Mujeres jóvenes migrantes y derechos humanos

Publicado el 5 de agosto de 2020

Sthephanie Yolotzín Bazaldúa Avilés
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa
yolotzinbazaldua@gmail.com

Saúl Alejandro Castañón Acuña
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM
saulalejandroca@gmail.com

Adrián Rodríguez Bribiesca
Posgrado de la Facultad de Derecho, UNAM
adrian15_bribiesca@hotmail.com

Para entender la migración como fenómeno y los derechos humanos como reconocimientos plausibles y realidades factibles, hemos considerado definir la condición de migrante y, por supuesto, mujer como persona titular de derechos.

En primer lugar, es importante recordar que los derechos humanos son aquellos necesarios para que las personas puedan materializar un plan de vida elegido con libertad, con base en las necesidades y naturaleza propias, sin más límites que el ejercicio respetuoso de las demás personas. En ese sentido, derechos humanos de las mujeres son los reconocimientos formales en favor de tal sexo, variables en su ejercicio con motivo de la situación en que se ubica, y como fenómeno migratorio de mujeres jóvenes migrantes los atinentes a dichas personas por el desplazamiento geoespacial, tanto de expulsión (emigración) e ingreso (inmigración) hacia un determinado territorio.

Douglas S. Massey, en Teorías de la migración internacional: una revisión y evaluación, al respecto propone seis teorías, que son: teoría de la economía neoclásica; nueva teoría económica de la migración; teoría de la bifurcación, de la dualidad del mercado laboral; teoría del sistema monetario; teoría del capital social, y teoría de la causa acumulativa. De manera general, estas teorías tratan de explicar los motivos y razones, tanto colectivos como individuales, por las cuales las personas migran de sus países de origen, y a partir de ello se toma la decisión que se puede ver influida al realizar una comparación de las ganancias entre el país de origen y el país de destino, o ver en la migración la solución para una crisis económica dentro del núcleo familiar; inclusive, para el profesor norteamericano, la migración se llega a convertir en una tradición en núcleos familiares.

La migración de mujeres jóvenes atiende a distintas circunstancias, entre ellas: a la búsqueda de una mejor calidad de vida; a elevar el nivel de estudios, a lidiar contra la falta de oportunidades, a escapar de entornos violentos y –principalmente– a la necesidad de contar con mejores ingresos económicos para satisfacer las carencias de alimento, vivienda y educación, suyas y de sus hijos (cuando los tienen). Comúnmente, la migración acontece en búsqueda de mejores oportunidades de vivir una vida digna, sin olvidar los diversos factores de riesgo a las que están expuestas las jóvenes durante su viaje, siendo algunos, el tráfico de personas, la explotación sexual, la delincuencia, la discriminación y la violencia, entre otros delitos.

En México, por mencionar, la diversidad sobre las condiciones migratorias de las mujeres se hizo mayormente visible durante la administración pública mexicana del presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) y se agudizó durante la correspondiente a Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) con motivo de aprobación de la Ley de Migración, que supuso a su vez la disminución de la tasa de empleabilidad y rentabilidad obtenida, así como la repercusión en el nivel de vida de las personas, entre otros factores, como fue la llamada “guerra contra el narcotráfico” que determinó el desplazamiento hacia otros países.

De acuerdo con las Estimaciones mundiales de la Organización Internacional del Trabajo en el 2017, 68.1 millones de mujeres fueron migrantes, el 41.6% de ellas por condiciones laborales, y sólo el 8.3% eran jóvenes (15 -24 años de edad).

Al emigrar enfrentan dos aspectos laborales muy notables, el primero es la forma óptima de trabajo, es decir, contar con un contrato laboral respaldado con una serie de beneficios y, por otro lado, gran parte de las mujeres que migran se convierten en el sector vulnerable (dentro del cual se encuentran también niñas, niños y adolescentes), mano de obra barata, debido a que son explotadas laboralmente, con sueldos bajos, sin acceso a condiciones de trabajo adecuadas y derechos sociales, por lo que, además, no generan antigüedad reconocida dentro de las empresas.

Un factor no contemplado sino hasta 2020 es la parálisis del mercado laboral causada por la pandemia; sabemos que hubo afectaciones de manera importante en diversos escenarios en el caso de las mujeres, que son 55 millones de trabajadoras (datos de la OIT en 2020); sin embargo, no sabemos con certeza la cifra exacta de mujeres jóvenes desplazadas, afectadas por dicha situación. No obstante, la mayoría de las mujeres migrantes trabajadoras son domésticas en su mayoría, debido a las consecuencias de las medidas de confinamiento a nivel mundial y se encuentran en una situación mayor de riesgo, y no sólo nos referimos a la muy posible pérdida de empleo e ingresos, sino también a la falta de acceso a la atención social por parte de programas sociales o de apoyos que brinden los gobiernos de los países en los que se encuentren; de igual manera, les es imposible regresar a su país de origen debido a la falta de ingresos o documentación que les permita el retorno aeroespacial o por tierra, principalmente, y, aunado a ello, la disminución de remesas.

Por ello, y visto desde un punto de vista internacional, México ha estado presente de manera continua en la diversificación cultural hacia otros países; por ejemplo, en la década de los años noventa fue el país que tuvo mayor incremento en la tasa de flujo migratorio, principalmente hacia Estados Unidos de América, con motivo de la devaluación del peso acontecida en 1994, por lo que, además, el país es considerado como expulsor y de tránsito internacional, sobre todo de personas originarias de los países centroamericanos, y no necesariamente receptor del fenómeno migratorio, por las condiciones señaladas.

El crecimiento de la diáspora mexicana y centroamericana en Estados Unidos de América, en contraste con el abandono creciente de las rancherías, pueblos y comunidades, es un claro parámetro de que las circunstancias no son óptimas para las mujeres. Por ejemplo, en Estados Unidos de América, las mujeres migrantes tienen entre 18 y 39 años de edad, es decir, son jóvenes; sin embargo, la gran mayoría no cuenta siquiera con instrucción escolarizada básica, situación que las pone en desventaja social en virtud de que en promedio perciben 22 mil dólares por año, frente a otras que pueden alcanzar a percibir los 39 mil dólares anuales en situaciones laborales, ello sin considerar los escasos o nulos servicios de salud a los que tienen acceso, el miedo y persecución continua por su condición migratoria irregular, además de ser quienes reciben un mayor impacto de la violencia durante el periodo de tránsito.

Y hacemos hincapié en el periodo de tránsito porque las dificultades y obstáculos que presenta este sector poblacional dista de los que presentan migrantes masculinos, por lo siguiente; hay una menor circularidad de mujeres en los flujos migratorios, ellas migran en condiciones de clandestinidad. Además, el tipo de viaje que emprenden depende de sus recursos económicos y redes de apoyo, así como la forma en que deciden migrar y preparar su viaje; la mayoría contrata los servicios de un “coyote” (traficante), ya sea para todo el viaje o para una parte de éste, tramitan documentación falsa, como credenciales escolares o para votar, supuestamente expedidas por el Instituto Nacional Electoral, viajan por carreteras y evitan el tren de carga conocido comúnmente como “La Bestia”, se alojan en pequeños hoteles y casas de huéspedes en lugar de albergues, se vinculan con transportistas mexicanos para hacer parte de su recorrido y, normalmente, cuentan con redes trasnacionales para planear, financiar y realizar su viaje (familiares, amistades o parejas en Estados Unidos de América).

Es decir, las mujeres se trasladan mayormente en la clandestinidad que los hombres, se enfrentan con riesgos altísimos durante el tránsito, como son extorsiones, con la participación de diversas autoridades de distintos niveles de gobierno, principalmente durante los operativos de revisión y detención migratoria realizados en puntos móviles carreteros; tráfico de personas, resultado de la falta de posibilidades y programas para que puedan migrar de forma regular y acrecentamiento de las modalidades de violencia. Existen ciertas condiciones que incrementan el riesgo de las mujeres de sufrir violencia durante el tránsito, como los operativos de control y verificación migratoria por parte del Instituto Nacional de Migración y las corporaciones policiales, la cultura de violencia estructural contra las mujeres jóvenes, la falta de acceso a la impartición de justicia, la corrupción y la impunidad, secuestros, entre otros factores.

Aquí retomamos el testimonio de María “M”, migrante salvadoreña que cruzó hace diez años de manera ilegal las fronteras de Guatemala, México y Estados Unidos, quien describió el difícil trayecto por nuestro país (que a su parecer fue el más complejo de todos); una historia larga que podría resumirse en uso de ambulancias para el traslado entre diversas entidades federativas, xenofobia, intentos de violación y secuestro —que culminó en extorsión— en la frontera de Laredo, Tamaulipas, por el grupo delictivo de Los Zetas.

La corrupción latente, la falta de rendición de cuentas e impunidad, así como programas sociales para erradicar la violencia contra las mujeres migrantes en tránsito irregular por México implica planificar y generar soluciones en todos los ámbitos.

De manera que el problema del fenómeno migratorio de mujeres jóvenes permite visibilizar la violación directa hacia su integridad personal e indirectamente hacia sus familiares, principalmente, y con ello la trasgresión al resto de los derechos humanos reconocidos, situación que debemos atender inmediatamente, tarea tripartita que compete tanto a la sociedad civil como las organizaciones y a las instituciones gubernamentales.

Conforme a lo anterior, advertimos que las mujeres se trasladan de manera más clandestina que los hombres. Resultado de ello es que se enfrentan con riesgos altísimos durante el tránsito, como extorsión, con la participación de distintas autoridades de distintos niveles de gobierno, principalmente durante operativos de revisión y detención migratoria realizados en puntos móviles carreteros; trata y tráfico de personas, resultado de la falta de posibilidades y programas sociales para que puedan desplazarse de manera regular, ejercidas en su contra, por lo que existen ciertas condiciones que incrementan el riesgo de las mujeres de sufrir violencia durante el tránsito, tanto por personal operativo de control y verificación migratoria del Instituto Nacional de Migración y las corporaciones policiales; la cultura de violencia estructural contra las mujeres; la falta de acceso a servicios de justicia; la corrupción y la impunidad; falta de congruencia entre la legislación, las políticas migratorias y los instrumentos jurídicos de promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres migrantes; discriminación, xenofobia, desigualdad y exclusión sociales; falta de reconocimiento de la corresponsabilidad de promover, proteger, respetar y garantizar la vida de las mujeres migrantes desde los países de origen, tránsito y destino, así como la corrupción (sin olvidar el impacto indirecto que resienten las familias que las sitúa en condición de víctimas); falta de rendición de cuentas e impunidad por las autoridades, principalmente para erradicar la violencia contra las mujeres migrantes en tránsito irregular.

En conclusión, podemos señalar que hoy en día debemos buscar que los gobiernos de origen, tránsito y destino migratorios de mujeres jóvenes se comprometan a mejorar las condiciones y coadyuven a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de mujeres jóvenes migrantes en el desarrollo y difusión de campañas de prevención de la violencia, la promoción del diseño y ejecución de políticas públicas con perspectiva de género y la instrumentación de estrategias intersectoriales para la atención y protección de víctimas de delitos, así como el fortalecimiento de los mecanismos existentes.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero