Debates electorales en México: una simulación con pretensión democrática

Publicado el 7 de junio de 2021

Emmer Antonio Hernández Ávila
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit;
maestro en Justicia Constitucional por la Universidad de Guanajuato, y
máster en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, España, 2020. Actualmente doctorando en la
FES Acatlán de la UNAM
emmer_antoniouan@hotmail.com

Debatir, en el contexto de los estados proclamados constitucionales, puede considerarse como una herramienta para el fortalecimiento de la democracia. Desde el primer debate presidencial entre los candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos de América, Kennedy y Nixon en 1960, dicho ejercicio dialéctico se ha extendido en diversos países, con sus rasgos y tintes propios de su configuración institucional, normativa e histórica.

Como señala García Guitán, mediante la representación las y los ciudadanos tienen la idea abstracta y metafórica de que se encuentran presentes en los asuntos del Estado. Dicha representación se encuentra asumida en los partidos políticos, quienes fungen como vehículos e instrumentos que permiten materializar esa voluntad del pueblo. En otras latitudes del globo (principalmente Latinoamérica) se comienzan a abrir esquemas o sistemas de participación sin afiliación partidista, como las candidaturas independientes. Sin embargo, éstos no sustituyen la importancia de las formaciones político-colectivas.

Sin lugar a duda, los partidos políticos como mecanismos de la democracia representativa requieren, en aras de lograr el acercamiento con los votantes, generar nuevos canales de interconexión que reduzcan las brechas ocasionadas por el cambio de paradigma en las prácticas y vicios partidistas. Así, uno de éstos se ha encontrado en el desarrollo de debates entre candidatos que tienen como finalidad que el cúmulo de votantes potenciales puedan conocer de forma directa las propuestas, programas y políticas que pretenden ser impulsadas por los candidatos de verse beneficiados por el sufragio.

La tradición argumentativa adversarial de esta práctica ha sido asumida como recurrente por varios países, principalmente Estados Unidos de América, Francia y Alemania, y a través de ella han permitido aproximar las propuestas de campaña a la ciudadanía, pero no sólo eso, sino que ofrece un bloque comparativo para que quienes aún no se han decantado por un proyecto político puedan discernir la conveniencia o pertinencia de uno u otro (valoraciones internas de la posición electoral de cada votante).

Se puede establecer que un debate electoral es, además de una práctica democratizadora, un ejercicio argumentativo; es decir, otorgar ideas, propuestas y respuestas sobre algo que se cree o se piensa, en particular el programa político que se pretende implementar. El referido encuentro dialectico entre candidatos puede ser analizado y justificado desde una dimensión filosófica a través del enfoque pragma-dialéctico propuesto por Van Eemeren.

La propuesta principal del autor citado estriba en señalar que la argumentación “es una actividad verbal, social y racional dirigida a convencer a un crítico razonable sobre la aceptabilidad de una tesis mediante la presentación de una constelación de proposiciones para justificar o rechazar la proposición expresada en la tesis”. A la luz de esta propuesta, la argumentación se torna un intercambio racional de proposiciones entre dos sujetos o más, cuya finalidad última es la solución o aclaración de un determinado posicionamiento presentado en la agenda política que se pretende implementar.

La posición de crítico-razonable, como sujeto al que se trata de convencer por medio de la argumentación, recae en el público o votantes. Si bien la confronta proposicional se presenta entre los candidatos, el objetivo no es persuadir a éstos de que sus propuestas son o no las indicadas para conducir la política del país, sino a la audiencia, quienes finalmente tendrán en sus manos la decisión final de los resultados.

Para ejemplificar lo anterior se propone el siguiente esquema:

Desde su primera celebración en México en 1994, el debate presidencial donde se enfrentaron las entonces fuerzas políticas principales del país, PRI, PAN y PRD, ha sufrido diversas modificaciones. La primera y más importante fue su establecimiento normativo e institucional en el entonces Código Federal de Procedimientos Electorales, hoy Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE). En la actualidad, su principal regulación la tiene en la citada LGIPE, en el artículo 218 del capítulo VIII.

No obstante lo anterior, la instrumentalización y operatividad de los debates no se constriñe únicamente a dicho instrumento. Adicionalmente, se cuenta con un Reglamento de Elecciones (RE) que contiene un conjunto de reglas, directrices y autoridades encargadas de llevar a cabo este ejercicio a partir de la sección segunda, artículos 306 a 314.

Simultáneamente, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en uso de las atribuciones derivadas del artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, numeral 1; 30, numeral 2; 31, numeral 1, y 35 de la LGIPE, y como órgano autónomo encargado de organizar las jornadas electorales, cuenta con la facultad de emitir acuerdos generales por medio de los cuales se realizan las precisiones correspondientes.

En este momento de nuestra evolución democrática muy poco puede abonarse sobre el mejoramiento de esta práctica. Si bien las legislaciones electorales locales de las entidades federativas y los institutos electorales de cada una de ellas se han encargado de su implementación, parece ser que el objetivo central o, al menos, enfoque pragma-dialectico propuesto por Van Eemeren, no ha podido alcanzarse.

Prima facie, la importancia de los debates entre candidatos a los diferentes cargos de elección popular no puede ser negada. No obstante, el cuestionamiento se centra en la realidad práctica y en el resultado material que se ha obtenido de éstos como praxis democráticamente favorable. Ataques, contraataques, comedia, burlas y denostaciones son el guion principal que, en la mayoría de los casos, se apodera del escenario.

¿Quién ganó el debate? Es la pregunta recurrente una vez celebrado. Los adeptos a las y los candidatos se enaltecerán en aplausos y elogios para satisfacer la sensación de una batalla bien jugada. En cambio, la sociedad, en su mayoría escéptica o expectante de conocer los planes programáticos y propuestas, tendrá imparcialmente la oportunidad de juzgar, bajo sus parámetros y preferencias políticas, quién lanzó mejor sus cartas.

Seriedad, objetividad, conciencia, criterio, preparación, solidez de las propuestas, conocimiento del encargo, prospectiva, capacidad de análisis, congruencia retórica y material, forman parte de una larga lista de aspectos esenciales que las y los candidatos no pueden dejar de lado al tomar la tribuna en un debate. Cuando las falacias se apoderan del discurso y se desvían los objetivos centrales de la dialéctica, se deja de lado el fortalecimiento del ejercicio democrático, y con él, la posibilidad de una sociedad más y mejor informada y capacitada para ejercer su derecho al voto.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero