Los grandes problemas sociales y políticos que
justifican la regulación del financiamiento
de los partidos ante la iniciativa de
reforma constitucional de 2022-2023 en
materia político-electoral
Publicado el 16 de noviembre de 2022
Francisco José de Andrea Sánchez
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
deandrea@servidor.unam.mx
1. Contexto general
1. La reforma constitucional en materia político-electoral de 2022-2023 y el financiamiento de actividades políticas
A finales de 2022 ha causado polémica entre los grandes partidos políticos nacionales, la sociedad civil, legisladores y expertos en la materia, la presentación de una iniciativa de reformas constitucionales de gran relevancia para el sistema político y electoral mexicano que próximamente será discutida, analizada y que —en caso de ser aprobada— regularía los procesos electorales en México a partir de 2023 y hacia el futuro.
Ahora bien, uno de los grandes rubros temáticos que contiene dicha iniciativa del Ejecutivo Federal —entre otros temas fundamentales de la estructura electoral mexicana que analizaremos en otros ensayos y que será precisamente la materia de este ensayo— propone modificar mediante una reducción sustancial los montos de financiamiento público que actualmente se tienen contemplados para los partidos políticos y sus candidatos (https://www.gob.mx/presidencia/prensa/ejecutivo-federal-envia-hoy-iniciativa-de-reforma-constitucional-en-materia-electoral-presidente). En este sentido, las siguientes reflexiones buscan contribuir a arrojar luz sobre las ventajas y las desventajas de las modificaciones propuestas, así como del entorno teórico y práctico del tema del financiamiento de las actividades políticas en el mundo contemporáneo que deben ser considerados independientemente de filiaciones partidistas y desde un enfoque objetivo, riguroso e informado debido a la gran importancia que tiene este tema que —desde nuestro punto de vista— desde hace por lo menos 20 años es el “eje temático fundamental” de la actividad política contemporánea tanto de los partidos políticos como de los propios candidatos y que, como se verá a lo largo de este ensayo, tiene una gran complejidad que no puede trivializarse.
2. Los cinco factores que justifican el surgimiento y la evolución de los esquemas de regulación jurídica del financiamiento público de los partidos políticos
Existen cinco problemas fundamentales, entre otros, que ocasionan el surgimiento y la posterior evolución de los esquemas de regulación jurídica de los partidos políticos en la mayoría los países democráticos contemporáneos. Estos problemas son:
a) Los escándalos políticos.
b) Una preocupación generalizada en la sociedad por dotar de principios éticos y morales a la política.
c) Los crecientes gastos de las campañas políticas necesarias para acceder a los cargos electorales en un mundo de también creciente complejidad tecnológica y mediática, especialmente en momentos de crisis económica en donde la austeridad es un reclamo popular.
d) La influencia perniciosa de la delincuencia organizada en las actividades políticas contemporáneas, especialmente en aquellos países en donde la delincuencia organizada reta el poder del propio Estado constituido constitucionalmente.
e) La existencia de grandes capitales corporativos o individuales que en plena globalización de la economía mundial buscan favorecer sus intereses económicos mediante contribuciones desproporcionadas a las campañas y partidos políticos, como podría ser el caso de diversas organizaciones y conglomerados internacionales que han establecido oficialmente el proyecto llamado “Gran Reseteo” para sustituir los sistemas políticos, sociales y económicos actualmente existentes en el mundo por una uniformidad globalizadora amenazante de las soberanías nacionales por varios flancos, como es la pretensión de Klaus Schwab (https://www.weforum.org/about/klaus-schwab).
3. Los objetivos generales que busca alcanzar la regulación jurídica del financiamiento de las actividades de los partidos políticos
Las herramientas jurídicas para regular y controlar los cinco fenómenos enlistados en el rubro anterior buscan los siguientes objetivos generales:
1) La limpieza y transparencia del proceso político-electoral y de las campañas electorales.
2) Detener y revertir la escalada escandalosa de gastos.
3) Reducir la competencia “desleal” o injusta entre partidos y candidatos, especialmente cuando algunos pueden estar vinculados a fuentes dependientes de grandes capitales y otros dependen únicamente de un apoyo popular sin vinculación a fuentes de financiamiento privadas.
4) Disminuir cualquier influencia excesiva de los contribuyentes o donadores sobre los políticos.
5) Impedir la supeditación de los tres poderes constituidos constitucionalmente a los intereses de la delincuencia organizada o de cualquier otro grupo de poder, ONG o sector del gobierno.
6) Salvaguardar la soberanía nacional. Ahora bien, la financiación pública, en específico, está dirigida a proveer una fuente alternativa de fondos que disminuya la dependencia de los partidos y de los candidatos respecto de fondos de origen “sospechoso”, y permitir la participación de aquellos partidos “débiles” o “candidatos vulnerables” económicamente, pero que pueden representar intereses sociales dignos de consideración, para lo cual es necesario promover que éstos tengan acceso a la contienda electoral, que de otra manera estaría peligrosamente dominada por billonarios como en su momento lo fueron los Rockefeller, Ross Perrot o, más recientemente, Steve Forbes, el heredero de la fortuna Forbes, y en la actualidad personajes como Bill Gates o Elon Musk. En este sentido, cabría hablar de una muy saludable posibilidad de “movilidad política” realizable fundamentalmente a través del financiamiento público de los partidos y de las actividades políticas.
4. Los principales rubros temáticos de la regulación jurídica
La regulación jurídica del financiamiento de los partidos y las actividades políticas en las democracias contemporáneas, en general, abarca variados y complejos temas. Sin embargo, es factible, mediante una decantación temática, destacar los siguientes once rubros temáticos principales, a saber:
1) Presentación periódica de informes contables sobre las finanzas partidarias.
2) Divulgación pública o privada de las finanzas de un partido y de sus candidatos.
3) Auditorías respecto a los informes financieros.
4) Límites a las contribuciones a candidatos, partidos o entidades para-partidarias.
5) “Techos” sobre gastos de partidos y de campañas.
6) Prohibición de donaciones o regalos provenientes de ciertas fuentes.
7) Restricción sobre cierto tipo de actividades de campaña.
8) Incentivos a contribuciones políticas mediante disposiciones fiscales.
9) Frenos a ciertas contribuciones mediante disposiciones que establezcan categorías de “prácticas corruptas”.
10) Sanciones a las violaciones de las normas en materia de financiamiento de partidos y actividades políticas.
11) Financiamiento público de partidos y actividades políticas.
5. Consideraciones finales
Como resulta patente de las anteriores reflexiones introductorias al tema del financiamiento público de las actividades políticas en las sociedades contemporáneas —e independientemente de que abarcaremos este tema con más profundidad en nuestras próximas colaboraciones analíticas en que cubriremos otros aspectos que ineludiblemente deberán ser tomados en cuenta por los legisladores en los inminentes debates sobre la referida iniciativa de reforma política y electoral—, el detalle de la complejidad temática del financiamiento público de los partidos políticos nos demuestra la importancia de su regulación estratégica para la estabilidad política social y económica del México. Para entender esta afirmación basta una mirada retrospectiva a la primera mitad del siglo XX, cuando no existía aún una legislación reguladora sofisticada sobre el tema, que nos presenta una historia de desequilibrios, abusos y concentración del poder político a través de prácticas antidemocráticas que no sólo detuvieron el avance hacia la plenitud democrática sino que además ocasionaron problemas de corrupción e inquietud social que entorpecieron el crecimiento económico de los más variados países, independientemente de su ideología. Los actuales regímenes jurídicos del financiamiento público de los partidos políticos en la gran mayoría de los países, especialmente en aquellos aún en procesos de consolidación democrática, después de décadas de perfeccionamiento a través de luchas sociales y políticas, han logrado plasmar en textos tanto constitucionales como secundarios normas que han equilibrado y controlado los excesos del vacío regulatorio en este tema existente previamente a través de un acceso más equilibrado y justo de todas las corrientes de opinión social al poder político real que se ejerce tanto en los gobiernos legalmente constituidos como en la sociedad en general. Se han evitado o al menos paliado los monopolios del poder político y mediático, brindando acceso a grupos que carecían de voz y participación política electoral en épocas de gran crispación política y social.
Es por lo anterior que no cabe la menor duda de que en épocas recientes a nivel mundial el uso de sumas exorbitantes de recursos tanto públicos como privados no regulados en las actividades políticas ha llevado a una exigencia que modere los excesos pero manteniendo un equilibrio —bajo el conocimiento teórico y práctico que hemos considerado en este ensayo— y considerando que la sofisticación del mundo actual requiere la regulación y la intervención del Estado para apoyar —sin excesos y razonablemente— a través de fondos públicos la actividad tanto de partidos como de candidatos, porque de erradicarse excesiva o totalmente los esquemas de financiamiento público o disminuirse demasiado caeríamos nuevamente en los vicios del pasado.
Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero