Apuntes judiciales¹

Publicado el 20 de agosto de 2021

Pedro Salazar Ugarte
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
pedsalug@yahoo.com

Celebré públicamente –junto con algunos distinguidos y respetados colegas– el discurso del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, mediante el que anunció que no aceptaría una eventual prórroga de su mandato en esa función. Lo hice y lo hago sin más. No regateo las formas ni los tiempos. Lo que valoro y reconozco es la decisión en su sentido y efectos. Fue una decisión política, como él mismo argumentó, que cada día era más necesaria. Una mala ocurrencia que se transformó en una decisión legal corrosiva, quedó zanjada y, a mi juicio, eso es lo que importa. Ahora toca mirar hacia adelante.

Critiqué –también de forma pública– los afanes del magistrado José Luis Vargas por mantenerse en el cargo de presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las formas y el momento –¡justo cuando tenían sobre la mesa las impugnaciones de la reciente elección federal!– con las que sus colegas lo removieron y eligieron en su lugar a un magistrado probo y serio, pero políticamente intransitable. Por lo mismo celebro y reconozco el acuerdo mediante el que las y los integrantes de la Sala Superior de ese tribunal destrabaron el entuerto y abrieron la compuerta para que vaya fluyendo la densa tensión que durante años han venido acumulando. Falta el desenlace de esa crisis anticipada y cantada, pero al menos se vislumbra la salida.

El presidente de la República no ha perdido la ocasión para generar zozobra. Está documentada su animadversión hacia el poder que debe controlar y, en su caso, invalidar los actos de su gobierno y, en sintonía con ese ánimo antijudicial, aprovechó el zafarrancho de hace unas semanas para retomar su resbalosa embestida. De paso amenazó al Instituto Nacional Electoral –que es otra institución que lo obsesiona y obnubila– y repartió descalificaciones a mansalva. De nuevo su discurso se adornó con epítetos como “conservadores” o “antidemócratas” para denostar a quienes no siguen sus huellas.

La situación no es anecdótica sino preocupante. El presidente de la República, primero, descalificó a las y los ministros de la SCJN y declaró su incapacidad para conducir la implementación de la reforma judicial; después, anunció la renovación del Tribunal Electoral y; para rematar, desde La Laguna, habló de un Poder Judicial podrido y con “mentalidad muy conservadora”. De hecho, afirmó que desconfiaba del Poder Judicial porque “jueces, magistrados y ministros, están al servicio de los grupos de interés creados”. No aclaró quiénes representan dichos intereses, pero no tuvo reparos para insinuar que obtener el amparo de la justicia –a su entender– es un acto sospechoso de corrupción.

Así como he dejado apuntado que celebro que la SCJN y el TEPJF hayan encontrado el cauce para salir del atolladero en el que estaban, creo que merece la pena anotar que sus cuitas han atizado el embate presidencial. Los tiempos de la Corte –y de su presidente– para desmarcarse del buscapié que le soltó el Legislativo dieron batería al discurso del presidente de la República. El político soltó el cuete y, como nadie lo apagó, aprovechó la danza para mofarse del enredo. Hasta ahora el perdedor ha sido el Poder Judicial Federal que busca reformarse, pero encuentra cada vez más resistencia a su labor sustantiva. El Poder Ejecutivo le va marcando el paso a punta de denostaciones.

En el caso de la Sala Superior del TEPJF la situación es peor porque tocaron piso y no logran siquiera levantar el vuelo. Desde el poder político se insinúa una renovación anticipada y se mantiene vivo el vicio de origen que manchó a la integración actual y que los magistrados aceptaron. El dirigente nacional de Morena ata ambos eslabones recordando cómo algunos magistrados se beneficiaron con una ampliación de mandato envenenada: “se corrompió el Tribunal, pues sus magistrados obedecen a quienes, de manera ilegal, les ampliaron el plazo como magistrados”; por eso “es necesario renovar por completo al Tribunal Electoral, que se vayan todos”, dice Mario Delgado. Ya después no explica por qué también habría que renovar al Consejo General del INE, pero una vez acelerados.

Concluyo intentando extraer dos lecciones de esta coyuntura que debemos superar –ojalá– pronto. Primera: la idea de ampliar mandatos por encima de las normas solo provoca problemas. Segunda: para evitar que los juegos de poder distorsionen a las reglas de la justicia, las rutinas institucionales deben respetarse y los cantos de las sirenas deben ignorarse.

NOTAS:
1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en El Financiero, el 18 de agosto de 2021.

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