La constante lucha homosexual por un México diferente

Publicado el 20 de octubre de 2020


Eduardo Daniel Vázquez Pérez
Sociólogo, egresado de la FES Acatlán, UNAM
Investigador invitado por la Universidad Complutense de Madrid, España, y
maestrando del Posgrado en Derecho de la UNAM
vazquezdaniel252@gmail.com

Rubén Alberto Pérez Ruíz
Estudiante de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM
rubenprzruiz@gmail.com

El reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual) se ha convertido en una lucha constante y duradera durante varias décadas. El término más + se emplea para tomar en cuenta a aquellas personas autodefinidas como queer, así como a la pansexualidad, demisexual, asexual, antrosexual y cisgénero. En México, esta perpetua lucha se ha visto envuelta en un contexto complicado debido a las múltiples construcciones sociales que comprende la homosexualidad en un país con rasgos latentes de conservadurismo en grandes partes de la sociedad. Gracias al lenguaje, el mundo de lo concreto está conformado de realidades sociales que, a lo largo de la historia, han coadyuvado para que los grupos de la comunidad LGBTTTIQ+ tengan reconocimiento en espacios simbólicos de talla nacional e internacional.

El 28 de junio de 1969, en Stonewall Inn, un barrio neoyorquino en Greenwich Village, un grupo de lesbianas, gais, transexuales y travestis llevaron a cabo una revuelta en contra de los policías que perseguían personas “no normales”, a fin de exigir su reconocimiento como personas jurídicas y ser tomadas en cuenta en un estado democrático. Esta violenta manifestación se caracterizó por ser la primera en los Estados Unidos por parte de la comunidad LGBT, y que, al mismo tiempo, apoyaba al Movimiento Moderno de Derechos LGBT.

El movimiento ya referido logró su triunfo en el mundo en la década de los setenta. Este momento histórico fue impulsado por personas pertenecientes a la comunidad (bisexuales, gais, lesbianas, transgéneros, travestis y transexuales); pero el rechazo y el señalamiento fue casi a la par. En países como Arabia Saudí se llegó a catalogar la homosexualidad como un delito, a pesar de que sus letras literarias están inclinadas hacia la homosexualidad, y en Rusia se pensó que era un tabú; en 1917 se tipificó como crimen, en 1933 como delito, y en 2013 se establecieron leyes que iban en contra de la homosexualidad, encabezadas por Vladímir Vladímirovich Putin, el actual presidente de la Federación rusa.

El concepto de homosexualidad fue acuñado por Karl-Maria Kertbeny, el cual no sólo se enfoca a las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo, sino también hace referencia a la diversidad y a la lucha constante en busca de la equidad entre hombres y mujeres en las diferentes jurisdicciones.

Para el año de 1990, las personas heterosexuales también formaban parte de la diversidad sexual. Lo anterior indica que dentro del sistema social de la diversidad sexual existen mundos de inclusión y mundos de exclusión, con el objetivo de distinguir a sus integrantes, partiendo de la premisa de que la diversidad incluye todas las formas de expresión y orientación de género.

Los movimientos por los derechos para las personas LGBTTTIQ+ en México tienen su punto de partida a principios de 1970, con la creación del Frente de Liberación Homosexual (FLH), abanderado por Nancy Cárdenas y José Ramón Enríquez, directora teatral y dramaturgo, respectivamente. Estos intelectuales, en el año de 1978, marcharon en conjunto con gais y lesbianas bajo el nombre del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), marcando la historia del país. De tal manera que existieron grupos de apoyo con los cuales marcharon posteriormente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a fin de erradicar la violencia y vivir en un ambiente de respeto y tolerancia.

Los movimientos sociales ya antes mencionados a nivel internacional, y los realizados en la capital de México en la década de los noventa, han sido un parteaguas para que la comunidad LGBTTTIQ+ tenga reconocimiento y sus miembros, actualmente, también puedan participar en los asuntos políticos del país, fortaleciendo, primero, sus derechos políticos, y en un segundo plano, la democracia, en todo momento velando por la integridad de las personas como seres humanos.

El reconocimiento de la comunidad LGBTTTIQ+, y la práctica de llevar a cabo cada año una marcha, permitieron que cada uno de sus integrantes reclamara su identidad. Por ejemplo, las lesbianas exigieron su reconocimiento en el grupúsculo, pues al estar conformado mayoritariamente por hombres, permitía la reproducción de las estructuras patriarcales. Con el pasar del tiempo y la inclinación de los miembros de la comunidad LGBT hacia los intereses políticos de la izquierda, propició la desaparición, en 1984, del FHAR y un grupo llamado Lambda, porque se dejó en plano secundario el objetivo primordial del movimiento: el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT.

El crecimiento demográfico en el Distrito Federal, en 1980, posibilitó la creación de espacios de reunión como bares, cantinas, discotecas y baños de vapor, entre otros, donde la comunidad gay no era discriminada y llevaban a cabo prácticas sexuales. Es importante resaltar que el Estado mexicano ha logrado cambios significativos en materia constitucional con respecto al reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+. Muestra de ellos se encuentran contenidos en los siguientes artículos:

• Artículo 1o. Menciona que está prohibida la discriminación por género, condiciones de salud, preferencias sexuales, estado civil o cualquier actividad que atente contra la dignidad humana.
• Artículo 3o. Estipula que toda persona tiene derecho a recibir educación laica y ajena a la doctrina religiosa, toda vez que ésta sea brindada por el Estado, la cual debe estar basada en el conocimiento científico y la lucha contra la ignorancia con el objetivo de hacer mejor la convivencia humana.
• Artículo 4o. Establece que toda persona tiene derecho al acceso a la salud pública y protección sanitaria, sin que medien motivos de discriminación, imperando la igualdad jurídica entre hombres y mujeres.

De igual forma, otro avance ha sido la creación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, del año 2003, la cual fue reformada el año siguiente en su capítulo primero, donde se menciona lo siguiente: “Se entenderá como discriminación, exclusión o restricción, aquello que tenga como resultado restringir el ejercicio de los derechos humanos, por preferencia sexual, estado civil o situación familiar. La discriminación también engloba a la homofobia, la misoginia, así como cualquier tipo de intolerancia”.

Otro alcance que ha logrado México en materia de derechos humanos es el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo en diferentes estados de la República, como son:

1) Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México (2010);
2) Nuevo León, Puebla y Quintana Roo (2011);
3) Coahuila (2014);
4) Nayarit (2015), y
5) Aguascalientes, Baja California, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos y Campeche (2016).

Estos Estados cumplen con las resoluciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No obstante, los demás estados de la República celebran sus matrimonios igualitarios con personas del mismo sexo por medio de amparos de carácter individual. La SCJN ampara el derecho a la vida por medio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera que no puede negarse o limitarse el derecho a formar una familia entre personas del mismo sexo. Las parejas homosexuales tienen derecho a la procreación, adopción y crianza de niñas o niños, si así lo desean.

La comunidad LGBTTTIQ+ en la Ciudad de México tiene derecho a la salud y a recibir tratamientos antirretrovirales para efecto de combatir el VIH-sida, mientras que los intersexuales y transexuales tienen derecho a la atención y al abastecimiento de tratamientos que permitan que los cuerpos respondan a su identidad de género, a la par que impiden la propagación de infecciones de trasmisión sexual.

Lo ya antes mencionado es un logro materializado en la agenda mexicana para beneficio de este sector que también forma parte de la estructura social. A nivel internacional, las parejas del mismo sexo tienen derecho a casarse en los diferentes consulados del mundo, así lo anunció, el 16 de mayo de 2019, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesfobia, Transfobia y Bifobia (17 de mayo), y la eliminación total de la homosexualidad como una enfermedad mental por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Finalmente, la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ+ tiene el mismo nivel de importancia que el de las demás personas, sin importar su condición social, económica, de identidad de género, orientación sexual o ideología política.

Las personas LGBTTTIQ+ tienen derechos políticos, económicos, sociales y culturales, al igual que el resto de la ciudadanía. Para ello, se ha decretado constitucionalmente que las y los servidores públicos deben velar por la protección de los derechos humanos conforme a sus deberes específicos: prevenir, sancionar y reparar; y bajo sus obligaciones generales: respetar, proteger, garantizar y promocionar.

Es importante resaltar que, en los procesos electorales, los homosexuales han desempeñado un papel fundamental. Hoy en día son tomados en cuenta como miembros activos de la sociedad y no como grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja frente al resto de las y los ciudadanos. Lo que indica que la discriminación tiene que ser erradicada para no impedir su derecho al voto o a ser candidatas o candidatos a ocupar cargos públicos de la administración federal. De tal manera, que la constante construcción de una democracia incluyente está reforzada por el reconocimiento del ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, a partir de las instituciones del Estado, con el propósito de lograr un desarrollo social en México.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero