¿Y el sistema de justicia nacional?

Publicado el 3 de noviembre de 2020

Alfonso Jaime Martínez Lazcano
Doctor en Derecho Público, maestro en Derecho Constitucional y Amparo y
licenciado en derecho egresado de Acatlán, UNAM
Vicepresidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, director de la
Revista Jurídica Primera Instancia (https://www.primerainstancia.com.mx/)
lazcanoalf14@hotmail.com

Las detenciones en los Estados Unidos de América de dos ex secretarios mexicanos de primer nivel, que laboraban en gobiernos anteriores al actual, para ser juzgados es algo inédito que permite conocer, en otra jurisdicción y no en la nacional, hechos que manifiestan la grave descomposición social, en caso de ser encontrados culpables por las imputaciones que enfrentan. Además, son ejemplos del grado de impunidad que ha imperado en México y de las razones de ello, que permiten concluir que el sistema de acceso a la justicia no funciona para castigar a los grandes delincuentes ni para proteger a las poblaciones más vulnerables, pero aparte, es una explicación clara del porqué de ello, y es que las áreas en que ambos ex servidores públicos se desempeñaban están diseñadas para luchar contra la inseguridad que reina en el país.

Aunado a los casos del país que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evidencian no sólo la falta de eficacia de las instituciones nacionales en la protección a los derechos humanos, además del incumplimiento en el diseño del juicio de amparo, que no es acorde con los parámetros de protección previstos en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De acuerdo con el ranking del Índice Global de Impunidad 2020 de la Universidad de las Américas de Puebla, México se ubica en el 10o. lugar en la escala global de impunidad, con un valor total de 49.67, de los países estudiados. En la edición de 2017 ocupó el lugar 66 de 69 y hasta 2018 fue el cuarto en el continente americano.

Es obvio, por la magnitud de las acusaciones por acreditarse, que para poder efectuar dichos actos ilícitos no podían operar solos, sino que eran parte de las cabezas que no sólo apadrinaban a los grupos del crimen organizado, sino también, al parecer, formaron sus propias corporaciones para delinquir. Asimismo, explica el calificativo del presidente actual de llamar a las anteriores administraciones “narcogobiernos”.

Existe similitud en las detenciones, porque en las dos no fue necesario utilizar la figura de extradición, sino que los acusados radicaban y viajaban sin ninguna preocupación, al parecer, en ese país.

Ahora habría que reflexionar en los grandes retos que se tienen en materia de justicia; implican retomar el rumbo, por ejemplo, mejorar la selección en todos los niveles de quienes ingresan y permanecen en las instituciones encargadas del servicio de justicia, cambiar la práctica habitual e incluso sistemática imperante que va de la simulación al descaro en la protección de los derechos humanos, con más autonomía, más responsabilidad.

Cambiar criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como las restricciones constitucionales a los derechos humanos convencionales, ya que demuestran la falta de compromiso y pérdida del rumbo, al desviarse de la nueva cultura jurídica; la necesaria abrogación de la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones y reformas a la Constitución, y otras causales más, al ser una denegación de justicia anticipada, porque las decisiones de las mayorías legislativas deben estar subordinadas a la democracia sustantiva. Erradicar figuras como el arraigo penal, declarado en su momento inconstitucional, ahora se encuentra, como humor negro, en el capítulo de derechos humanos y sus garantías, que en la realidad no ha probado la eficacia de su uso, pero sí vulneración de la dignidad de las personas sujetas a éste, al igual que la prisión preventiva oficiosa, figuras antagónicas a los derechos humanos incuestionables.

Tendríamos que preguntarnos: ¿la condena a estos personajes disminuirá los grandes datos de impunidad y corrupción?, ¿en México no es posible tener instituciones que actúen con profesionalismo, ética, seriedad y respeto a los derechos humanos para juzgar a los altos funcionarios?, ¿quiénes y dónde están los potenciales cómplices?, ¿y el sistema de justicia nacional?

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero