Hablemos de democracia

Publicado el 14 de septiembre de 2020

Jesika Alejandra Velázquez Torres
Alumna de la Maestría en Derecho, UNAM
jesikavelazquez.ius@gmail.com

A lo largo de la historia y a través de diversas civilizaciones —contextos—, la presencia de la democracia y la representatividad han sido motivo de observación, análisis y reflexión. Del mismo modo, el común denominador de diversos autores es la libertad —de ideas, de capacidad, de expresión— como principio rector de la democracia.

Algunos filósofos se han pronunciado al respecto con el propósito de definirla; tal es el caso de Aristóteles, quien advirtió que la primera forma en que se materializa la democracia es a través de la igualdad y que la ley debía otorgar tal condición a todos los niveles sociales, evitando la dominación o subordinación entre clases, con el propósito de que la participación ciudadana en el gobierno permee la libertad e igualdad para que prevalezca siempre la decisión del pueblo.

Hans Kelsen —autor contemporáneo— señaló que la democracia es la identificación que existe entre gobernantes y gobernados, entendiéndose que el principal objetivo del Estado y del gobierno es su pueblo. Sin embargo, el autor añadió que ello debe ir aparejado de un proceso electoral en el cual las mayorías elijan a los perfiles con quienes se identifican, sin dejar de lado los derechos de las minorías.

Tal proceso democrático institucional buscará que la toma de decisiones sea racional y compartida, respetando en todo momento la libertad —incluidas las cuatro libertades modernas, que son la personal, de opinión, de reunión y de asociación—, la representatividad, los intereses comunes y el bienestar.

Otro pensador influyente del siglo XX que escribió sobre la democracia es Karl Popper, quien precisó que la democracia, además de ser un sistema de reglas útiles para la selección de los gobernantes, es un mecanismo que permite a los ciudadanos removerlos sin violencia, evitando el derramamiento de sangre.

Asimismo, el sistema democrático será racional, por una parte, cuando distinga al bienestar social dentro de una comunidad y, por otra parte, cuando se limite al poder para gobernar.

Para el argentino Guillermo O’Donnell, la democracia consiste en la reciprocidad, sinergia y apoyo mutuo, que hacen posible el juego democrático, toda vez que se generan obligaciones, derechos y exigencia a las instituciones del Estado para que los actos funcionen de acuerdo con el Estado de derecho, el Estado democrático y el Estado social.

Sin embargo, hay posturas como la del doctor en Ciencias Políticas Adam Przeworski, quien exteriorizó la existencia de una diferencia entre los votos emitidos en las elecciones de los intereses de la colectividad, pues, si bien lo colectivo permite conocer el interés común, eso no permite advertir los intereses individuales; por ello, si bien parece que la comunidad está unida por un interés general, la realidad es que existe un conflicto permanente respecto de las necesidades básicas particulares, ya que no existe una manera viable que permita identificar qué soluciones fueron tomadas de manera adecuada.

Igualmente, el autor coincide en que uno de los elementos indispensables para la construcción de una democracia moderna es la libertad, principio que busca —a través del derecho— la aplicación normativa imparcial, coherente e independiente de cualquier poder.

Por lo tanto, la libertad normativizada permite el control del Estado y de la toma de decisiones de los gobernantes desde la Constitución, la cual genera seguridad y certeza de su autocuidado jurídico, la inclusión de todos los grupos que integran la comunidad, la protección a las garantías individuales, la maximización de los derechos universales, entre otros aspectos. Estas figuras serán sinónimo del progreso democrático y la participación ciudadana.

Por su parte, el alemán Jürgen Habermas —autor que apostaba por la libertad de la democracia paternalista— consideraba que la participación política como derecho generaba la posición jurídica reflexiva del ciudadano.

Finalmente, este autor establecía que tanto las libertades subjetivas como los derechos sociales son la base jurídica de la autonomía social, figura que permite la ejecución de los derechos políticos.

Sin embargo, la democracia moderna nos advierte una crisis entre la ciudadanía y la representatividad ejercida por grupos de élite política, la corrupción en todos los niveles de gobierno, protestas y movimientos ciudadanos de insatisfacción creados por oleadas de polarización social, discursos populistas —que atienden al voto de confianza en búsqueda de la renovación— y una democracia que no luce ser representativa para los diversos grupos y niveles socioeconómicos de un Estado.

A este tenor, podemos señalar el incremento a la desconfianza de las instituciones políticas y una desigualdad de oportunidades que impactan en la ciudadanía, elecciones que terminan en intereses económicos para la iniciativa privada o reservas de apoyo político que no velan por la representatividad pura, quejas (people’s grievances) al sistema político que se ven materializadas en cada proceso electoral.

No obstante, se advierte que, si bien la mejor forma de gobierno es la democrática —frente a Estados autoritarios que nunca la han ejercido—, la desconfianza (individual y colectiva) aumenta frente a las autoridades de gobierno y el resultado de sus ejercicios.

Este año, el diario The Economist estimó que —a nivel global— existe una reducción del 10% de la población que vive una democracia plena en comparación con la década anterior; asimismo, la confianza ciudadana en las autoridades políticas o gubernamentales se encuentra entre 32% y 47%.

El caso de México no ha sido diferente, pues la confianza de los simpatizantes al instituto político en turno ha sido marcada por la desconfianza de los simpatizantes de agrupaciones políticas de oposición a lo largo de la historia, situación que guarda relación con la información contenida en el Latinobarómetro de 2018, donde el 38% de la población mexicana es indiferente a la democracia y al tipo de régimen —a pesar de la alternancia—, y el 88% de la ciudadanía considera que la autoridad gobierna para “unos pocos”.

Cabe precisar que el malestar económico es un factor determinante en el voto y que los resultados electorales han sido reflejo de una población donde —lastimosamente— el 66% (de acuerdo con la CEPAL) vive en pobreza extrema en todo el territorio nacional, adicional al escaso 9% de la población que considera que el gobierno trabaja por el bienestar del pueblo y que el 32% de la población confía en las autoridades (administrativas y jurídicas) electorales.

Lo anterior nos demuestra la escasa solución de problemas de la nación y del Estado, cuando las necesidades sociales no forman parte del campo de atención, a pesar de que la ciudadanía y su representatividad son un punto clave para el desarrollo de los derechos civiles en beneficio de los demás, pues tales derechos surgen de la libertad y normas fácticas, la división de poderes y el respeto a la democracia, evitando en todo momento el constitutional hardball, figura que atiende a arreglos institucionales por actores o instituciones políticas que detentan el poder con el propósito de perpetuarlo, situación que implica alterar el orden jurídico en todos los niveles.

En ese tenor, el entonces magistrado Salvador Nava Gomar en la Revista Mexicana de Derecho Constitucional manifestó que no cualquier decisión emitida por la autoridad pública es compatible con las exigencias de la democracia constitucional, pues únicamente será válida aquella que haya sido emitida por una autoridad competente, derivado de un procedimiento previamente establecido, bajo la exposición de argumentos y fundamentos que la sustenta y que, a su vez, resulten compatibles con los derechos y principios constitucionales, internacionales y legales.

Así, la dimensión normativa de la democracia es aquella que puede ajustarse a la realidad de mejor manera, la que puede transformar el ideal democrático en práctica social y de gobierno a través de la deliberación pública y de la decisión política consecuente, la que orienta el carácter sustantivo y normativo del texto constitucional y los derechos fundamentales reconocidos.

La democracia, como hemos visto, es un fenómeno histórico, progresivo, dinámico, expansivo y social; es una figura vinculada con el orden jurídico (y fáctico) y el Estado de derecho, que busca maximizar las libertades de los ciudadanos, respetando en todo momento los derechos de terceros.

Del mismo modo, los actores dentro del juego democrático, y en beneficio de ésta, deben transitar a la tolerancia y legitimación de la oposición, con el fin de generar contrapesos, avivar la confianza en el aparato democrático y fomentar la libertad de pensamiento en la ciudadanía, evitando la polarización política que busca siempre minar a la democracia.

No obstante, se debe recordar en todo momento que la ciudadanía tiene el derecho a elegir a sus gobernantes a través del voto informado, universal, secreto, directo, personal, intransferible y libre, sin que tal libertad de pensamiento sea disminuida por la polarización política, la desinformación, la pobreza, los discursos populistas, los regímenes antidemocráticos por décadas o la juventud de la democracia y sus instituciones.

Por ello, considero que bien vale recordar al premio nobel de literatura José Saramago, cuando manifestó que es bueno intentar no convencer a nadie, pues el trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero