Revocación del mandato: mala idea¹

Publicado el 2 de agosto de 2021


Pedro Salazar Ugarte
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
pedsalug@yahoo.com

Más allá del contexto y de la coyuntura concreta siempre he pensado que la revocación del mandato de un presidente(a) no es una buena idea. En los sistemas presidenciales la estabilidad en el cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo –que, en esos regímenes, es jefe de Estado y jefe de Gobierno– es una de las pocas ventajas institucionales en comparación con los sistemas parlamentarios. Saber cuánto dura y, por lo mismo, cuándo termina un gobierno inyecta estabilidad a la vida política de un Estado y ofrece certidumbre a la sociedad. Otra cosa es discutir cuánto deben durar los mandatos y si los gobernantes deben o no tener la posibilidad de reelegirse. Pero la interrupción de un gobierno de manera anticipada por la vía de las urnas nunca me ha convencido.

Es cierto que se trata de una figura de las llamadas de ‘democracia directa’ y que goza de popularidad en sectores que objetan los rigores y reglas de la ‘democracia representativa’. También lo es que hoy se encuentra contemplada en la Constitución y que, en esa medida, constituye un derecho ciudadano. Así que, más allá de objeciones teóricas o políticas, desde la perspectiva jurídica, en el México actual es legítima y viable. De hecho, el procedimiento de activación, los porcentajes de participación para inyectarle validez y la votación necesaria para que el resultado sea vinculatorio están constitucionalizados. Así que en 2022 podría celebrarse el primer ejercicio de esta naturaleza en el México moderno. No lo recomiendo por las siguientes razones.

A mi juicio, véase por donde se vea, el ejercicio es una manzana envenenada. Estamos saliendo de una exitosa elección intermedia de la que han emanado nuevas correlaciones de fuerza en todo el país. Sus resultados delinean los horizontes posibles y previsibles para el devenir político nacional de mediano plazo. La ciudadanía participó y la autoridad electoral fue aprobada con creces a pesar de los intentos gubernamentales para desacreditarla. Esos son los mejores activos de nuestra democracia. Un intento de revocación de mandato –exitoso o fallido que sea para la causa de sus impulsores– podría tener efectos perniciosos en ambos polos. Las interpretaciones sobre el significado de los porcentajes de participación ciudadana inevitablemente estarán sesgadas por los intereses de parte y el riesgo de que la autoridad electoral sea nuevamente objeto de presiones sería muy alto.

Además son mecanismos que abonan en la polarización que tanto daño hace a las sociedades. Mucho he escuchado sobre que la polarización de fondo –la que proviene de la pobreza, la desigualdad y la exclusión– ha estado ahí desde hace tiempo y que lo único que ha cambiado es que ha cobrado expresión en la voz del gobierno y sus seguidores y obtenido respuesta por sus opositores. Puede ser cierto, pero también lo es, que esa expresión ha socavado las posibilidades de una deliberación pública atenta a los problemas nacionales –que son ingentes– y constructiva en sus resultados. El ejercicio de la revocación de mandato crisparía aún más los ánimos.

En ese sentido también es relevante que el ejercicio giraría en torno de la figura del presidente. Ello no sólo exacerbará nuestro presidencialismo, sino que anticiparía una disputa democrática en la que la elección presidencial coincide con otras elecciones y, en particular, con las legislativas. Es cierto que el ejercicio revocatorio no es equivalente a una elección del titular del Poder Ejecutivo pero sí se centra en el mismo. Ello en detrimento del protagonismo que en una democracia deben tener los parlamentos (en nuestro caso el Congreso de la Unión).

Así que los promotores de la iniciativa, previsiblemente entusiasmados con el objetivo de revocar al presidente, podrían terminar por encumbrarlo. Y no me refiero necesariamente al presidente en turno sino a la figura presidencial como institución monocrática y potencialmente autoritaria.

Por si no bastara –a mi entender– se sentaría un precedente ominoso. A partir de ahora los gobiernos futuros estarían condenados a pasar por la aduana de la revocación. Para quienes pensamos que la figura en sí misma es una mala idea, esta posibilidad potencia las preocupaciones. En lugar de que las rutinas democráticas cumplan sus ciclos y se verifiquen con la regularidad que la estabilidad demanda, viviremos bajo la zozobra de los periodos gubernamentales inciertos y la celebración de comicios recurrentes. Cada tres años las oposiciones de ocasión querrán revocar el mandato de los gobernantes en turno.

En síntesis: que AMLO se vaya en 2024 y lo sustituya quien los electores elijamos. Y si le acompañamos con un Congreso equilibrado, qué mejor.

NOTAS:
1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en El Financiero, el 7 de julio de 2021.

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