Salud mental, derechos humanos y
obligaciones del Estado

Publicado el 10 de octubre de 2022

Joel Ricardo Nevárez del Rivero
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del
Estado de Durango, candidato a investigador nacional del Sistema Nacional de
Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
jrndr2015@gmail.com

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, conmemoración impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental en coadyuvancia con la Organización Mundial de la Salud (https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-salud-mental-2021). Si el derecho a la protección de la salud es un derecho fundamental de la mayor importancia cuando analizamos sus generalidades y contenidos más amplios desde una perspectiva social, no podía ser de otra manera cuando nos referimos a una vertiente muy particular del mismo, que es justamente la que estamos abordando en el presente texto: la salud mental.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Gobierno Federal, en México 8 de cada 10 personas con algún problema o condición mental son ignoradas (https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-Mexico-se-ignora-a-ocho-de-cada-10-personas-con-algun-problema-o-condicion-mental-20220401-0064.html ). Que sean ignoradas exhibe una serie de debilidades institucionales del Estado, pero también de la sociedad como sistema, teniendo en consideración que la familia, como célula social que es, puede llegar a fallar en la prevención, identificación y tratamiento de diversas afecciones mentales, ya que muchas de ellas pueden llegar a ser silenciosas y no trascender en ningún momento.

En otro orden de ideas, la depresión y lamentablemente el suicidio son cada vez más frecuentes en el país; en 2020 se suscitaron cerca de 8,000 suicidios, los cuales han afectado sobre todo a jóvenes y adolescentes (https://unamglobal.unam.mx/aumentan-suicidios-en-mexico). Lo anterior constituye un ejemplo muy claro de un problema bastante grave no sólo de salud mental, sino de salud pública con todo lo que ello implica para el tejido social.

La falta de salud mental repercute en otros derechos humanos como el derecho a la vida o el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como en la dignidad misma. Por lo que hace al derecho a la vida, y como ya se anotaba con anterioridad, el suicidio es un conflicto social de gran calado que erosiona la materialización efectiva de la prerrogativa a la que nos referimos. Igualmente, el derecho al libre desarrollo de la personalidad prescinde de esa necesaria nota de libertad, cuando ni el Estado ni la sociedad en sí misma cumplen con sus deberes de prevención en la materia.

De ahí la necesidad de diseñar estrategias jurídicas y políticas adecuadas para su plena operatividad, las cuales se inserten en el federalismo cooperativo que en materia sanitaria debe llevarse a cabo, tal y como lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 73, fracción XVI, en consonancia con el artículo 4o., también constitucional, en su fracción IV, preceptos a partir de los cuales debe quedar claro que todos los órdenes de gobierno tienen atribuciones en la temática sanitaria.

Sin salud mental, definitivamente no puede haber un adecuado desarrollo de los proyectos de vida de las personas, y dado que todos los derechos están relacionados entre sí, tenemos una afectación muy fuerte a la esfera de prerrogativas de mujeres y hombres.

En esta tesitura, el Estado debe realizar como mínimo lo siguiente en aras de coadyuvar con la resolución de la falta de salud mental como problemática social en algunos sectores de la población:

• Diseñar planes, acciones, programas y políticas públicas con sentido social y con la participación plena de la ciudadanía.
• Mejorar las campañas de prevención del suicidio.
• Mejorar las campañas de combate a trastornos mentales como la depresión.
• Realizar labor estadística periódica para ubicar los nichos poblacionales y rangos de edad más propensos a cada trastorno mental.
• Fomentar el arte, la cultura, el esparcimiento, el deporte y otros hábitos saludables entre los nichos poblacionales más propensos a padecer trastornos mentales.
• Incentivar la creación y adecuado financiamiento de clínicas y hospitales de salud mental.
• Fomentar la cohesión social, la unidad familiar, el combate a la pobreza y la generación de oportunidades como medidas que coadyuven a la salud mental.

Lograr la satisfacción del derecho a la salud en general y del derecho a la salud mental en particular es una labor compartida. El Estado ha faltado a sus obligaciones, pero siempre es un buen momento para enderezar el camino, lo cual, claro está, le corresponde también a la sociedad y a la familia.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero