Homicida por lo que su cónyuge se zampó1
Publicado el 24 de enero de 2023
Luis de la Barreda Solórzano
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
lbarreda@unam.mx
Un hombre, una vez que se casa, cambia sus hábitos alimenticios y, radicado el matrimonio en Madrid, consume en exceso comida no saludable, bebidas alcohólicas y cigarrillos, y descuida su medicación (padecía obesidad mórbida, hipertensión arterial, daño renal y esquizofrenia). A los ocho años de casado muere en un hospital de Cádiz por insuficiencia e infección respiratoria y sepsis grave (respuesta abrumadora y extrema del cuerpo a una infección).
Lo que sigue parece un relato kafkiano (Reforma, 16 de enero, y El País, nota de Georgina Zerega, 18 de enero). El padre de ese hombre denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México a su nuera por gestar un “plan preconcebido” (¿hay un plan que no lo sea?) y “sofisticado” para arrastrar lentamente a su cónyuge —¡en los ocho años que duró el matrimonio!— a la muerte. La acusa de haber sido infiel, de inseminarse artificialmente sin el consentimiento de su esposo, de amenazarlo con no dejarlo ver a sus hijos, de obligarlo a ir al carnaval de Cádiz días antes de su fallecimiento, y de inducirlo a ingerir alimentos altos en grasas y alcohol, y a consumir tabaco de manera desmedida.
¿Alguna de esas conductas, suponiendo que las hubiera realizado la mujer, era apta para causar la muerte? ¿Era posible que en la Fiscalía capitalina se atendiera una denuncia tan disparatada? ¿Una mujer es culpable del deceso de su marido porque éste durante el matrimonio comió y bebió lo que quiso, fumó como chacuaco y desatendió su salud?
Repito: ¿era posible que la Fiscalía capitalina atendiera una acusación tan descabellada? “¡Imposible!”, seguramente estarán pensando. Pues se equivocan. Sí fue posible porque la denuncia fue presentada por José María Riobóo Martín, uno de los empresarios favoritos del gobierno y esposo de la cuestionada ministra Yasmín Esquivel. La Fiscalía solicitó la orden de aprehensión, a pesar de que el matrimonio vivía en España y en ese país ocurrió el fallecimiento.
¿Pero era posible que un juez concediera dicha orden? “¡No, no era posible!”, seguramente estarán pensando. Nuevamente se equivocan. Un juez de control ordenó la aprehensión de María Isabel Cal y Mayor por el delito de homicidio calificado en razón de parentesco y a traición en agravio de su esposo, Rodrigo Riobóo Talayero, además, la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló las cuentas a la imputada y la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a España la extradición. ¡Inaudito!
Por supuesto, la Audiencia Nacional española negó la extradición, ya que, por una parte, la muerte ocurrió en España y, por otra, las conductas señaladas no pueden “incardinarse en un delito doloso de homicidio”. La mujer no tenía la calidad de garante de la salud de su marido porque éste no había sido declarado como incapacitado. Los hechos evaluados sucedieron a lo largo de ocho años en los que el fallecido tuvo que ser consciente del deterioro progresivo de su salud y podía haber acudido de forma libre a un médico o a un hospital.
Avalar que ella es culpable del deceso de Rodrigo —sostiene la Audiencia Nacional— sería admitir que la voluntad de éste estaba anulada, lo que “no se ha acreditado”. Ninguna de las pruebas “supone que (el fallecido) tomara sus decisiones bajo una especie de dirigismo absoluto y férreo de la reclamada, que doblegara en todo momento la voluntad de su esposo”. Por su parte, la Interpol se negó desde el primer momento a girar una ficha roja —solicitud de detención a todos los países del mundo— contra María Isabel Cal y Mayor, dado el “carácter fraudulento” de la petición de extradición.
¿Por qué Riobóo Martín quiere a su nuera en la cárcel? El empresario consentido del Presidente de México busca invalidar ante un juzgado de Texas un testamento de 2017 en el que Rodrigo dejó a sus dos hijos como herederos y a su esposa como albacea de dos inmuebles ubicados en San Antonio (El País, nota de Zedryk Raciel, 17 de enero).
El caso recuerda inevitablemente la persecución contra la cuñada y la sobrina política del doctor Alejandro Gertz Manero. De haber vivido en México, María Isabel Cal y Mayor hubiese sido detenida y encarcelada, como lo fue Alejandra Cuevas. ¡Qué deshonroso que la Fiscalía y algunos jueces capitalinos estén dispuestos a encarcelar a inocentes en aras de servir a los poderosos!
Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero