La seguridad nacional como instrumento del poder

Publicado el 21 de mayo de 2021


Eduardo Daniel Vázquez Pérez
Sociólogo, por la FES Acatlán, UNAM,
Investigador visitante por la Universidad Complutense de Madrid, España, y
maestrando en el Posgrado en Derecho de la UNAM
vazquezdaniel252@gmail.com
@EdanielVPmx
https://www.instagram.com/edanielvpmx/

I. Introducción

Al hablar de derecho, la conciencia de realidad impuesta por el ejercicio del poder nos lleva a pensar que éste es el protector de los derechos humanos y sirve como instrumento jurídico para hacer efectiva la convivencia entre las personas que viven en sociedad. No obstante, la institucionalización del poder ha quedado regida por la normativa jurídica, principalmente, que es la que faculta y legitima el actuar político en busca del poder.

Dentro de las aglomeraciones sociales, los sistemas hegemónicos de control social adquieren fuerza en el momento en que la propia estructura jurídico-normativa los enviste de coacción y legitimidad, pues en los sistemas sancionador-punitivo, reparatorio, conciliatorio y terapéutico, conjuntamente existen factores y elementos que remiten a la normativa jurídica que pugna por la perpetuación del statu quo y de dominio social.

II. Antecedentes históricos

A finales del siglo XVII y principios del XVIII el litoral del océano Atlántico —las trece colonias británicas— logró independizarse, en el año de 1776, como resultado de las propuestas de carácter económico y político dictadas por el rey de Inglaterra, Jorge III.

Los planteamientos antes mencionados, en conjunto con los principios del hombre, la salvación, la expiación, la regeneración, la seguridad, la adoración y las misiones (Piper, John, 1985) propiciaron las bases iniciales de su sistema capitalista, los cuales estuvieron regidos bajo el pensamiento religioso calvinista —también conocido como el cristianismo reformado, cuyo máximo representante fue Juan Calvino—. Sin embargo, en la actualidad estos supuestos ponen en duda lo referente a Dios.

Las minorías que darían el nacimiento de los Estados Unidos de América se fueron expandiendo a lo largo y ancho del mundo, y fue éste el motivo por el cual se justificaban las atrocidades realizadas para efecto de impedir su avance. Entre ellos se pueden destacar los siguientes aspectos: la guerra de independencia y otras tantas en contra de los países colonialistas que ya se habían establecido en América del Norte, así como la eliminación total de los indígenas que habitaban en el norte del continente americano.

De esta manera, se resaltó el carácter de su Destino Manifiesto, donde los fundadores del nuevo Estado estaban plenamente convencidos de que era el mundo el que necesitaba de su presencia y su buen hacer, y el que se entregaba voluntariamente al nuevo faro que iluminaría los caminos de la libertad para toda la humanidad (Piris Laspada, Alberto, 2013).

Bajo esta premisa ideológica, los Estados Unidos de América emprendieron el camino hacia un espacio vital en el que pudiera desarrollarse su sistema agrícola, o dicho de otra manera, su sistema capitalista característico del siglo XVIII, tal y como lo hizo Hitler en Alemania, con el llamado Lebensraum, o como lo intentó hacer Cartago en Roma, Italia.

Ante la consolidación de su poder, el imperio estadounidense continuó con el expansionismo de su sistema de estados. Lo hizo en Canadá, Luisiana, California, México y, posteriormente, en La Habana, Hawái, Guam y Filipinas; es decir, desde el Caribe hasta el Sudeste Asiático. La intrusión de los Estados Unidos estuvo presente y en constante lucha con los países potencia a fin de quitarles sus colonias y de que su expansionismo se justificara bajo la idea de un imperio de la libertad (Bosch, 2019, pp. 1-12) en el que imperara la justicia y la democracia en beneficio de la humanidad.

Hasta hace 15 años, las intervenciones de los Estados Unidos de América para con los otros países del mundo ya no sólo estaban conformadas por militares, sino también por elementos policiacos, lo que significa que los modos de intervención se fueron innovando conforme al avance de las sociedades a través de tiempo, porque en la era posmoderna el número de intervenciones ascendió drásticamente: de 13,785 en 1999 hasta 17,008 para el año 2005 (Russel, 2009).

De esta manera nació la Doctrina de Seguridad Nacional, que no fue otra cosa que un instrumento ideológico de control para proteger al sistema capitalista, la cual se utilizó posterior a la Guerra Civil estadounidense y con la que los Estados Unidos de América logró realizar sus intervenciones militares en los países de América Latina al finalizar la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Esta situación representó una gran desventaja en el escenario mundial, debido a que los países latinoamericanos, a diferencia de los Estados Unidos (que la consiguieron el 4 de julio de 1776), tardaron más tiempo en independizarse, y cuando lo lograron las reglas del juego estaban impuestas en el continente americano por parte de los Estados Unidos de América y, por tanto, la política y el sistema económico de los países colonizados no fue independiente, sino que estuvieron sujetos a lo que decretara el país imperialista.

Posteriormente, la confrontación de los Estados Unidos con la Unión Soviética trajo como consecuencia la división del mundo, o lo que algunos historiadores han llamado el mundo bipolar, porque el Occidente, al ser salvado por los Estados Unidos, representó un nuevo comienzo en el que imperaba la civilización, la democracia, la justicia y el constante progreso, a diferencia de la Unión Soviética, que significó la des-civilización al tener una dictadura como forma de gobierno y nulo progreso a escala mundial. Dicho de otra forma, el mundo estaba separado entre los capitalistas y los anticapitalistas.

Bajo ese orden de ideas, Immanuel Wallerstein refiere lo siguiente:

La historia del sistema-mundo moderno ha sido en gran medida una historia de la expansión de los estados y los pueblos europeos hacia el resto del mundo, y ésta es una parte esencial de la construcción de una economía-mundo capitalista. En la mayoría de las regiones del mundo esta expansión ha conllevado conquistas militares, explotación económica e injusticias en masa. Quienes han conducido y sacado el mayor provecho de esta expansión la han presentado, a sus propios ojos y los ojos del mundo, como justificable en virtud del bien mayor que ha representado para la población mundial. El argumento suele ser que la expansión ha difundido algo a lo que se da diversos nombres: civilización, crecimiento económico y desarrollo, y progreso. Y todos estos términos han sido interpretados como expresiones de valores universales, incrustados en un supuesto derecho natural. En consecuencia, ha llegado afirmarse que dicha expansión no es meramente benéfica para la humanidad sino también históricamente inevitable. El lenguaje que se utiliza para describir esta actividad a veces ha sido teológico y otras derivado de una visión filosófica y secular del mundo (Wallerstein, 2017, p. 15).

Lo anterior no sólo hizo alusión al nuevo orden mundial que se presentaba, también consistió en una oportunidad para hacer efectivo el poder de los Estados Unidos de América, con el objetivo de eliminar el sistema socialista preponderante en el oriente europeo. En consecuencia, las estructuras político-militares internas en los países sujetos a los Estados Unidos se sometieron y llevaron a cabo prácticas de persecución y exterminio hacia las personas que representaban un riesgo o estaban en contra del avance del sistema capitalista de producción.

III. La seguridad nacional y los derechos humanos en México

Hablar de la Doctrina de Seguridad Nacional nos remonta al 11 de septiembre de 2001, tras el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York de los Estados Unidos de América. A partir de entonces, en el país la seguridad nacional se ha convertido en el elemento prioritario de su política. No obstante, también es un instrumento legal con el que se han podido ejecutar actividades que atentan contra la dignidad humana. Asimismo, esta doctrina de origen estadounidense ha sido expandida y adoptada por diversos países del mundo, entre los cuales resalta México.

En México, según el Centro Nacional de Inteligencia, la seguridad nacional es la condición indispensable para garantizar la integridad y soberanía nacional, libre de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera. Por tanto, la seguridad nacional puede entenderse como aquella herramienta legal utilizada por los Estados-nación para efecto de eliminar a los enemigos que representan un riesgo al equilibrio del sistema social; es decir, que altere el orden socialmente establecido.

A. La caravana migrante y su tránsito en el territorio mexicano

La conformación de asentamientos humanos a lo largo de la historia de la humanidad ha propiciado la formación de sociedades conjuntas que dan como resultado los Estados-nación. Dicho conjunto social ha evolucionado, de tal forma que la característica nómada de los primeros grupos sociales está prácticamente perdida. No obstante, las condiciones particulares de ciertas regiones obligan a que las personas salgan de su territorio en busca de otras circunstancias.

México ha sido un país que por muchos siglos luchó por la unificación de su territorio y, por ende, de sus ciudadanos, situación que no pudo darse sino hasta principios del siglo XX, con una revolución paradigmática. Las personas se vieron en la condición de frenar un sistema que únicamente beneficiaba a unos pocos, y por una cantidad interminable de condiciones de desigualdad, las oportunidades de tener una mejor calidad de vida se disipaban totalmente (Martínez, 2012). Lo anterior mermaba directamente en la seguridad de las personas, condición que dejaba en total estado de indefensión a todo el colectivo social.

La seguridad de las y los ciudadanos ha sido un tema prioritario en la administración de México durante las últimas gestiones públicas, pero que no ha quedado limitado a los años anteriores. Como se mencionó con anterioridad, los asentamientos humanos se han regido por las condiciones particulares de los territorios geográficos; sin embargo, mete a un mundo globalizado las nuevas tendencias de seguridad que se aparejan con una buena calidad de vida.

El aspecto económico está irreparablemente relacionado con un sistema de vida que se considera bueno, derivado de la aceptación de diversos sistemas económicos mundialmente adoptados, como el sistema de producción capitalista-neoliberal, cuyo principal promotor ha sido Estados Unidos.

Estados Unidos, desde su conformación como país y posteriormente como potencia económica, ha sido tomado como referencia, a escala planetaria, por su sistema económico. Los Estados Unidos han logrado posicionarse como un país dominante y regidor del control político-económico alrededor del globo terráqueo, situación que ha obligado a fortalecer su sistema de seguridad nacional.

Tras el atentado del 11 de septiembre de 2001, la seguridad nacional se volvió la estrategia número uno en las administraciones del país del norte. Esto, poco a poco, violentó el tránsito de las personas so pretexto de salvaguardar la seguridad de las y los estadounidenses, lo que ha perdurado hasta la actualidad.

Lo anterior puede ejemplificarse con el fenómeno social de la caravana migrante, que cada año traslada a un sinnúmero de personas, provenientes mayormente del centro y sur de América, que se mueven hacia el norte del continente en busca de mejores condiciones de vida en los Estados Unidos de América y Canadá.

Por la situación geográfica de México, no hay manera en la que se pueda llegar a dichos países si no es transitando por territorio mexicano. En ese sentido, México ha sido un puente conector entre Estados Unidos y las personas provenientes de América del Sur. Esta condición ha generado una seria de problemáticas que sólo asientan la realidad social, política y económica de los países; realidad que parece ser ignorada por sus gobernantes, pues la desigualdad y precariedad en la que miles de personas viven las han obligado a dejar su lugar de origen y buscar otros territorios con mejores oportunidades.

Lo anterior no sólo violenta la certeza jurídica nacional con la que cada Estado cuenta, sino también una garantía universal que sale a la luz con el discurso de los derechos humanos. En el caso de México, su condición territorial y jurídica lo obliga a no permanecer inmóvil ante dicho fenómeno migratorio; no obstante, su relación política con Estados Unidos lo obliga a someterse a sus reglas de control y orden social hacia la caravana migrante.

Para Estados Unidos la política migratoria se ha basado en cerrar fronteras y no permitir que indocumentados logren adentrarse a territorios de los Estados Unidos, lo cual genera la retención de personas en el territorio mexicano.

En un hecho inédito, en 2019 México cerró sus fronteras en la zona sur, con ayuda de la creada Guardia Nacional; condición que dejó en tela de juicio la normativa internacional en materia de derechos humanos de la que México es parte. No es posible afirmar o negar la posible presión política que México haya o no sufrido por parte de los Estados Unidos; pero es cuestionable el hecho acontecido y propiciado por la Guardia Nacional, y todavía más cuando el mando de ésta es de carácter civil y no militar.

Salvaguardar la integridad nacional de los Estados Unidos, justificada por la actuación de México, rompe totalmente con la convencionalidad jurídica en materia de derechos humanos de la que México es parte. Asimismo, la seguridad nacional mexicana debe prevalecer para las administraciones del país.

Para el Plan Nacional de Desarrollo, la seguridad nacional representa un cambio de paradigma institucionalizado y regido por el bienestar social, situación que, como ya se explicó, no puede darse sin el aspecto económico.

B. La pandemia por el virus del SARS-CoV-2 y su repercusión en el sistema de salud en México

La crisis económica neoliberal en México tras el azote que trajo consigo la pandemia por covid-19 desnudó por completo los discursos impuestos por el neoliberalismo, en los que las condiciones económicas beneficiarían a las y los mexicanos.

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud Pública, con fecha de corte del 20 de enero del presente año, 2021, el número de casos confirmados por covid-19 registraba un 1,668,396.

En relación con lo anterior, las instituciones hospitalarias se vieron obligadas a someterse a la política de austeridad republicana del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que a las instituciones ya referidas les fue casi imposible atender la alta demanda de pacientes con síntomas de covid-19 que ameritaban atención médica obligatoria.

Lo ya mencionado indica que el aspecto económico, el enemigo fundamental de la Cuarta Transformación, se traduce en una herramienta de disciplina social por quien toma las decisiones para manejar los recursos económicos en México.

En tanto, la administración actual no sólo se ha visto incompetente ante el manejo del fenómeno epidemiológico que tanto ha lacerado a México, sino que también demuestra que las bases del neoliberalismo siguen latentes, situación que da la posibilidad de que el ejercicio del poder se maneje bajo el fundamento neoliberal en el que se establecieron los márgenes de desigualdad social en las administraciones pasadas, y no bajo la premisa discursiva de “primero los pobres”, la cual dista de la realidad social que se presenta en el país frente a su lucha contra el covid-19.

Aunado a ello, la eliminación de los fideicomisos, aprobada en lo general por el H. Congreso de la Unión, significaría un aumento económico en el sector salud, que propiciaría el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y, por ende, en la inversión de la vacuna contra el covid-19.

Es importante señalar que, pese a la aprobación del Presupuesto General de Egresos del 2021, en materia de salud pública queda todavía un largo trayecto que recorrer para la adecuada implementación de un sistema de sanidad y seguridad social, y así referir que México se posicione como un Estado de bienestar mediante el fortalecimiento de elementos de seguridad nacional.

En consecuencia, la certeza jurídica en el marco de los derechos humanos, respecto a la seguridad pública, es una paradoja, toda vez que se conocen los derechos humanos, pero al mismo tiempo se desconocen los elementos administrativos para su adecuada implementación y efectividad en el Estado mexicano.

IV. El derecho como legitimador del terrorismo jurídico

El paradigma del derecho cambió por completo a partir de la década de los setenta, con el Plan Cóndor, proyecto coordinado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, a través del cual se ejecutaron prácticas de persecución y eliminación hacia la contraposición del capitalismo; es decir, los izquierdistas de América Latina.

Lo anterior permitió que los gobiernos internos de los países latinoamericanos se convirtieran en dictaduras que violaban sistemáticamente el ejercicio de los derechos humanos para allanar el camino al creciente desarrollo del sistema capitalista de poder-dominación. Entre ellos están Paraguay, con Alfredo Stroessner Matiauda, en 1954; Brasil, en 1964, bajo la dirigencia de Humberto de Alencar Castelo Branco; Bolivia, con Hugo Banzer Suárez, en 1971; Uruguay, en 1972, con Juan María Bordaberry Arocena; Chile, con Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, en 1973, y Argentina, con Jorge Rafael Videla, en 1976 (Arratia, 2010).

En esa misma línea, a principios del siglo XXI la creación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, adoptada el 20 de diciembre de 1988 en Viena, en conjunto con la Ley Patriota, o también conocida con su nombre original Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism, firmada por el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, el 24 de octubre de 2001, se convirtieron en instrumentos legales para perpetuar los instrumentos del poder al margen del derecho.

Esta última normatividad jurídica extranjera, facultad a los poderes norteamericanos como la CIA, el FBI, la NSA, así como a las Fuerzas Armadas, para efecto de obtener información de carácter confidencial y proteger la seguridad de los ciudadanos norteamericanos después de lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001, pese a ser violatoria de los derechos humanos nacionales e internacionales de aquellos individuos que estén o no en territorio estadounidense, pero sí representen un riesgo a la seguridad nacional de dicho país.

Bajo esa perspectiva, Raffaele De Giorgi menciona al respecto lo siguiente:

El riesgo condensa una particular simbiosis de futuro y sociedad: esto permite construir estructuras en los procesos de trasformación de los sistemas, especificar las emergencias de orden en las estructuras de los sistemas. El riesgo es en realidad una construcción de la comunicación, que describe la posibilidad de arrepentirse en el futuro, de una decisión en el caso en el cual debiese verificarse el daño que se quería evitar. Riesgo, entonces, tiene que ver con el sentido de la comunicación y es relevante por su aspecto, no por el sedimento que esta puede tener en la conciencia. El riesgo reconduce a una necesidad de un cálculo del tiempo, en condiciones en las cuales ni la racionalidad, ni el cálculo de la utilidad, ni las estadísticas pueden proporcionar indicadores útiles. A estas condiciones de “no-saber”, lo que realmente se puede saber, es que cada reducción o minimización del riesgo aumenta el riesgo: en esta circularidad significa renunciar a la racionalidad. Renunciar al control de las posibilidades de selección que nacen del hecho de que un sistema construye en su interior la unidad de la distinción de las referencias que orientan sus operaciones (De Giorgi, 2007).

Entonces, el riesgo será la posibilidad de un futuro que pudo haber sido diferente si se hubiera tomando otra decisión diferente a la que se tomó. También, el riesgo es aquello que no se ha materializado y que difícilmente puede calcularse con las ciencias robustas. Sin embargo, éste se utiliza para el mantenimiento de un sistema, toda vez que excluye o elimina a todos aquellos que lo quieran alterar o erradicar.

Asimismo, es importante mencionar las facultades brindadas a los poderes norteamericanos que pueden ser utilizados como control social penal posmoderno, como son:

• Principio de incriminación penal por sólo sospecha
• Principio de utilización de la analogía en materia penal
• Principio de discrecionalidad de las autoridades
• Principio de no utilización de los beneficios penitenciarios
• Principio de no prescripción de la acción penal ni de la pena
• Principio de negación del concepto teórico de delito político
• Principio de que la carga de la prueba es para el acusado
• Principio de la competencia jurídico-penal trasnacional
• Principio de extradición universal
• Principio de traslado internacional de testigos
• Principio de eficacia extra-territorial de sentencias extranjeras
• Principio de la apropiación de los decomisos en función de su territorialidad
• Principio de negación del carácter fiscal de un delito
• Principio de la utilización de agentes infiltrados

De esta manera, el derecho es un instrumento del poder para generar violencia contra la ciudadanía que sea parte o no de la jurisdicción norteamericana. Por tanto, la seguridad nacional no es otra cosa que la conformación de múltiples concepciones ideológicas que se elevan a nivel derecho para que, junto con el poder que permite su nacimiento de éste, se puedan ejecutar acciones direccionadas hacia los criminales que no permitan la correcta funcionalidad del sistema de producción capitalista a nivel nacional e internacional.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 4o., numeral primero, lo siguiente:

En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

Sin embargo, en el artículo 18, numeral tres, estipula: “La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás”.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en su artículo 1o., menciona al respecto:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Entonces, los derechos humanos no son naturales, sino culturales; es decir, dependen del ejercicio del poder en un Estado democrático para efecto de reconocerlos o suspenderlos.

V. Conclusiones

El derecho no es el conjunto de normas inspiradas en el orden y la justicia para regular las relaciones sociales y proteger los bienes jurídicos que, según el modelo garantista, en el plano de lo jurídico, es la máxima alusión o aspiración del mismo, sino un instrumento que está estrechamente vinculado con el poder nacional e internacional, para efecto de generar violencia hacia las y los ciudadanos de los diversos países y violentar sus derechos humanos.

Por ello, los derechos humanos se rigen bajo el sistema económico, el más importante de todos, porque en él no hay primacía de los derechos fundamentales sobre la tutela de otros bienes jurídicos. Tampoco existe alternativa al Estado de derecho —entendiéndolo como la máxima aspiración de cualquier Estado que se haga llamar democrático— ni tampoco existen jerarquías, sólo comunicaciones que yacen en el poder económico y, gracias a la estrecha relación que existe con los sistemas jurídico y político, se crean instrumentos hegemónicos de dominación, como la Doctrina de Seguridad Nacional, para el control social, y ésta sirva para la reproducción de las normas disciplinarias que pueden poner en peligro la supervivencia del poder económico internacional.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero