Derecho a la verdad: el caso Ayotzinapa, un ejemplo de lucha y resistencia
Publicado el 3 de agosto de 2021
Emmer Antonio Hernández Ávila
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit; maestro en
Justicia Constitucional por la Universidad de Guanajuato, y máster en Derecho
Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,
España, 2020. Actualmente doctorando en la Universidad Nacional Autónoma de
México, FES Acatlán. Investigador en Derechos Humanos del Centro Nacional de
Derechos Humanos, CNDH.
Estado de la cuestión
La democracia mexicana es un vaivén de circunstancias, condiciones y contextos que penden el hilo entre lo que siempre ha sido y el idílico de su consolidación. La situación actual no es sino el reflejo de lo que tuvo que pasar, de hechos cruentos que marcan la historia moderna del Estado mexicano y que llenan algunas de sus páginas históricas de manchas irrenunciables de proclamas, exigencias y reclamos sociales. Es importante considerar que: la democracia y los movimientos sociales se encuentran imbricados explicita e implícitamente.
Ya en los albores del siglo pasado, como precisa con puntualidad Ruiz Massieu, el proceso democrático en nuestro país tuvo sus orígenes en la Independencia y se prolongó durante décadas de lucha y reivindicaciones, entre las cuales encontramos: “el desprendimiento político de España, que de hecho no resolvió la cuestión constitutiva de México, dejó pendiente la demanda de la reforma social presente en la agenda del liberalismo, incluidas la reforma del régimen de propiedad, la desamortización de los bienes del clero y la secularización de la vida jurídica”.
En la historia reciente de nuestro país se pueden contar diversos eventos puntuales que patentan crisis, autoritarismo, reclamos, represión y necesidades puntuales de una sociedad que ha ido perdiendo el miedo a las consecuencias de exigir lo que por derecho es suyo. Los movimientos prístinos de nuestra historia evidencian el fuerte potencial social para reclamar, luchar y revertir los efectos del autoritarismo.
México se encuentra más decidido a no callar, a salir a las calles y llevar la voz de un pueblo despierto a los oídos reacios de las instituciones que, inmersas en una realidad paralela, no atienden su finalidad deontológica.
En ese orden de ideas, las siguientes líneas servirán para reflexionar, al menos en la medida de lo posible, sobre los eventos acaecidos la noche del 26 y mañana del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Se trata de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural “Isidro Burgos” y los procesos de movilización social y búsqueda de la verdad por parte de las madres y padres de los jóvenes, así como de la sociedad en general. A la fecha, la llama continúa viva, la verdad estancada y diversos cuestionamientos sin respuestas claras.
Breve explicación de la exigencia social
Inmediatamente después de los hechos que conmocionaron al país entero y a la comunidad internacional, la entonces Procuraduría General de la República emprendió una investigación compleja que se enfrentaba a dos factores fundamentales: el tiempo para localizar a los 43 estudiantes y esclarecer los demás ilícitos de esa noche y la presión de las víctimas directas e indirectas que clamaban el conocimiento de ocurrido.
Fue así como el 28 de enero de 2015, después de una pesquisa sumamente breve para la cantidad de líneas de investigación que debían despejarse, en una conferencia de prensa, se dio a conocer lo que en actos posteriores se llamaría “la verdad histórica”. En resumen, los 43 estudiantes habrían sido retenidos por elementos del grupo criminal Guerreros Unidos, llevados al basurero de Cocula, donde sus restos fueron incinerados para posteriormente ser arrojados en el cauce del río San Juan. Las inconsistencias metodológicas, fácticas, lógicas y jurídicas no se hicieron esperar.
La verdad de lo ocurrido en la noche de los hechos es, y sigue siendo, el objeto de investigación primario. La llamada “verdad histórica” fue objetada y rechazada tanto por instituciones nacionales (CNDH, a través de la recomendación 15VG/2018 y el amparo indirecto en revisión 205/2017) como internacionales (informe denominado “Doble injusticia”, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el I y II informe del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
La postura estatal de ese momento se mantuvo. Tanto el titular del Poder Ejecutivo y de la PGR sostuvieron la primera versión incluso solicitando a la sociedad cerrar el capítulo.
Sin embargo, y contrario a lo que pudieron haber pensado, la necesidad de conocer con exactitud el paradero de los 43 estudiantes normalistas se arraigó más, no sólo en la necesidad de cada una de las víctimas directas e indirectas, madres, padres y familiares, sino también en la conciencia social.
¿Cuál es el siguiente paso en la lucha por la verdad?
Así como lo ha determinado la Corte IDH en el caso Anzualdo Castro vs. Perú y otros similares donde retoma esta aclaración jurisprudencial, la verdad:
…tiene como efecto necesario que en una sociedad democrática se conozca la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos. Esta es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos y, por el otro, con la divulgación pública de los resultados de los procesos penales e investigativos. Esto exige del Estado la determinación procesal de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades. Además, en cumplimiento de sus obligaciones de garantizar el derecho a conocer la verdad, los Estados pueden establecer comisiones de la verdad, las que contribuyen a la construcción y preservación de la memoria histórica, el esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos de una sociedad.
Bajo esa tesitura, la verdad es la constante necesidad de madres, padres y familias a las que esa noche les cambiaron la vida para siempre. A casi siete años, los diálogos no han sido suficientes para paliar la necesidad de una exigencia legítima que alcanza el interés público de una sociedad que se ha mantenido solidaria a este movimiento de lucha permanente.
El derecho a la verdad, por tanto, está compuesto por dos aristas: una de carácter individual que refiere la investigación apegada a los parámetros y exigencias de derecho más amplías que permitan el acercamiento los hechos. De esta forma, la Corte IDH determinó en el caso Barrios Altos vs. Perú que
…el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención.
Por otro lado, se encuentra también la exigencia legítima de la sociedad a obtener acceso a la información que se desprenda de las investigaciones; es decir, una arista colectiva de interés general y dominio público.
El organismo autónomo federal que detenta la representación de los intereses sociales desde el año 2019 (ver acuerdo A/10/2019 por el que se crea la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa), así como la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso (CVAJ) Ayotzinapa, han establecido un conjunto de programas y acciones concretas cuyo hallazgo más reciente fue la identificación del tercer estudiante Jhosivani Guerrero. No obstante, esto resulta insuficiente para la magnitud de afectaciones y reparaciones que quedan pendientes.
El mérito no es un acto espontáneo de autorreflexión y correcto actuar de las diversas autoridades. Gran parte de los nuevos acercamientos a la verdad se deben, como ya se señaló, a la participación activa de la ciudadanía en los procesos de lucha y reclamo por la verdad. Marchas, caminatas, diálogos, protestas, en fin, los recursos empleados para obtener estos logros son incontables.
Cada uno de los actores en este caso, “el caso del México actual”, ha jugado un papel importante, pero el rompimiento del silencio social y la exigencia de justicia han marcado, y marcarán, la pauta en el descubrimiento de la verdad y la ruta futura que tome el asunto en las instancias nacionales e incluso, de así requerirlo, internacionales.
Finalmente, qué es la verdad en los casos de desaparición forzada sino el abono a una deuda inalcanzable que el Estado debe cubrir. Lo menos que puede esperarse en todos los casos de esta naturaleza es que se empleen de manera efectiva y eficaz cada una de las herramientas del Estado para aproximar, de forma imparcial, exhaustiva y satisfactoria, cada uno de los hechos que permitan dar con el paradero de las y los desaparecidos.
Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero