Delitos contra la salud: ¿aristas judiciales o sanitarias?

Publicado el 03 de noviembre de 2021

Jordan Vladimir Tello Ibarra
Universidad Autónoma de Nayarit
vladimir.tello@uan.edu.mx

México pretende solucionar todos los problemas de seguridad con prisión. Y aunque en los últimos años se han ampliado los cuerpos policiales, las cárceles y los presupuestos de seguridad pública, la delincuencia no ha logrado disminuir. Como una política regresiva, las prisiones son un caldo de cultivo que propicia nuevos escenarios delictivos frente a la ilusoria propuesta de la reinserción social, replanteada en 2016 en la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal.

A raíz de la guerra contra el narcotráfico (2006), la Iniciativa Mérida (2008) y la cada vez mayor cooptación de ciudadanos a las filas del crimen organizado —principalmente jóvenes, pobres y mujeres—, los delitos contra la salud han tomado protagonismo en la tipificación delictiva de los índices nacionales del sistema penitenciario. Si bien los delitos contra la salud comprenden diferentes elementos, en las últimas décadas esos tipos de delitos en México se han asociado directamente a aquellos relacionados con los narcóticos y el narcotráfico.

El problema anterior preocupa y ocupa a las políticas estatales, principalmente por los canales económicos que fluctúan a la sombra de las tesorerías nacionales, por los crecientes enfrentamientos y extorciones que vulneran la gobernabilidad, y porque en la agenda pública la seguridad es lo que más preocupa a las y los mexicanos. ¿Desde qué perspectiva se está dilucidando el problema?

La magnitud del narcotráfico no solo se refleja en las ganancias monetarias y la capacidad de movilización de grupos de oposición al Estado, es también el reflejo de uno de los problemas de salud pública más doliente y poco abordado: la drogadicción. Si existe un mercado para la comercialización, es porque evidentemente hay un mercado masivo de consumo.

El 27 de octubre de 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit publicó en su página de Facebook una lista de personas detenidas. De 16 personas aseguradas, 15 estaban por portación de “cristal” y marihuana, detenidos en diferentes puntos de la ciudad.

Esas personas pueden ser micro distribuidores detenidos por comercialización o consumidores detenidos por portación, pero serán trasladados a las instancias correspondientes y se les abrirá un expediente. Si tienen dinero podrán acceder a servicios jurídicos particulares, si tienen redes de apoyo quizá podrán pagar una fianza, pero si no, formarán parte de las estadísticas penitenciarias. La arista desde la cual el Estado actúa frente al problema es eminentemente judicial.

¿Cuál es la arista sanitaria? La salud no es exclusivamente un asunto hospitalario o de enfermedades, atañe también a los estados de bienestar psico-social. Al menos, en la revisión de antecedentes y exámenes toxicológicos la mayoría de las personas que llegan a prisión arrastran problemas de drogodependencia. Hay un ciclo vicioso en el cual se entra como consumidor y se enlaza ante el conflicto con la ley penal, por la portación de narcóticos; después por la cooptación de grupos criminales para ser distribuidor, y si no se es distribuidor, la necesidad de consumo y las fuentes de ingreso insuficientes pueden ser catalizadores de conductas en tensión o móvil criminógeno.

La atención de los delitos contra la salud demanda una política de perspectiva sanitaria, esa arista poco visible de la cruda realidad de quienes son parte del crimen organizado, chivos expiatorios, siervos; el último eslabón de la larga cadena del tráfico de drogas. Tan sólo en México, los delitos contra la salud son la segunda causa de encarcelamiento de mujeres en el fuero común y la primera del fuero federal, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres.¹ Las mujeres llegan al narcotráfico por pobreza, son condenadas por delitos contra la salud y salen de la cárcel más vulnerables, sin un camino a la reinserción.² La situación se repite en el caso de jóvenes, campesinos y grupos sociales interseccionales.

Hacer visibles los delitos contra la salud desde la arista sanitaria es articular estrategias nacionales de salud pública contra las adicciones; contra los factores de riesgo fuertemente ligados al consumo. Ver la parte sanitaria es comenzar a ver el problema desde la mirada de la justicia restaurativa, en la cual somos parte como comunidad. Se busca la reparación del daño, una reinserción social sin encierro, en atención directa a la exclusión social que la persona en conflicto con la ley penal puede tener. Desde lo judicial se busca la justicia punitiva, desde lo sanitario es apostar por la justicia restaurativa. No es la panacea, pero es el paso inicial que frente a los delitos contra la salud México puede dar.

NOTAS:

1 Instituto Nacional de las Mujeres, “Mujeres y prisión: propuestas para un abordaje con perspectiva de género”, comunicado del Gobierno de México, 30 de enero de 2017, disponible en: https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/perspectiva-de-genero-en-beneficio-de-mujeres-en-reclusion?idiom=es (fecha de consulta: 21 de junio de 2021).
2 Vega, Andrea, “Mujeres llegan al narcotráfico por pobreza y salen de la cárcel más vulnerables, sin un camino a la reinserción, Animal Político, 24 de septiembre de 2019, disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/09/mujeres-carcel-narcotrafico-amnistia-reinsercion/.

Formación electrónica e incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero, BJV