John Ackerman
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
ackerman@unam.mx 
https://www.johnackerman.mx/Paternalismo electoral1
Publicado el 26 de marzo de 2021
John Ackerman
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, ackerman@unam.mx
@JohnMAckerman
https://www.johnackerman.mx/
La obsesión de los consejeros electorales Ciro Murayama y Lorenzo Córdova con la supuesta “sobrerrepresentación” de las fuerzas Obradoristas en la Cámara de Diputados data de muchos años atrás. A estos fieles servidores del viejo régimen les incomoda que el Presidente cuenta con el respaldo del Congreso de la Unión para la aprobación de sus iniciativas y reformas legales.
Una y otra vez, Murayama, Córdova y sus colegas del Bloque Opositor Amplio (BOA) han intentado utilizar artimañas y triquiñuelas jurídicas con el fin de reducir la cantidad de diputados que apoyan a la Cuarta Transformación.
Esta posición contrasta de manera notoria con la actitud celebratoria de estos mismos actores frente a la supuesta “unidad nacional” lograda a partir de la firma del Pacto por México en 2012 y que llegó a controlar a 400 de los 500 curules en la Cámara de Diputados. En aquel momento, el hecho de que una sola fuerza política dominara 80% de la Cámara no se consideraba como una peligrosa “sobrerrepresentación” sino como un sano consenso.
El pasado diciembre hubo un primer intento del INE para darle un descontón a la presencia del Obradorismo en el poder legislativo. Tal y como hemos documentado en estas mismas páginas, la idea era obligar a Morena a compartir el tope de ocho por ciento de sobrerrepresentación permitida por la Constitución con los partidos aliados a su causa (véase: https://bit.ly/3cVIDvI).
La mayoría de los consejeros afortunadamente rechazó esa evidente treta ilegal que equiparaba a partidos y coaliciones. Sin embargo, el pasado viernes 19 de marzo se aprobó una nueva resolución con características muy similares a la anterior, ahora con el sorpresivo apoyo de tres de los cuatro nuevos consejeros nombrados el año pasado: Carla Humphrey, Uuc-kib Espadas y Martín Faz.
El artículo 54 de la Constitución es perfectamente claro. El inciso V establece un tope de sobrerrepresentación de ocho por ciento por partido: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados…que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.
Recordemos que desde la reforma electoral de 2014 cada partido político debe aparecer de manera independiente en la boleta electoral y ya no se permiten clausulas de traslado de votos entre partidos coaligados. Cada partido tiene que ganar su propio respaldo ciudadano en las urnas y esa votación es la que debe contar a la hora de repartir los diputados plurinominales o de “representación proporcional”.
Sin embargo, de manera arbitraria y con base a argumentos jurídicos espurios, siete de los nueve consejeros electorales ahora han decidido fabricar por arte de mágica un nuevo término que simplemente no existe en la normatividad electoral: la “afiliación efectiva”. Armados con este concepto fantasmagórico, no serán los electores o los institutos políticos sino los consejeros electorales quienes decidirán para cual partido contabilizar cada uno de los diputados electos a la hora de distribuir los curules plurinominales.
De acuerdo con el criterio de la mayoría conservadora del Consejo General del INE, lo que cuenta no es la decisión libre del elector al escoger uno u otro escudo partidista en la boleta electoral o el contenido del convenio de colaboración entre partidos, sino el oscuro cálculo realizado por los consejeros electorales detrás bambalinas. Es decir, mi decisión de tachar el escudo del partido Morena, o del PT o de cualquier otro partido, simplemente no tendrá validez si los consejeros determinan que el candidato votado “en realidad” pertenece a otro partido.
Todo ello supuestamente “con la finalidad de reflejar de mejor manera la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos expresada a través del sufragio”, argumentan los consejeros con enorme cinismo e hipocresía en su proyecto de resolución. El verdadero propósito es inconfundible: se busca reducir de manera unilateral y autoritaria la cantidad de diputados obradoristas que puedan llegar a la Cámara de Diputados.
En suma, el INE ha decidido tratar a los ciudadanos como si fuéramos menores de edad, carentes de juicios propios e incapaces de discernir las diferencias entre partidos y opciones políticas. De manera paternalista, los consejeros electorales suplantan a los electores con el fin de purgar al país de lo que ellos consideran una ideología “populista” y peligrosa.
Se confirma una vez más que el INE milita abiertamente en contra de la transformación de la Patria. En las elecciones de 2021, como en 2018, la tutela de la democracia correrá a cargo de los ciudadanos frente a la traición comprobada de parte de las instituciones electorales.
NOTAS:
1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en La Jornada, el 22 de marzo de 2021.
Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero