Desbordamiento¹

Publicado el 19 de abril de 2021


Pedro Salazar Ugarte
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
pedsalug@yahoo.com

Tristes situaciones se han vuelto lugares comunes. Que si la polarización rasga y desfonda al tejido social; que si el populismo socava a las instituciones; que si las mayorías políticas pueden ser autoritarias; que si las descalificaciones desde el poder inhiben el ejercicio de las libertades. Se trata de tesis que veíamos venir de otras latitudes y que estaban plasmadas en los manuales sobre el constitucionalismo democrático y sus amenazas pero que, de pronto, se instalaron en nuestra realidad para enraizar profundo.

Cierto que la tierra era fértil y que esos males llegaron eslabonados a otros muchos que los precedieron y que les brindaron cobijo y contexto. En particular la corrupción, la violencia y la desigualdad estructurales han servido de muro para que la hiedra crezca. Pero, como se trata de males políticos y sociales, es atinado preguntarse quiénes son las personas responsables. Por desgracia son muchas y algunas están encumbradas en esferas de poder mediático, económico o político.

Que un diario de circulación nacional, haciendo eco a un reclamo presidencial por una denuncia con ecos internacionales, encabece lo siguiente: “Financiado por EU, Artículo 19 ‘nutrió’ el golpe contra México https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/01/politica/financiado-por-eu-articulo-19-nutrio-el-golpe-contra-mexico/"; que un empresario convertido en consentido del régimen gobernante auspicie la ‘muerte’ de la autoridad electoral del país; que un aspirante a una candidatura amenace la integridad física del presidente y los consejeros y consejeras de esa misma autoridad; que el líder del partido político de ese aspirante –que es el partido mayoritario y gobernante– acuse sin pruebas ni sustento de ladrones a esos mismos funcionarios y; que el presidente del Tribunal Electoral quiera ganar en las redes sociales el debate que perdió en su Pleno, nos coloca al borde del precipicio autoritario.

Valga otro lugar común muy citado y manoseado: las democracias pueden transformarse en su contrario. La nuestra, maltrecha y semiforme, tenía signos vitales que comienzan a languidecer. Con un presidente vociferante y amenazante; una mayoría legislativa obsequiosa y alineada; una Judicatura titubeante; las Fuerzas Armadas en las calles y en la gestión de obras y proyectos; una cultura política de baja calidad; y una frágil sociedad civil organizada fustigada desde el poder, resulta pretencioso ostentar credenciales nacionales democráticas. Ello por no hablar de la desigualdad, discriminación y pobreza que –como he advertido– corroen los cimientos de este país llamado México. Hay mucho nubarrón y poco viento en el horizonte.

Este artículo es, a la vez, un desahogo, un recuento y un pretexto. Lo primero es notorio y hace eco de muchas voces cercanas que he escuchado en estos días y que miran el pasado reciente con indignación, el futuro con genuina incertidumbre y –lo peor– el presente con miedo. El recuento –que consta en los párrafos de arriba– es un compendio de las causas del desahogo compartido. Sirva para dejar un rastro de cómo se quiebra el proyecto democrático al impactar con el iceberg de esa ocurrencia esquizoide llamada 4T. Pero todavía me queda el pretexto. Este último es una oportunidad para repetir –y recordarme– el a, b, c.

El constitucionalismo democrático es la mejor manera de organizar una sociedad en la que los derechos humanos –sociales, de libertad, políticos– de las personas sean respetados. Es un modelo que funciona sobre la base de reglas que deben observarse. Para ello están las autoridades. Si éstas fallan, el arreglo institucional contempla mecanismos de límites, controles, transparencia y rendición de cuentas. La paz –como insistía Norberto Bobbio– sería el corolario de una sociedad realmente organizada de esa forma. A eso aspirábamos con la maltratada –y cada vez más traicionada– transición a la democracia. Ese ideal –apenas alcanzado– es el que estamos perdiendo como aspiración y referente.

Organismos públicos, como el Instituto Nacional Electoral (antes IFE), han sido vehículos para mantener el rumbo en esa dirección difuminada. Por ello quienes pensamos que esa ruta democrática y constitucional debe recuperarse y retomarse tenemos que decir no al poderoso acoso con el que buscan su amedrentamiento.

Si no lo hacemos, los eventos para recontar aumentarán copiosos y el desahogo trasmutará en lamento.

NOTAS:
1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en El Financiero, el 14 de abril de 2021.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero