¿Qué trajo la pandemia en cuanto al juicio de amparo en línea y los grupos vulnerables?

Publicado el 24 de marzo de 2021

Michelle Alessandra Gómez Alvarado
Estudiante de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, Universidad
Autónoma de San Luis Potosí
mich_alessandra@hotmail.com

Fue un 17 de noviembre de 2019 cuando se empezó a hablar del primer caso del virus covid-19 en Wuhan, China. Todo fue avanzando demasiado rápido en dicho país y posteriormente en todo el continente asiático; el resto de la población que no se encontraba en ese territorio creía que era algo sencillo y, sobre todo, lejano.

México no fue la excepción, ya que sólo unos meses después, un 28 de febrero de 2020, fue alcanzado por dicha enfermedad.

Todo se tornó alarmante cuando el 11 de marzo del mismo año, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, caracterizó al covid-19 como una pandemia.

Dicha pandemia vino a revolucionar el mundo, vino a sacudirlo, a cobrarse vidas, pero también vino a enseñarnos una nueva forma de vida, completamente diferente a la que solíamos tener.

Ahora bien, la justicia no quedó excluida de la transformación que estamos viviendo, un claro ejemplo de ello es el juicio de amparo, el cual es el instrumento esencial de protección de los derechos humanos de todas las personas, establecidos en la Constitución o en los tratados internacionales; el cual se encarga de defenderlos y de garantizar que no sean vulnerados por cualquier acto de autoridad o de particulares con carácter de autoridad.

Después de la declaración del Dr. Tedros, el Consejo de la Judicatura Federal actuó oportunamente suspendiendo labores, inicialmente del 18 de marzo al 19 de abril de 2020, con la finalidad de evitar la concentración de personas y la propagación del virus; suspensión que se fue alargando, sin dejar de lado la atención de los “casos urgentes”.

Toda esta situación orilló a los funcionarios públicos a adoptar un modo de trabajo completamente desconocido no sólo para ellos, sino para toda la población, que tuvo que aplicar el teletrabajo, pero de igual forma, los obligó a prepararse para seguir brindando la protección necesaria a los quejosos.

Todo se fue revolucionando, las sesiones de los tribunales colegiados de circuito se llevaron a cabo mediante videoconferencias, asimismo, se ordenó la integración electrónica de todos los expedientes para su consulta, así como se habilitó el uso de la FIREL y el correo institucional para dar agilidad a los trámites, entre otras cosas.

Lo anterior se hizo con la finalidad de demostrar que la justicia no se detiene, ya que también a los funcionarios se les asignaron cuentas para acceder a una red privada llamada VPN, para así poder trabajar desde casa priorizando la salud de todos.

Ahora bien, una cosa son las medidas que tomó el Consejo de la Judicatura Federal ante esta pandemia y otra cosa muy distinta es analizar si realmente son eficientes o no. Yo me quiero enfocar en una situación real, en grupos reales, como lo son los grupos vulnerables en nuestro país.

Específicamente en ellos porque, como su clasificación lo dice, son personas que por su condición social, socioeconómica, raza, color, opiniones, etcétera, se encuentran en un estado permanente de mayor vulneración a sus garantías. Si ponemos en una balanza a 10 personas que no se encuentran dentro de ese grupo, a lo mejor dos de ellas necesitan judicializar un problema y por uno u otro medio logran hacerlo.

Ahora, si ponemos en una balanza a 10 personas pertenecientes a un grupo vulnerable, es muy probable que siete necesiten judicializar un problema, pero el cuestionamiento es: ¿ellos realmente tienen acceso a esta nueva modalidad de justicia? Yo estimo que el Consejo de la Judicatura Federal esta dejando de lado y sin protección a estos grupos, ya que no basta con implementar medidas, sino que tiene que ir más allá y hacer que esas medidas funcionen para todos.

Cabe destacar que las personas pertenecientes a estos grupos se encuentran en desigualdad en comparación con el resto de la sociedad, ya que por el nivel socioeconómico en el que les tocó desarrollarse muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de prepararse ni en la educación básica, algunos no saben leer o escribir, mucho menos van a tener la información suficiente para saber a dónde o con quién acudir para hacer valer sus derechos.

Asimismo, si piensan en la idea de contratar a un profesionista del derecho, la mayoría de las veces prefieren no judicializar su problema por el costo que éste implicaría.

No obstante que la modalidad en línea de las promociones, las notificaciones y la consulta electrónica del expediente se plantea que es para todos, evidentemente muchos grupos vulnerables no tienen acceso a tecnologías de la información o al internet.

Como conclusión, yo creo que la pandemia vino a marcar una nueva era de justicia entre el trámite que se conocía antes y el trámite que se lleva ahora. Sin duda se logró el principal objetivo, que es hacer la tramitación electrónica más ágil; aunque el Consejo sí deja mucho que desear en las medidas que ha tomado, ya que, por los motivos que expuse con anterioridad, está dejando de lado y en completo estado de indefensión a los grupos vulnerables, que son los primordiales a los cuales se les debe de proteger sus garantías.

Todo esto es un trance que apenas va comenzando, son las primeras pruebas de algo grande que se viene dentro del ámbito federal, ya que pese a que se está empezando a hacer todo de forma electrónica, también se tienen los precedentes en físico que tienen que estar debidamente integrados. En un futuro no muy lejano únicamente se trabajará de forma digital y estoy segura de que aunque en este momento es muy pobre la aportación y los mecanismos implementados para salvaguardar los derechos de toda la población que sea vulnerada, el Consejo de la Judicatura Federal, junto con el Poder Judicial federal, se podrá lograr el beneficio de todos.

La agilidad que tanto requieren los litigantes, la resolución imparcial hacia las partes, la integración de personal capacitado para desempeñar la función jurisdiccional, las bases para formar una carrera judicial gracias a la Escuela de Formación Judicial, así como la protección y los instrumentos que necesitan los grupos vulnerables para acceder a esta justicia, acorde a cada una de sus necesidades particulares.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero