La importancia de los fideicomisos en el orden social

Publicado el 17 de noviembre de 2020

Eduardo Daniel Vázquez Pérez
Sociólogo, egresado de la FES Acatlán, UNAM
Investigador visitante por la Universidad Complutense de Madrid, España, y
maestrando en el Posgrado en Derecho de la FES Acatlán, UNAM
vazquezdaniel252@gmail.com

En días recientes mucho se ha hablado sobre el tema de los fideicomisos y la contienda legislativa que se vivió en el Congreso de la Unión para la eliminación de más de 100 de éstos bajo una propuesta que presentó el presidente López Obrador. Pero ¿qué son, o eran, los fideicomisos? Entender el significado de esta figura permitirá develar la importancia que tienen para diversos sectores de la sociedad, cómo fungen en el desarrollo y, por lo tanto, al crecimiento de la administración pública en el rubro económico.

La figura del fideicomiso, dentro de la legislación mexicana, yace conceptualizada como un contrato por virtud del cual una persona física o moral transmite determinado bien o derecho a una institución fiduciaria para que ésta realice determinados fines lícitos en beneficio propio o de una tercera persona, cuya naturaleza jurídica es la de un negocio jurídico.

A pesar de que el contrato de fideicomiso no cuenta con una definición exacta en el aparato normativo de México, salvo lo relativo en la Sección Séptima, Capítulo V, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la doctrina sí proporciona una noción clara de dicha figura que, para el caso en concreto, encuadra al fideicomiso como aquel contrato público en el que el gobierno federal, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entrega a un banco de desarrollo los recursos que han de conformar el patrimonio por el cual se cumplan los fines para los que se proporcionan. Vale la pena señalar que tanto fideicomisos públicos como privados son auditables, y los primeros forman, a su vez, parte de la administración pública paraestatal.

Los fideicomisos empezaron a utilizarse para cubrir necesidades sociales que el Estado en su actividad administradora debía acatar y responder, para cumplir con determinados fines sociales y políticos. El decreto que emitió el presidente de la República a principios del presente año para la eliminación de aquellos fideicomisos creados por acuerdos o anteriores decretos estuvo acompañado por la polémica reforma para eliminar todos los fideicomisos creados por ley, so pretexto de alinear todas las actuaciones de la administración pública federal al programa de austeridad republicana y combate a la corrupción que la administración en turno ha impulsado.

No podemos comprobar o negar posibles hechos de corrupción en la administración de los fideicomisos públicos, no obstante, es preciso señalar que, dentro de la exposición de motivos de la mencionada reforma, se expresaba que para evitar que prácticas corruptivas continuaran su andar, era necesario reorientar los recursos económicos de dichos contratos a través de la eliminación. Aunado a ello, el presidente López Obrador señaló que la iniciativa iba acompañada de la creciente necesidad que ha arrojado la pandemia por el virus del SARS-COv-2 en la atención médica a lo largo y ancho del país. Lo anterior deja aún más en el margen de la discrecionalidad de una sola persona el uso y rumbo de recursos económicos; es decir, qué recursos se aplican y a qué tipo de rubro.

La búsqueda del poder, como mencionaba Michel Foucault, está atravesada por la política. Esto no justifica las actuaciones del Ejecutivo federal en turno, pero sí sale a la luz para hacer mención de la intensa, y aparentemente exasperada, búsqueda del control social, en donde las intenciones de dirigir y gobernar cada rubro de la administración pública, en discordancia con las administraciones pasadas, se vuelve latente. Reorientar el rumbo de 68 mil millones de pesos, que ya estaban destinados a la ciencia y la tecnología, la investigación en alimentos y desarrollo, los desastres naturales, las y los deportistas de alto rendimiento y un largo etcétera, deja claro que las intenciones, por más nobles y buenas que parezcan, resultan difíciles de llevar a la práctica sin tener un sistema de control interno, en donde dichas labores quedan supeditadas a un solo sujeto o, como decía Foucault, al poder de un sujeto.

No cabe duda de que los actores políticos buscan, en todo momento, llegar al poder y perpetuarse en él, pues todo se resume al control social ejercido por aquellos que detentan el poder a través de diversos mecanismos. La administración en turno ha dejado en claro, ya en varias ocasiones, que se fundamenta en luchar por eliminar la corrupción, sin embargo, cuando la situación aún no está bien estudiada y carece de pruebas y fundamentaciones —esenciales para cualquier procedimiento—, no hay problema que erradicar. Las justificaciones no alcanzan para ocultar el grave problema económico que tiene el país, pero sobre todo, el social, ya que las diligencias entregadas a una sola persona no hacen más que dotarle de poder, y cuando éste llega a ser absoluto, el orden social perdería sus cimientos y empezaría a resquebrajarse desde dentro.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero