Querétaro, el agua y el Acuerdo de Escazú

Publicado el 16 de junio de 2022

Andrés Vázquez Hernández
Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Querétaro
email andres.vaz.hdz@gmail.com

En el marco del Día de la Tierra, el 22 de abril de 2021 se festejó con bombo y platillo la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú, por la cede en que fue aprobado, y firmado por los Estados miembro en el 2018.

Es de reconocerse el gran valor que tiene este tratado, ad hoc para el contexto latinoamericano, donde día con día se hace frente a la precariedad y la injusticia manifiesta en el hambre que sufren millones de personas, pese a encontrarse sobre territorios vastos de recursos naturales y rodeados de suelos productivos. El Acuerdo de Escazú es una declamación poética de la necesidad de justicia del continente; los tres derechos de acceso —información, participación y justicia— constituyen una maduración notoria en la forma de comprender el derecho en general, pero de forma particular, al derecho ambiental y el alcance de los principios de precaución, in dubio pro natura, participación y responsabilidad compartida diferenciada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha trazado una línea argumentativa para abordar el tema ambiental. Partiendo del reconocimiento de la dimensión individual y colectiva del derecho a un ambiente sano, que implica reconocer el interés de generaciones presentes y futuras sobre la salud y el bienestar del planeta. Ha deducido también que tienen interés legítimo ambiental todas las personas que gozan de los servicios ambientales que presta el ecosistema afectado y/o su entorno adyacente. Además, ha reconocido la necesidad de la participación pública como elemento fundamental para la protección del ambiente y se ha instrumentado el principio de precaución mediante la inversión de la carga de la prueba en asuntos ambientales.

Durante los últimos meses, la ciudad de Querétaro se ha encontrado en pugna con la iniciativa de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, cuyo proceso legislativo resultó en un monólogo ejercido por los legisladores locales y vetado positivamente por el gobernador para publicarse en el Diario Oficial el pasado 21 de mayo.

El contexto es complicado de por sí, como es todo conflicto en torno a recursos finitos y vitales para el desarrollo humano, pero vale la pena observar detenidamente y cuestionar. La metrópolis queretana alcanza tres municipios: Corregidora y El Marqués, además de la capital. A lo largo y ancho de la ciudad se observan grandes contrastes: viviendas irregulares, casas sin agua o con servicio suministrado irregularmente, fraccionamientos con una o varias albercas funcionando durante seis días a la semana, fraccionamientos de élite con casas gigantescas y albercas privadas, campos de golf, industria por cada rincón de la ciudad.

Diversos colectivos han denunciado públicamente que la ley es un intento de privatizar el agua a través de la concesión; si bien no se concede plenamente, sí se restringe de acuerdo con la capacidad de pago. Es preocupante, sin embargo, la laxitud con la que se abordan cuestiones relativas al otorgamiento de contratos de concesión, toda vez que se encuentra en proceso la próxima Ley General de Aguas, que regulará el uso de este recurso a nivel nacional y, una vez que ésta cobre vigencia, no podrán modificarse o cancelarse las concesiones otorgadas por la ley local. Pareciera que quienes detentan el poder en Querétaro se estuvieran adelantando a la posibilidad de tener un acceso restringido al recurso hídrico una vez entrando en vigor la Ley General de Aguas.

Lo anterior puede que sea un problema. Aquí no falta agua, o tal vez sí, pero no a todos. Algunas personas tienen que almacenarla para realizar su aseo elemental durante un par de días; otras no conocen la intermitencia en el servicio de agua potable. En la ciudad no hace falta, no molesta o parece no molestar. Sin embargo, los pobladores indígenas de Santiago Mexquititlán y otras comunidades de Amealco llegaron a hacer manifiesto que en Querétaro hay un problema con la escasez de agua. Ya son varias las ocasiones que se han plantado frente al acceso de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) exigiendo la regularidad en el servicio, “NO TENEMOS AGUA”, reclaman.

La CEA se encuentra sobre la principal, o una de las principales, arterias vehiculares de la ciudad. Las manifestaciones han detenido durante varios minutos la avenida 5 de Febrero, extensión de la carretera federal 57. La molestia de muchos queretanos citadinos y apresurados por llegar a sus labores diarias no ha sido menor; los hay quienes apoyan e incluso se han unido a las manifestaciones, en particular jóvenes universitarios que se contagian del valor de los y las compañeras de lucha, y también hay quienes incluso exigen el uso de la fuerza pública para descongestionar el tráfico y poder pasar con su automóvil ese tramo vital de un kilómetro de vialidad.

El pasado 10 de junio, durante una manifestación que se instaló nuevamente frente a la CEA, bloqueando el paso central y lateral de norte a sur de la 5 de Febrero, ocurrió por fin la intervención de la policía estatal, resultando detenidos Armando Isidro Eduardo, miembro del Congreso Nacional Indígena, así como Roberto Garrido y Juan Pablo López Sevilla, integrantes de la Red en defensa del Agua y la Vida. La disolución de la manifestación fue breve, se presentaron los granaderos y ejercieron una tarea concienzuda y caótica; unos cuantos golpes que quedaron capturados en vídeo, indignación, frustración, lágrimas y… el tráfico normal sobre la avenida dos minutos después.

La manifestación continuó a las afueras de la unidad 5 de la Fiscalía General del Estado, se realizaron las quejas correspondientes ante el ombudsman local y se permaneció en pie hasta la liberación de los tres compañeros.

Independientemente de las condiciones materiales que ya se conocen y que dificultan el ejercicio de los derechos humanos, la falta de agua hace vulnerable a cualquier persona. Las y los manifestantes son personas defensoras del derecho humano a un ambiente sano; se encuentran protegidas al amparo del Acuerdo de Escazú, en consideración de la vulnerabilidad que les aqueja.

Siguen preguntas pendientes: ¿cómo causar la vigencia de este acuerdo regional frente a un Estado represor?, ¿dónde queda la consulta previa, libre, informada y conforme a los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas de Amealco?, ¿cómo se permite la explotación institucional de la imagen de los pueblos y comunidades indígenas mientras se les trata como criminales tras bambalinas?, ¿qué hay de la responsabilidad ética del queretano promedio, ese que no se indigna pero sí sufre la escasez de agua?


Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero