¿La desconstitucionalización de México?1

Publicado el 24 de abril de 2020


Pedro Salazar Ugarte
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
email pedsalug@yahoo.com

El lunes pasado, con mis colegas Juan Jesús Garza Onofre, Sergio López Ayllón, Issa Luna Plá y Javier Martín Reyes, publicamos un texto para llamar la atención sobre la parálisis en la que se encuentra el Congreso de la Unión. Advertimos, además, que se trataba de una parálisis voluntaria y que esa situación pone en riesgo a la democracia y al Estado constitucional mexicano. Sigo pensando lo mismo.

Es verdad que ese día, por la tarde, el Senado sesionó para aprobar la iniciativa de Ley de Amnistía que meses atrás presentó el presidente de la República. Alguien podría pensar que, con ello, al menos esa cámara legislativa desmontó la tesis medular de nuestro texto. Por desgracia no es así. La médula de nuestro argumento es que asistimos por la vía de los hechos a una concentración de poderes en manos del Poder Ejecutivo. La sesión del Senado, paradójicamente, refuerza la preocupación. El presidente pide y los legisladores otorgan.

Como es normal, el artículo suscitó algunas reacciones. Por ejemplo, se dijo –con razón– que algunas actividades legislativas siguen funcionando. Es el caso del trabajo en comisiones. Pero éstas no son el Parlamento, ni sus sesiones están sometidas al escrutinio público y al rigor de la transparencia al que deben exponerse los actos legislativos. De hecho, el trabajo de las comisiones suele caracterizarse por su opacidad. Hoy más que nunca debemos tener un Poder Legislativo abierto en el que la representación democrática se escuche y se recree. De hecho, de las pocas cosas buenas que nos dejará este virus es que hemos aprendido que, gracias a la tecnología, es posible la acción pública en público.

Pero la agenda legislativa no puede ser la ordinaria. La razón es sencilla y demoledora: vivimos tiempos extraordinarios. Con la pandemia deben cambiar las prioridades y atenderse las urgencias. Esto vale para el gobierno pero también para los otros dos poderes de la Unión, para las autonomías constitucionales, y para todos los poderes de las entidades federativas. Las y los legisladores deben representar como nunca los intereses, preocupaciones, demandas y necesidades de quienes los eligieron. No hay impedimento legal para que lo hagan y sí existe obligación constitucional –además de política– para hacerlo. Quien alegue que sesionar implicaría una violación a la ley o a los reglamentos, olvida que la Constitución es norma suprema, y que ella debe ser la principal guía de la actuación del Congreso de la Unión.


NOTAS:
1 Se reproduce con autorización de el autor, publicado en Financiero, el 22 de abril de 2020.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero