La urgente necesidad de políticas efectivas para los trabajadores informales en
México ante el COVID-19*
Publicado el 12 de mayo de 2020
Alma Elena Rueda Rodríguez
Doctora en Formación de la Persona y Mercado del Trabajo por la Universidad de Bérgamo, Italia.
Candidata a Investigadora Nacional del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
a.elenarueda@gmail.com
El actual brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) que fue registrado por primera vez el pasado 31 de diciembre de 2019, en Wuhan –China- ha provocado a nivel mundial una crisis de salud pública, económica y social. Las repercusiones de esta enfermedad se ven directamente reflejadas en la economía y en el mercado de trabajo de todos los países.
En el México, el 23 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General, máxima autoridad sanitaria en la Nación, reconoció a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 como una enfermedad grave de atención prioritaria, y estableció las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. Al día siguiente, se publicó en el Diario Oficial de ese país otro Acuerdo mediante el cual se ordenó instaurar medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad. Entre las medidas preventivas obligatorias se encuentra el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional del virus.
Posteriormente, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2. Al siguiente día, el 31 de marzo de 2020, el Secretario de Salud emitió una resolución, la cual ha tenido el mayor impacto social, laboral y económico.
Ésta consistió en un Acuerdo por el que se establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, entre las cuales se destaca la orden de: a) suspender inmediatamente, todas las actividades no esenciales; y b) continuar las actividades consideradas como esenciales, las cuales son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria.
De la forma antes expuesta, el gobierno de México, como la mayoría de las autoridades de países afectados, comenzó a aplicar medidas de distancia social con el objetivo de mitigar la dispersión y transmisión del virus en la comunidad, medidas que según el estudio denominado “Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del Trabajo”, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), repercutirán directamente en el mercado laboral. Este documento, enfatiza que esta es la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial y, sus consecuencias en el empleo serán profundas, de gran alcance y sin precedentes.
A nivel mundial, se estima que esta pandemia hará desaparecer 6,7 por ciento de las horas de trabajo en el segundo trimestre de 2020, lo que equivale a 195 millones de trabajadores a tiempo completo. El citado estudio refiere que el impacto en el mercado laboral debe ser evaluado a partir del nivel sectorial donde se desempeñen los trabajadores, pues el impacto de esta crisis en la producción económica no está afectando a todos por igual. Por ejemplo, el sector de actividades sanitarias y de servicios sociales, así como en la enseñanza, la agricultura, la pesca y los de servicios esenciales mantienen una baja repercusión, lo que implica un menor riesgo, debido a que los trabajadores seguirán realizando sus actividades, mientras que otros sectores clave de la economía como son: los servicios de alojamientos y de servicios de comida, así como la industria manufacturera y las actividades inmobiliarias, administrativas y comerciales están sufriendo una caída drástica y, por tanto, los trabajadores involucrados sufrirán con mayor intensidad las consecuencias.
En este sentido, el mencionado estudio, señala que las consecuencias para las actividades generadoras de ingresos son especialmente graves para aquellos trabajadores de la economía informal. Se advierte que el sector informal es uno de los que está sufriendo las afectaciones más severas ya que los trabajadores de este ámbito, entre otras características, se diferencian de otros sectores laborales en la medida en que carecen de protección social. En el caso específico de México, estos trabajadores no gozan de seguridad social, pues ésta se encuentra entrañablemente ligada a la existencia de una relación formal de trabajo.
En México, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al cuarto trimestre de 2019, la población total del país es de cerca de125 millones de habitantes. La Población Económicamente Activa (PEA) se calcula que está conformada por 57.7 millones de personas; de esa población, 1.9 millones, equivalentes al 3.5% de la PEA, se encontraba desocupada. Por otra parte, la población sub-ocupada totalizó 4.3 millones de personas mientras que la PEA empleada en el sector informal se conforma por 31.3 millones de personas, es decir, el 56.2% de la PEA.
En este contexto, resulta relevante señalar que la Población No Económicamente Activa agrupa a 37.8 millones de personas, esto es, el 39.6% del total de la población de 15 años y más que integran este sector.
En México, el trabajo informal se calcula a través de una medición ampliada de informalidad y comprende las siguientes categorías: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que los empleadores evaden el registro ante las autoridades de seguridad social.
De esta manera, y atendiendo los datos demográficos antes indicados, los cuales son verdaderamente alarmantes aún fuera del contexto de la pandemia, este sector merece una atención prioritaria por parte de los gobernantes responsables de implementar las políticas públicas en materia de empleo, ya que el sector informal es el que tiene mayor participación poblacional en el mercado de trabajo.
Para comprender la integración de la PEA que conforma el sector informal, resulta importante revisar cómo se integra cada una de las categorías de sus trabajadores. La población ocupada en unidades económicas no agropecuarias que operan sin registros contables y con recursos del hogar o recursos del propio trabajador que encabeza la actividad, es de 15.2 millones de personas, que significa el 27.4% de la población ocupada. Otro gran grupo integrado por 7.7 millones de trabajadores es el de los individuos al servicio de empresas, gobiernos e instituciones que, aunque trabajan en unidades económicas formales, lo hacen en modalidades que evaden las obligaciones de registro de la seguridad social. Por otro lado, la categoría de trabajadores agropecuarios, que también integra el sector informal, es de 6 millones de personas, mientras que los trabajadores que laboran en el servicio doméstico remunerado son aproximadamente 2.3 millones de personas, que además son en su mayoría mujeres.
En conclusión, según datos de la ENOE, en México, cerca de seis de cada diez trabajadores que conforman la PEA ocupada, se encuentran involucrados en el empleo informal, entre los cuales destacan: los comerciantes ambulantes, trabajadoras domésticas, burócratas por contratos de honorarios, jornaleros, pequeños comerciantes, trabajadores autónomos y taxistas entre otros.
Estos trabajadores, junto con sus familias, están viviendo consecuencias económicas devastadoras debido a las medidas de distanciamiento social derivadas de la emergencia sanitaria. Medidas que implican, entre otras disposiciones, el paro total de actividades, paralización que para la mayoría de ellos no es una realidad, pues se ven obligados a continuar saliendo a las calles en plena emergencia sanitaria, pues al no tener un salario estable, dependen de sus ingresos diarios para vivir y no pueden darse el lujo de escoger entre la salud y el trabajo.
Otros tantos trabajadores, que si bien continúan laborando al participar en actividades esenciales, como son los taxistas o conductores de Uber, Didi y otras empresas, repartidores de plataformas digitales como Rappi, UberEats, SinDelantal, Cornershop, empleados o dueños de tiendas de abarrotes, recauderías o tiendas de alimentos frescos, lo hacen exponiéndose a riesgos sanitarios, lo cual resulta alarmante en la medida en que no cuentan con seguridad social. Ello significa, que todos estos trabajadores informales, no tendrán derecho a los beneficios de ésta, ya que no cuentan con el seguro de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida y, mucho menos, con pensiones de incapacidad permanente o de cesantía en edad avanzado o vejez, así como ningún tipo de licencia por enfermedad.
A los estragos financieros resultantes de la Pandemia, deben sumarse las carencias propias del sector informal: la ausencia de garantías para el respeto a sus derechos humanos laborales, particularmente, el derecho al trabajo decente o digno, las vacaciones, el aguinaldo, las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, a la libertad sindical y al derecho de huelga, a la seguridad social y a la seguridad e higiene en el lugar de trabajo.
El último punto que resulta de mayor relevancia es que los trabajadores del sector informal que aún continúan laborando lo hacen en espacios en los que, la mayoría de las veces, no se respetan las medidas mínimas de higiene y bajo condiciones vulnerables. Esas condiciones los convierten en el sector de la población con mayores riesgos y afectaciones.
Una cuestión que merece mayor visibilidad, y atención gubernamental, es el de las mujeres ocupadas en la informalidad, quienes están enfrentando desafíos adicionales, pues además del trabajo informal remunerado, deben realizar trabajos domésticos, sumando a esto el cuidado de personas adultas o enfermas. Además, durante esta Pandemia se les ha asignado a las madres trabajadoras una función adicional invisible, que es la coadyuvancia en la educación de los niños y adolescentes, ya que los planteles escolares siguen laborando a distancia y las madres son quienes fungen como parte del equipo de educadores. Esta carga adicional relacionada a la supervisión y colaboración con el sistema educativo no tiene precedente. Las mujeres trabajadoras ya no solo desarrollan lo que la teoría ha denominado como la doble jornada de trabajo, sino que ahora se enfrentan a lo que he denominado una “triple jornada de trabajo”.
En México, el Gobierno Federal ha emitido algunos programas o medidas específicas, por ejemplo, el “Programa de Crédito a la Palabra”, el cual consiste en el apoyo con micro créditos por el equivalente hasta un mil dólares americanos dirigidos a pequeños comerciantes que se encuentren registrados en el Censo de Bienestar de Gobierno Federal y, a empresas que no hayan despedido a ninguno de sus trabajadores. También se ha implementado una medida enfocada a trabajadores que se vean afectados directamente por la crisis y que hayan sido separados de su empleo, quiénes podrán efectuar el retiro de recursos por desempleo de su cuenta individual de ahorro para el retiro. Sin embargo, el sector informal no tiene acceso a los programas antes enunciados, pues como se ha repetido no se encuentran inscritos a la seguridad social.
En este sentido, la OIT, ha advertido que la ausencia de medidas apropiadas a nivel político llevará a los trabajadores de este sector a correr un alto riesgo de caer en la pobreza y de tener mayores dificultades para recuperar sus medios de vida durante el periodo de recuperación.
Es por ello que resulta urgente que el gobierno federal implemente políticas de corto, mediano y largo plazo, las cuales sean realmente efectivas. Lo anterior, en primer término, para ayudar inmediatamente a los trabajadores informales a superar esta crisis, y en segundo, para crear políticas que vayan encaminadas a que en un futuro cercano, estos trabajadores puedan incorporarse a un mercado de trabajo formal.
NOTAS:
* Se reproduce con autorización de la autora, publicado en el Boletín CIELO Laboral n. 4/2020.
Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero