Iniciativa presidencial y reducción del pluralismo político municipal

Publicado el 8 de noviembre de 2022

Raúl Calvo Barrera
Académico de la Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Guerrero
cabara85@icloud.com

La propuesta presidencial que se discute en el Congreso de la Unión propone una normativa constitucional para homogeneizar los espacios de poder municipales; los ayuntamientos contarían—dependiendo del número de sus habitantes—, con una y hasta nueve regidurías, además de la presidencia y una sindicatura. En los municipios de todo el país con menos de 60 mil habitantes, el órgano de gobierno se integraría con sólo tres personas.

¿Cuáles serán las consecuencias para la representación y la gobernabilidad en esos municipios? ¿Existirán las condiciones para recrear el pluralismo partidista y social? ¿Se democratizará la toma de las decisiones en los ayuntamientos? ¿Se avanzará hacia la deliberación de los asuntos públicos en los cabildos? ¿Cómo se gestionará la paridad de género en la conformación municipal con una integración de esa naturaleza?

Me parece que el impacto será francamente negativo porque reducirá la presencia de fuerzas políticas regionales y locales; además de que la propuesta va en contra del principio federalista pues pone una camisa de fuerza constitucional a cada entidad federativa, al ya no ser libres para determinar con base en las características socioculturales, el número de cargos y el diseño del sistema electoral edilicio de acuerdo con su régimen interior. También desaparece el principio de mayoría y el método de las planillas que le daba sustento, lo que alterará a todo el ámbito municipal electoral, al estar a merced de los listados de los partidos políticos y a la distribución proporcional que sobrerrepresentará a los más votados.

Para poner un ejemplo, basta con exponer el caso de Guerrero. De los 85 municipios, únicamente 11 superan la cifra de los 60 mil habitantes, esto es, apenas el 12.9 por cierto del total. En ese universo tan minúsculo de municipios se recrearía la pluralidad política, aunque con graves limitantes. En el resto, imperarán todavía con mayor vigor, tendencias centralistas de decisión al desmantelarse los espacios de deliberación. ¿El resultado será aumento del control caciquil?

Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, Zihuatanejo de Azueta, Chilapa de Álvarez, Taxco de Alarcón y Tlapa de Comonfort, son los principales municipios urbanos en los que habría condiciones para la pluralidad partidista, pero con fuerte vulneración de derechos para las minorías. En este escenario, se pasaría de un abuso para la élite política, como lo es el reparto de 20 regidurías en el municipio de Acapulco —un “mini recinto parlamentario” para el municipio más importante de Guerrero—, hasta llegar a siete regidurías que sería el máximo que podría alcanzar el municipio por el tope poblacional de la propuesta de reforma al artículo 115 constitucional.

El ejemplo del ayuntamiento de Chilpancingo demuestra esta reducción de la pluralidad partidista. De acuerdo con los resultados de la elección de junio de 2021, de las 12 regidurías de representación proporcional en disputa, a Morena le correspondieron 6 (más la presidencia municipal y las dos sindicaturas), al PRI tres, al PRD dos, y al PAN una. Con un escenario como el planteado y considerando que al municipio capitalino se le pudieran adjudicar hasta 3 regidurías por su número de población; ¿cuál sería la integración del cabildo para 2024 con los datos electorales de tres años antes? De los 5 espacios —una presidencia municipal, una sindicatura y hasta tres regidurías—, a Morena se le adjudicarían 3 cargos (presidencia, sindicatura y una regiduría), al PRI una regiduría y al PRD una más. El PAN que en la elección de 2021 obtuvo una regiduría por porcentaje de acceso, la perdería por la aplicación de la nueva fórmula de asignación exclusivamente por cociente natural y resto mayor. Como en el caso del PAN, aquellas fuerzas partidistas que ocuparan los terceros o cuartos lugares perderían la oportunidad de integrar la estructura de decisión del gobierno municipal.

Además, municipios relevantes por su potencial económico y demográfico regional como Ayutla de los Libres y San Marcos, en Costa Chica; Teloloapan, en la región Norte; Eduardo Neri, en el Centro, y otros más, caerían en franca capitis deminutio. Y ni qué decir de la inmensa mayoría de municipios rurales con mayores rezagos sociales. Ayutla es un caso singular porque si bien de acuerdo con el INEGI supera los 69 mil habitantes, al ceder un poco más de 11 mil para la conformación del municipio Ñuu Savi, queda abajo del umbral poblacional requerido, además de que es el único con gobierno indígena electo en la entidad.

El problema se agrava cuando en la propuesta de listas votadas municipales no se previene la posibilidad de hacer cambios en las mismas. El electorado sufragaría —como siempre—, por listados bloqueados y cerrados sin apertura a cambio alguno en el orden de prelación por la ciudadanía que acudiría a las urnas. Se estaría a lo que decidan las cúpulas de los partidos con la agravante de que los espacios para el disenso y la reproducción de la plural vida municipal se estrecharían todavía más. Menos oportunidades para la representación política de los jóvenes, de la población indígena y de los demás grupos vulnerables de la sociedad.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero