación de identidades y vulnera a los individuos y su privacidad. Pero el problema es aún mayor, ¿qué pasará después de la pandemia con toda esa información recopilada, sistematizada y almacenada?

Los teóricos y activistas del derecho a la privacidad sostienen el imperio del principio de “limitación de la finalidad” (purpose limitation principle), mismo que ha sido cristalizado en el Reglamento General de Protección de Datos que rige a la Unión Europea. Bajo este principio, la recolección, procesamiento y uso de datos personales debe tener un propósito u objetivo claramente definido, por lo que dichos datos no pueden ser reusados para un propósito distinto para el que fueron obtenidos originalmente.

Bajo la anterior premisa, los datos gestionados, recopilados, analizados y almacenados para enfrentar la pandemia están sujetos a un alcance y temporalidad, por lo que no podrán ocuparse para un fin distinto al del combate al COVID-19. No obstante, ésta es justamente la gran preocupación de diversos académicos y actores de la sociedad civil organizada: ¿qué garantías se tienen de que en efecto los gobiernos dejarán de ocupar estos sistemas de vigilancia digital una vez superada la pandemia?

Precisamente muchas de las medidas más invasivas a la esfera de derechos de los gobernados son hechas particularmente en “situaciones de emergencia”. Sin embargo, una vez que dicha situación es superada, las “medidas emergentes” se vuelven permanentes. Dichas medidas de seguridad muy posiblemente serían rechazadas de manera contundente por los ciudadanos en tiempos de mayor tranquilidad y orden.

Por ejemplo, después de las atrocidades del 11 septiembre de 2001 del World Trade Center en Nueva York, en los Estados Unidos se adoptó el denominado Patriot Act o Ley Patriótica, que dotó de diversas nuevas atribuciones a sus autoridades: monitoreo de líneas telefónicas y cuentas de correo electrónico, rastreo de actividad en la red, recuperación de información bancaria y crediticia, e incluso cateos domiciliarios secretos.

Dichas medidas habían sido concebidas como temporales para hacer frente a ataques terroristas, pero hoy continúan siendo una realidad y se implementan en investigaciones criminales que no están vinculadas al terrorismo. Así, pues, dichas “medidas emergentes” se incrustaron permanentemente al aparato de gobierno norteamericano.

En ese sentido, sería ingenuo asumir que las recientes medidas de vigilancia digital adoptadas por distintos gobiernos se acabarán automáticamente una vez que la pandemia sea superada. Esto es definitivamente un tema que como ciudadanos no debemos obviar ni pasar por alto.

Por otro lado, diversos grupos poblacionales se han visto obligados a recurrir a varios mecanismos digitales para seguir trabajando. Por ejemplo, las reuniones laborales se han vuelto virtuales, y con ello la plataforma de videoconferencias Zoom se ha ungido como una opción evidente para un ámplio número de personas. Al mes de marzo del presente año, dicha plataforma contaba con 200 millones de usuarios, una cantidad significativamente superior a los 10 millones con los que contaba hasta el año pasado. Esta aplicación otorga al organizador de la videollamada diversos datos de los participantes durante el tiempo de la conexión, y además comparte datos de todos los usuarios con terceros.

Zoom es una plataforma que trabaja en la lógica de lo que Shoshana Zuboff denomina “capitalismo de la vigilancia” (surveillance capitalism), pues al igual que un gran número de plataformas digitales, extrae constantemente información de sus usuarios para posteriormente compartirla con terceros con fines comerciales. Cuando un servicio es aparentemente gratuito —dice Zuboff— el usuario no es el producto, sino la fuente de materia prima de la que se extrae información para ser comercializada con terceros y, subsecuentemente, traducida en publicidad personalizada y manipulante. Pero ¿qué información recolecta Zoom de sus usuarios? Nombre, e-mail, dirección postal, teléfono, puesto, empleador, entre otros.

Sin embargo, el problema con Zoom no es la recolección de datos personales, pues ésta es una práctica generalizada que, lamentablemente, se ha hecho indispensable en las más altas esferas de la industria digital. Más bien, lo preocupante de Zoom son sus problemas informáticos de diseño, mismos que permiten que conversaciones sean interrumpidas por agentes externos, muchas veces con insultos o imágenes pornográficas. Dicha interrupción, denominada Zoombombing, no es la única razón por la que Zoom ha sido criticada, tan es así que el año pasado fue objeto de fuertes señalamientos tras descubrirse que su arquitectura fue vulnerada por terceros maliciosos que lograron hackear la webcam de algunos usuarios, particularmente de aquellos que se conectaban desde una computadora Mac.

En otro punto, Google y Twitter declararon que habrían de bloquear aquellos anuncios que intentaran lucrar con la crisis del nuevo coronavirus, tales como la compra de máscaras o sanitizantes, mismos que tienen un efecto impaciente sobre la población, orillándolos a realizar compras de pánico, causando desabasto. Pese a lo anterior, senadores estadounidenses han reportado diversos anuncios —pertenecientes al programa publicitario de Google AdChoices

Como se advierte, en las esferas pública y privada se debe estar alerta sobre los peligros que afronta la privacidad y los grandes retos para protegerla. La presente pandemia nos ha hecho dimensionar cuán digitales pueden llegar a ser nuestras vidas, pero también nos debe hacer entender que nuestra privacidad, nuestra intimidad, es quizás nuestro elemento más valioso en un mundo donde la tecnología avanza de manera incesante.

Es un derecho, nuestro derecho.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero