Dos conmemoraciones: 15 años de la interrupción legal del embarazo y 30 años de la
relación entre el Estado Vaticano y el Estado Mexicano¹

Publicado el 2 de mayo de 2022


Pedro Salazar Ugarte
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
pedsalug@yahoo.com

Cuando Marcelo Ebrard era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Leticia Bonifaz era la Consejera Jurídica de la entidad, en coordinación de un amplio frente de organizaciones y mujeres, se logró impulsar una reforma histórica. Por primera vez, en nuestro país, interrumpir un embarazo fue una decisión legal.

Ayer se cumplieron 15 años de ese momento que trascendió de la movilización social hacia la acción política y, desde ahí, transformó a las normas para llegar y cambiar la vida de miles de mujeres.

Con el tiempo el impacto expansivo del cambió –gracias, sin duda, a la acción constante y militante de organizaciones de mujeres de todo el país– se fueron transformando otros ordenamientos y, en esa medida, amplificando la garantía de los derechos reproductivos de generaciones presentes y futuras.

Actualmente son seis entidades en las que se ha legalizado la interrupción del embarazo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado decisiones categóricas que desautorizan su penalización. Falta mucho, sin duda, pero se avanza.

La puerta se abrió hace tres lustros en la capital del país. Detrás del cambio hubo mucha deliberación, mucho aprendizaje, mucha movilización pero, sobre todo, mucha reivindicación inteligente de mujeres valientes y admirables.

Detrás de sus convicciones, de manera ineludible, gravitó una ética laica y feminista. De la laicidad se alumbró la convicción de que las nociones de pecado y delito –como nos enseñó Beccaria– deben escindirse y también, quizá sobre todo, la idea sólida de que la ciencia aporta razones que desmontan dogmas y prejuicios.

Sobre esta directriz laica –que es la que debe orientar la decisión de las autoridades– merece la pena una cita constitucional. Podrían ser varias pero con una basta. Dice el artículo 40 de nuestra –así llamada– Carta Magna reformada en el año 2012:

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

La introducción del concepto “laica” es la única modificación a ese artículo desde su aprobación en 1917. Nunca dejó de sorprenderme que se verificara en tiempos de un gobierno panista, porque la idea y el proyecto laico abrevan de la tradición liberal y federalista que supo tomar distancia intelectual y política del pensamiento católico que pretendió maniobrar el devenir del México posindependiente. Y que, por supuesto, era (y sigue siendo) profundamente antifeminista.

Me permito comprar la retórica del momento actual: si la “1T” estuvo entrampada en el catolicismo, la “2T” y la “3T” fueron la afirmación tozuda de la gesta laica por las libertades modernas. La lucha de la Independencia estuvo anclada a su empuje católico pero fue madurando en un movimiento de Reforma y, sobre todo, en un proceso revolucionario de matriz genuinamente liberal. Con esas dos últimas transformaciones históricas el juarismo político terminó por triunfar.

Desde ahí abrevó la reforma mediante la cual se legalizó la interrupción del embarazo en la Ciudad de México hace tres lustros. Quienes impulsaron y materializaron el cambio normativo –no importa si lo hicieron con conciencia histórica– sedimentaron ideas y aspiraciones con origen decimonónico que maduraron en un proyecto social y político en el que la libertad derrotaba a la ignorancia. Supongo que la perspectiva de género no estaba presente en las agendas primigenias pero eran la implosión que hundiría a la tradición conservadora.

Ayer también se verificó otro evento. El Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, visitó –durante 15 minutos– la “capilla sixtina en México”. La Jefa de Gobierno de la ciudad aseguró –según documentó la prensa– que al presidente, quien lo acompañó, le gustó mucho la exposición. También ella estuvo presente. Y recordó que “era la conmemoración de los 30 años de la relación entre el Estado Vaticano y el Estado Mexicano”.

Una relación –curiosos son los datos de la historia– que sancionó legalmente el presidente Carlos Salinas de Gortari. No es posible ignorar los hechos. Por un lado, los gobiernos –nacional y citadino– ignoran la conmemoración del proyecto político y jurídico que más ha combatido la iglesia católica y, en simultáneo, celebran el evento político más cuestionable –en términos de la congruencia laica del Estado mexicano– del sexenio que más detestan el presidente y las personas que le siguen.

Eso que llaman 4T es una contradicción de cuatro bandas. Qué ni qué.

NOTAS:
1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en El Financiero, el 27 de abril de 2022.

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