Niños sin medicamentos¹

Publicado el 24 de agosto de 2020

Luis de la Barreda Solórzano
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
lbarreda@unam.mx

Apenas puedo imaginar, no sin estremecerme, el sufrimiento cotidiano de una niña o un niño que sufre cáncer y la angustia infinita de sus padres, acompañada de la cruda certeza de que son víctimas, ellos y su pequeña o pequeño, de una de las más crueles injusticias que puedan ocurrir en el mundo.

“¿Por qué a nuestra hija, por qué a nuestro hijo?”, le preguntan a Dios si son creyentes y conjeturan que las cosas ocurren conforme a la voluntad divina, o se preguntan a sí mismos, o interrogan a la Nada, sin que ni el Ser Supremo de su fe ni nadie más les responda. No mengua el tormento, pero lo vuelve un poco menos insoportable, la esperanza de la curación en un siglo en el que la medicina registra avances milagrosos que no hubieran siquiera sospechado generaciones anteriores y cura, en consecuencia, enfermedades que no hace mucho eran incurables.

El tratamiento contra el cáncer, como los que requieren otras dolencias, es largo, molesto y muy costoso. La gran mayoría de los mexicanos no podría costearlo. De ahí la enorme importancia de los sistemas públicos de salud, sin los cuales muchas familias quedarían totalmente indefensas ante los padecimientos que afectan al organismo.

La atención a la salud es una de las funciones más relevantes de los Estados contemporáneos. El deterioro o la desaparición de esa atención pone en riesgo o propicia la destrucción de dos bienes de la mayor jerarquía: la vida y el bienestar físico y anímico de las personas que carecen de los recursos monetarios para acudir a médicos, clínicas u hospitales privados, o para adquirir los medicamentos necesarios.

Vuelvo al principio de estas líneas: si la aflicción por el cáncer de una hija o un hijo ya de por sí seguramente es insufrible, la privación del tratamiento requerido para seguir luchando por la vida del infante es, sin duda, un golpe inmisericorde y brutal. Eso es precisamente lo que ha estado pasando en nuestro país una y otra vez. Niñas y niños con cáncer se han visto repetidamente privados de su tratamiento por falta de las medicinas necesarias para realizarlo, varias de las cuales ni siquiera pueden comprarse en las farmacias, que, como los hospitales públicos, tampoco están suficientemente abastecidas. La salud de muchos menores ha decaído gravemente. Otros han muerto.

Vaya ironía: el Presidente prometió que tendríamos un sistema sanitario como el de los países nórdicos, pero lo que ha hecho su gobierno es disminuir bárbaramente los recursos para el sector salud, atacar con furor a la industria farmacéutica mexicana —incluso con la prohibición de producir ciertos fármacos— acusándola de corrupción sin mostrar una sola prueba, desmontar un sistema sólido y probado de compra y distribución de medicamentos, y aniquilar el Seguro Popular.

La Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, que aglutina a 300 oncólogos y hematólogos que se dedican a tratar diversos tipos de Justicia Justa, en alianza con Impunidad Cero, presentó un amparo contra la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la falta de medicamentos para el tratamiento de 260 niñas, niños y adolescentes del Hospital de Especialidades Pediátricas de Chiapas. El Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, tras admitir la queja contra el juez federal que conoció inicialmente del juicio, ha ordenado a la Secretaría de Salud que garantice el abasto de esas medicinas a dicho hospital.

La resolución del Tribunal Colegiado reviste una enorme importancia humanitaria, pues sienta un precedente en beneficio de los miles de menores de edad cuyos tratamientos contra el cáncer están suspendidos o en la cuerda floja. El amparo logrado puede tener efectos expansivos, pues es apto para detonar otros en el mismo sentido. Como se sabe, el problema no se limita a Chiapas, sino a numerosas entidades del país.

Dejar a una sola niña o a un solo niño sin los medicamentos que le son indispensables para seguir dando la batalla por su vida —¡nada menos que por su vida!—, ya sea porque se escatimen los recursos que deberían destinarse a la atención oportuna al combate a la enfermedad o ya sea debido a la obsesión malsana de destruir toda obra pública o privada ajena al actual gobierno, es un crimen de Estado.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero