¿Qué debemos entender por política de “mano dura”?

Publicado el 16 de marzo de 2022

Xochithl Guadalupe Rangel Romero
Profesora investigadora en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
xochithl.rangel@uaslp.mx

En mayor medida, aquellas políticas de seguridad que van contra la criminalidad son aceptadas por la sociedad y su opinión. En muchas ocasiones éstas son utilizadas para ganar aceptación por parte de los políticos frente a la comunidad. Lo anterior basado en que sólo una “mano dura” frente a la criminalidad puede frenar de forma contundente los impactos que se generan.

Las políticas de “mano dura” surgen entre los años sesenta y noventa sobre todo en América Latina, en donde la figura imperiosa de las instituciones militares fue utilizada para reprimir de forma contundente las acciones que los ciudadanos encaminaban y lograr “orden” en el Estado. Fue muy común dentro de las naciones de este hemisferio occidental encontrar países que tomaron como lema político-social el de “ley y orden”. Haciendo referencia a que sólo la norma puede llevar de forma terminante a una estabilidad dentro del espectro de la sociedad.

Derivado de las acciones de “mano dura” se empezó a notar que el mantenimiento del “orden” debía darse a través del uso exacerbado de la penalización de delitos de bagatela y cambios normativos expeditos para lograr una verdadera criminalización de los sujetos. Dando como derivación la violentación, en muchas ocasiones, de los derechos humanos de las personas en este tipo de acciones de “mano dura”. Asimismo, es notorio que los sistemas penales y su infraestructura fueron utilizados de forma inminente con la intención de lograr inocuizar al ciudadano de realizar conductas antisociales. Es por eso que las políticas de “mano dura” dejan de lado todo el espectro de los derechos humanos. Ello en razón de que se deja de lado que son personas que cuentan con derechos frente al Estado, y que, por el contrario, son visualizadas como “enemigos” a los cuales no debe reconocérseles ningún derecho.

En mayor medida, la idea de que un sujeto es un enemigo trajo como derivación que hubiera tratamientos diferenciados por ley frente a los sujetos que cometen conductas antisociales delictivas.

Así, las acciones de “mano dura” tuvieron gran aceptación dentro de los años ochenta y noventa, ello derivado de la gran cantidad de criminalidad que presentaban los estados y los grandes impactos que se tenían frente a la comunidad. Por lo cual, una política de “mano dura” busca reprimir a toda costa las acciones de la criminalidad con la finalidad de mantener orden público. Sin embargo, el mantenimiento del orden se lograba a través de un uso exacerbado de las instituciones militares y de seguridad y del uso abusivo de la ley frente al ciudadano.

La base de las políticas de “mano dura” va encaminada a buscar represión en contra de los delincuentes de bagatela, y de igual modo se busca reducir todas y cada una de las garantías de debido proceso frente al sujeto transgresor de la ley (nulificando sus derechos humanos), así como la presencia contundente de las instituciones militares y de seguridad, con la finalidad de generar intimidación.

Fue muy común encontrar grandes abusos por parte del Estado frente al ciudadano, no sólo buscando inocuizar acciones, sino verdaderamente aplicando el papel del Estado de una manera indiscriminada y poco coherente frente a las necesidades verdaderas del ser humano.

Las políticas de “mano dura” no implican necesariamente efectividad, pues es notorio en aquellos Estados-naciones donde su aplicación duró por mucho tiempo que la criminalidad y los efectos generados por ésta siguen permeando ya entrado el siglo XXI. Por lo cual, será importante, al presente, evaluar los costos y beneficios de la aplicación de políticas, específicamente de esta naturaleza, frente a la criminalidad. Es por eso que dentro de las gestiones que ha encaminado el siglo XXI está el replantear de una manera generalizada el uso de las políticas de “mano dura” frente a la criminalidad.

Dado que en la actualidad su uso se cuestiona, ¿verdaderamente las políticas de “mano dura” tienen efectividad frente a la criminalidad de este tiempo?, ¿pueden las políticas de “mano dura” tener efectos positivos en la vida del ciudadano transgresor de la ley?

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero