Pedro Salazar Ugarte
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
pedsalug@yahoo.comA propósito del Conacyt y el plagio1
Publicado el 18 de marzo de 2022
Pedro Salazar Ugarte
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
pedsalug@yahoo.com
La comunidad académica dedicada a la investigación con mayor prestigio en el país está ofendida y agraviada. Una vez más las decisiones que emanan del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología han generado indignación y molestia justificada. La lista de agravios aumenta sin cesar. Menciono de memoria algunos temas que han dinamitado la confianza entre la autoridad rectora del ramo y las personas dedicadas a la investigación científica y tecnológica en el país.
El apoyo irrestricto a la desaparición de los fideicomisos públicos, con lo que se desfondó a los centros públicos de investigación, a proyectos de vinculación científica de mediano y largo plazos y también a las asociaciones civiles dedicadas a la promoción de estos menesteres. Montados en la embestida presidencial contra esos fondos, los funcionarios del Conacyt contribuyeron a la pauperización de proyectos e iniciativas que había tardado décadas construir.
En el caso de los centros públicos de investigación el tema del CIDE adquirió –hasta el día de hoy– relevancia específica sin paragones. Un centro de prestigio internacional con fuerte vocación social y un nivel académico de excelencia fue maltratado y agredido desde el poder. Los saldos son en todos los frentes negativos. El conflicto sigue y va para largo y, mientras tanto, las personas estudiantes y las docentes e investigadoras asisten a la evaporación de sus proyectos académicos de vida.
La persecución mediática y penal de un grupo de personas científicas y administradoras de un foro creado por mandato de ley que gestionó y generó recursos que fueron auditados le dio la vuelta al mundo. La alianza del Conacyt con la Fiscalía General de la República sorprendió e indignó a propios y extraños. El talante autoritario de la acción confirmó una ruptura –que se antoja irreparable– entre la autoridad pública y la comunidad científica nacional (con ecos internacionales).
Para colmo, el titular de la Fiscalía General fue premiado con el mayor reconocimiento como investigador nacional por un comité ad hoc sin respetar procedimientos y sin justificación académica alguna. La sumatoria de decisiones se prestó a las peores interpretaciones y fue coronada hace unos días con un despropósito ulterior. La Junta de Honor y el Consejo General del Sistema Nacional de Investigadores desestimaron y desecharon una queja presentada por presunto plagio cometido, precisamente, por el fiscal en las obras por las que fue premiado.
Centro mi atención en esto último que, a mi juicio, es la peor falta en la que puede incurrir una persona dedicada a la investigación científica tecnológica, cultural o humanística. La razón es simple: quien plagia roba las ideas de otras personas en aras de un beneficio propio. Defrauda de esta forma la razón y sentido de su misión profesional. Por eso, el código de ética de la UNAM (aprobado en julio de 2015 por el Consejo Universitario) contempla los siguientes principios como directrices axiológicas prioritarias:
“Reconocimiento y protección de la autoría intelectual.
El reconocimiento de la autoría intelectual debe realizarse en todas las evaluaciones académicas o laborales de la Universidad, así como en el otorgamiento de premios, distinciones o nombramientos honoríficos.
Por ende, la UNAM debe salvaguardar la autoría intelectual de todo tipo de obras e invenciones que se desarrollen individual o colectivamente por los miembros de la comunidad universitaria. Debe, por tanto, promover su registro para el reconocimiento de la autoría intelectual y actuar contra toda persona o institución que haga uso indebido de las mismas.
La titularidad de la propiedad intelectual de las creaciones e invenciones que se generen en la Universidad le pertenece a la misma. La Universidad promoverá su registro tomando en cuenta la responsabilidad social que le corresponde y salvaguardando los derechos de todos los actores involucrados”.
Por si no bastara, en relación directa con el plagio, más adelante se recoge este otro principio ético fundamental:
“Integridad y honestidad académica.
La integridad y la honestidad son principios del quehacer universitario. Por ello, todos los miembros de la comunidad académica deben apegarse en todas sus actividades al rigor académico en la búsqueda, ejercicio, construcción y transmisión del conocimiento, así como ser honestos sobre el origen y las fuentes de la información que empleen, generen o difundan.
La integridad y la honestidad académica implican:
Citar las fuentes de ideas, textos, imágenes, gráficos u obras artísticas que se empleen en el trabajo universitario, y no sustraer o tomar la información generada por otros o por sí mismo sin señalar la cita correspondiente u obtener su consentimiento y acuerdo.”
Es algo tan elemental como fundamental. Por eso indigna tanto la maniobra adoptada para desechar el caso. Una más entre otras tantas. Temo que todavía falta.
NOTAS:
1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en El Financiero, el 16 de marzo de 2022.
Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero