Estado y gobierno: contexto jurídico, político y social

Publicado el 23 de febrero de 2021


Eduardo Daniel Vázquez Pérez
Sociólogo, por la FES Acatlán, UNAM,
Investigador visitante por la Universidad Complutense de Madrid, España, y
maestrando en el Posgrado en Derecho de la UNAM
vazquezdaniel252@gmail.com

@EdanielVPmx
https://www.instagram.com/edanielvpmx/

Introducción

La sociedad mexicana ha atravesado por uno de los momentos más difíciles en su historia reciente, pues con la aparición del virus Sars-COV-2 se ha desatado una serie de acontecimientos y hechos que se han ceñido en los anales históricos de la remembranza mexicana.

La capacidad del gobierno mexicano se vio rebasada en varias ocasiones por lo anterior, ya que la llegada del virus a territorio nacional significó no sólo un enorme reto en materia de salud pública, sino también el inicio de una lucha por mantener a flote a todo un país, cuyas posibilidades de permanecer en casa para evitar y reducir el número de contagios eran escasas y casi nulas.

Con ello, el Estado tuvo que asumir mayores responsabilidades para salvaguardar la integridad de sus ciudadanos en un contexto de confinamiento social. El aislamiento de las poblaciones y su posterior encierro significó una interminable batalla para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, pues bajo una perspectiva social y política, el Estado no podía permitir la muerte de sus nacionales a costa de mantener a flote la dinámica del ejercicio del poder económico pos-neoliberal.

En un contexto de pandemia, la sociedad se vio forzada a redirigir su estilo de vida con tal de permanecer con vida. La llamada nueva normalidad fue una estrategia que el gobierno implementó para establecer medidas encaminadas a reducir el número de contagios y de casos activos por esta enfermedad y, por ende, a reducir el número de decesos. En la presente investigación se abordarán aspectos relacionados con la pandemia que aún azota al país, analizados bajo las perspectivas sociales, políticas, pero sobre todo jurídicas,, para develar cuáles fueron, o son, las funciones del Estado en un contexto de apocalipsis sanitaria.

Desarrollo

La pandemia provocada por el virus del Sars-COV-2 empezó en México a finales de marzo de 2020, tras la declaratoria de emergencia sanitaria realizada por la Organización Mundial de la Salud, prácticamente, hace un año. A partir de ese momento, la sociedad mexicana empezaría a vivir un estilo de vida que no sólo sería algo a lo que socialmente no estaba acostumbrada, sino también un estilo de vida que, para la mayoría de la población, sería algo muy complicado y hasta difícil de conseguir.

En un primer momento, el gobierno implementó una serie de medidas encaminadas a que el número de contagios por el coronavirus no ascendiera de forma rápida, y así poder frenar lo antes posible la pandemia. El gobierno hizo uso de sus facultades constitucionales para llevar a cabo las medidas que se consideraran pertinentes para tales efectos.

Vale la pena hacer la primera acotación sobre la concepción de gobierno, y para ello irremediablemente es necesario revisar las concepciones sobre Estado. Mencionaba Porrúa Pérez (2005) que el Estado no sólo es un aspecto de autoridad o de poder público, sino que también debe “estimarse como sociedad organizada, compuesta de gobernantes y de gobernados” (p. 168). Con ello, es posible hacer la connotación de sociedad política, que se atañe a las normas propias del derecho.

En un contexto moderno, el gobierno es el conjunto de órganos pertenecientes a un Estado, mediante los cuales se confiere el ejercicio del poder político.

En ese orden de ideas, Bobbio refiere al respecto lo siguiente:

Al ser una parte del Estado, se diferencia de las instituciones estatales que llevan la organización política de la sociedad (régimen político), en que tiene la tarea de manifestar la orientación política del Estado, imponer reglas de conducta y tomar decisiones consensuadas gracias a que monopoliza el uso de la fuerza legítima por medio del ejército, la policía y las cárceles (p. 710).

Con base a lo anterior, se puede afirmar que el gobierno es una creación que nace después del Estado, entendiendo al Estado como un surgimiento posterior a la organización del hombre.

Actualmente se conceptualiza al gobierno como un aparato depositario del poder público, entre cuyas funciones está la de salvaguardar la integridad física y jurídica de las personas, a través de políticas y mecanismos que respondan con las funciones del Poder Ejecutivo.

Lo anterior retoma importancia en la presente investigación toda vez que, ante la incertidumbre social en contexto de una crisis sanitaria, era precisamente el gobierno quien tenía que atender dichas demandas sociales; sin embargo, de igual forma llegó a prevalecer la incertidumbre jurídica que acechaba las funciones judiciales del Estado y, que de manera indirecta, e incluso inconsciente, restringía derechos humanos.

Es bien sabido que el Ejecutivo Federal en ningún momento hizo uso de las facultades establecidas en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos para decretar el toque de queda. Para una gran parte de la población, esta medida era más que necesaria y justa para reducir el número de muertes por COVID-19, y así poder frenar el confinamiento social.

No obstante, el Estado, en su afán por cumplir con el pacto internacional en materia de derechos humanos, hizo caso omiso a esta propuesta discutida en algunas sesiones del H. Congreso de la Unión. Jurídicamente fue la mejor decisión que el gobierno pudo tomar, pues no sólo hubiera sido contraproducente, sino también hubiera ido en contra de derechos humanos.

Ahora bien, el deber del Estado de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos fundamentales establecidos en la propia Constitución federal es una tarea de todos los días, pero que, en época de pandemia, varios de éstos se vieron mermados en diferentes amplitudes.

La sociedad del pueblo de México se vio fuertemente afectada por el confinamiento social. Durante los primeros meses de la pandemia, el gobierno de México llevó a cabo una estrategia denominada Jornada Nacional de Sana Distancia, con la cual se buscaba el menor contacto social posible.

En un Estado cuyo desarrollo político depende del sector económico y del crecimiento del mismo, una estrategia que prácticamente frenaba la distribución y acumulación incesante de capital resultaba insuficiente y amenazante. Mencionaba Jellinek que el Estado es la corporación formada por un pueblo, dotada de un poder de mando originario y asentada en un determinado territorio; pero cuando las circunstancias son mayores a las previstas, el poder de mando suele ejercerse de otras formas.

Por ello, las sociedades se veían obligadas a continuar con sus actividades presenciales para lograr la satisfacción de sus necesidades a través del intercambio y flujo de capitales. En un contexto jurídico, el Estado tiene la rectoría del sector y crecimiento económico del Estado, con posibilidades, a veces insuficientes, de permitir el aumento de éste mediante la incorporación del sector privado; empero, frente a la crisis provocada por el cierre de trabajos y la pérdida de miles de ellos por la pandemia, el Estado de igual forma tiene la obligación de garantizar la subsistencia de las personas.

La sociedad, durante 2020, tuvo que esperanzarse a que el gobierno mexicano siguiera con sus labores para mantener niveles aceptables en materia económica y de salud, principalmente. El Estado, entonces, tuvo que dignificar su labor protector y encaminarlo a garantizar la máxima protección jurídica para las y los mexicanos.

Conclusiones

En un contexto como el vivido el año pasado, y que aún continúa lacerando la vida en sociedad, discernir entre concepciones jurídicas de “sociedad”, “Estado” y “gobierno” resulta complicado, pues el análisis no puede sólo supeditarse a una rama o ciencia en particular, ya que es necesario retomar aspectos sociales.

La trascendencia jurídica toma importancia en la investigación, pues es posible vislumbrar que las concepciones ya estudiadas a lo largo de la materia de Teoría general del Estado, en donde varias de ellas se remontan siglos atrás, continúan vigentes en nuestros días. El ser humano continúa evolucionando y, a la par de éste, lo hace toda la sociedad, y como el Estado es una creación de aquélla, de igual forma lo hace.

Con base en lo anterior, es posible concluir que el derecho también hace alusión a una de sus características, a veces olvidadas o no tomadas en cuenta —toda vez que el derecho es un sistema cerrado, pero cognitivamente abierto— sobre el dinamismo social. Decidí llevar a cabo la presente investigación a la luz de una crisis social, política, económica y jurídica, y podría decir la más fuerte de todos los tiempos.

Y así poder analizar cómo en el Estado se organizan todas las actividades del ser humano, y gracias a éste, dichas actuaciones se encaminan al constante mejoramiento de la vida en sociedad.

Bibliografía

Andrade Sánchez, E. (2003), Teoría general del Estado, 2a. ed., México, Oxford.

Arnaiz Amigo, A. (1959), Ciencia del Estado, México, Antigua Librería Robredo.

Bobbio, N. (2002), Diccionario de Política, 13a. ed., México, Siglo XXI Editores.

Kelsen, Hans (1992), Teoría General del Estado, México, Colofón.

Porrúa Pérez, F. (2005), Teoría del Estado: teoría política, 39a. ed., México, Porrúa.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero