Los otros desaparecidos: una historia de masacres, desapariciones, migración y etnicidad en vilo

Publicado el 1 de septiembre de 2021

Abel Rodríguez Carrillo
Posgrado en Antropología, Escuela Nacional de Estudios Superiores UNAM-Unidad Morelia
arodriguezcar@gmail.com

Han pasado 11 años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas. Crimen atroz que cometió el grupo delictivo Los Zetas en contra de 72 centroamericanos y sudamericanos (14 mujeres entre ellos); quienes tras haber sido secuestrados —de acuerdo con la narrativa de los hechos de algunos de los sobrevivientes— no lograron pagar las fianzas para su liberación y, finalmente, después de haberse negado a formar parte del grupo de sicarios, fueron cobardemente asesinados con un tiro de gracia para posteriormente ser apilados en una bodega abandonada del ejido El Huizachal.

Esta noticia visibilizó un problema que, si bien ya había en toda la frontera, no se había suscitado en las dimensiones de la masacre de aquel 23 de agosto del 2010 —o al menos se desconocía, porque no había sobrevivientes de semejantes hechos—, logrando atraer la atención de medios internacionales que replicaron la noticia como “La matanza de Tamaulipas”, donde había entre las víctimas hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, ecuatorianos y brasileños. Tras el reconocimiento de estos hechos por parte del Estado mexicano a través de la entonces Procuraduría General de la República ante la presión que ejercieron tanto embajadas como organismos internacionales, vinieron una serie de condenas al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos, donde destacaba, entre otras

…a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno y al honor, relacionados con la pérdida de la vida de 72 personas migrantes de distintas nacionalidades; asimismo, se advierte violación a los Derechos Humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica en perjuicio de V73 y V74, así como a la privacidad y protección de datos de identidad de V73, quienes sobrevivieron a los hechos (Recomendación número 80/2013, CNDH)…

Sin embargo, pese a las recomendaciones emitidas respecto a las atrocidades consumadas en aquel momento, así como las leyes y marcos normativos que fundamentan el accionar de las instituciones que hoy día velan por los derechos humanos en nuestro país (como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH] y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas [CEAV]), la violencia ha continuado no sólo en esta frontera, pues cabe señalar que escenas similares se propagaron en distintos puntos de la República mexicana, donde la presencia y disputa entre grupos delictivos por el control del trasiego de estupefacientes han representado enclaves de violencia generalizada y donde de forma cotidiana se violan los derechos fundamentales de las personas inmigrantes que buscan una mejor calidad de vida del otro lado de nuestra frontera norte.

Otra expresión emblemática de esa violencia y desatención del Estado mexicano para con sectores vulnerables en la región acaeció a inicios de abril del 2011 (apenas nueve meses después de la masacre), nuevamente en el mismo municipio San Fernando, Tamaulipas. Esta vez se trataba del asesinato de 145 personas halladas en diversos puntos próximos a San Fernando. Desafortunadamente, esta cifra creció con el paso de los días hasta llegar a 193 cuerpos encontrados en 47 fosas clandestinas (“Los misterios de la masacre de San Fernando”, en Animal Político). La identidad de las víctimas era muy difusa, pues apenas se sabía de que una persona era de origen guatemalteco, esto atrajo otra vez la mirada de los organismos y medios internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que instó al Estado mexicano

…a maximizar sus esfuerzos para evitar que se repitan estos crímenes, a determinar la identidad de las víctimas, y a investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, ya sea que se trate de delincuencia organizada o de agentes del Estado en colusión con ésta. Asimismo, la Comisión Interamericana hace un llamado al Estado de México a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para proteger a todos los migrantes en su territorio y garantizar el respeto absoluto a sus derechos humanos (comunicado de prensa, OEA, 18 de abril de 2011).

Ante este escenario, la parsimonia del actuar de las instituciones del Estado ha sido totalmente responsable —por su poca acción y omisión— ante la realidad que viven miles de inmigrantes en nuestro país. Apenas dos meses previos a estos hechos, en febrero de 2011, la CNDH había emitido el “Informe especial sobre secuestro de migrantes en México”, donde señalaba que

Según la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), al año ingresan a México aproximadamente 150 mil migrantes indocumentados, la mayoría provenientes de Centroamérica. De acuerdo con organismos de la sociedad civil esta cifra asciende a 400 mil.

Asimismo, advertía que la población migrante padecía un acceso limitado a sus derechos sociales y económicos desde su país de origen; hecho que se agravaba a su paso por México. “Su carácter de indocumentados los expone a un sinnúmero de violaciones a sus derechos, ya sea por la delincuencia organizada o por acciones u omisiones de algunos servidores públicos” (ibidem, p. 7). Además, destacaban de manera incisiva que tanto la frontera sur como la norte representaban la mayoría de los casos de secuestros. Por un lado, al sur con un vergonzoso 67% de los casos, mientras que el 30% se encontraba al norte. Restando un 3% que era reportado en el resto del país.

No obstante, este informe no se tradujo en acciones concretas que garantizaran la protección de los derechos humanos de la población vulnerable. Simplemente el escenario y las operaciones de los grupos delictivos se diversificaron y recrudecieron en su actuar aprovechando la pasividad del Estado y la nula procuración de justicia. En este tenor, ni el acceso a la justicia ni el derecho a la verdad fueron una premisa del Estado mexicano para con las víctimas y sus familias, ni para con la sociedad en general. Pues de las características e identificación de las víctimas, modus operandi de los grupos delictivos que les interceptaron en su paso por San Fernando u otros datos que abonaran al conocimiento del contexto social en que se suscitaron los hechos poco se habló; de no ser por el trabajo periodístico que se realizó en la zona, donde gracias a la recopilación de la memoria y testimonios de los lugareños se sabían detalles de los lugares de detenciones, exhumaciones, y hasta procedencia de otras personas que fueron negadas de la narrativa oficial de aquellos hechos. Como fue el caso de la persona originaria de la India, que sólo se dio razón de su existencia a través del trabajo periodístico de Gary Moore (“Inside the Black Hole”).

En consecuencia, lo anterior nos lleva a repensar acerca de diversos puntos que resulta apremiante poner sobre la mesa, comenzando por cuestionar al Estado y sus instituciones acerca no sólo de las leyes y marcos normativos implementados desde aquellos años hasta la actualidad a favor de la reparación del daño a los familiares de las víctimas —porque cabe destacar que en muchos casos ya existen en papel y dan luz a vacíos legales que hubo por décadas—, pero en la práctica, o como refieren dentro de la jerga legal “en lo económico”, no hay evidencia clara y contundente que dé cuenta de la efectividad de estos instrumentos. Huelga referir demás crímenes y masacres en Tamaulipas y el resto del país, que se enlistan por cientos de acuerdo con la organización Causa Común,así como por colectivos sociales.

Entonces, ¿a qué debemos que no haya avances en la garantía a la no repetición y el conocimiento de la verdad en torno a estas u otras masacres? ¿Acaso es por la ineptitud de los actores a cargo, la participación de autoridades corruptas en dichas atrocidades, la burocratización de los procesos de justicia y en ellos la endeble debida diligencia dentro de las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, el desconocimiento u omisión de leyes y normas por parte de funcionarios a cargo; o bien, a la falta de sensibilidad, involucramiento y/o participación de expertos en temas de perspectiva de género, migración y pueblos indígenas?

Esto último con clara referencia a la invisibilidad que adquieren las personas de sectores vulnerables —ya de por sí minimizadas— a causa de su pertenencia étnica, su adscripción de género, su grupo de edad, entre otras características de minoría dentro de estos grupos marginados desde su lugar de origen y doblemente estigmatizados por su paso ilegal por nuestro país. No sólo marginados desde los discursos nacionales propios de los lugares de procedencia donde las condiciones sociales, económicas y políticas los han empujado a dejar sus terruños en busca de aquello que, en el mejor de los casos, obra en papel; pero en la práctica no existe, como lo son los derechos fundamentales de todo ser humano: la dignidad y la libertad.

Finalmente, ¿cabe la posibilidad de reconocer que la estrategia ha fallado o, al menos, no es suficiente aplicar medidas restaurativas —o en su defecto, paliativas— cuando el problema nos ha rebasado a tal grado que ahora sólo contabilizamos masacres, muertos, desaparecidos, víctimas y demás, en la búsqueda de sentido a tales hechos dejando de lado ahondar en las causas originarias y análisis de los contextos de violencia y sus actores, información que darían luz en aras de construir un verdadero cambio de fondo a la situación social actual de nuestro país?

Mientras esto pase seguiremos obviando las historias de los otros desaparecidos. Historias de masacres, desapariciones, migración y etnicidades en vilo.

Formación electrónica: Ignacio Trujillo Guerrero, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero