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Participación política de personas con discapacidad

Publicado el 25 de enero de 2023

Miguel Ángel Vázquez Martínez
Abogado por la UNAM
emailtiflohatleta@hotmail.com

La participación política de las personas con discapacidad, en pleno 2022, parece algo lejano, esto porque algunos partidos políticos aún piensan que la población con discapacidad sólo puede ser beneficiaria de programas de asistencia social y que sus necesidades se limitan a una eterna rehabilitación, situación que no es así, ya que gracias a los distintos movimientos sociales, se ha comenzado a ganar credibilidad en algunas instituciones.

Tal es el caso del Instituto Nacional Electoral (INE), que aprobó los acuerdos INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021, en los que se definieron cuotas para grupos de población en situación de vulnerabilidad en materia electoral, tales como:

Personas indígenas a las cuales se les destinaron 21 candidaturas de mayoría relativa y 9 de representación proporcional;

Personas con discapacidad, 6 de mayoría relativa y 2 de representación proporcional;

Personas afromexicanas, 3 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional;

Personas de la diversidad sexual, 2 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional;

Personas migrantes y residentes en el extranjero, 5 de representación proporcional.

Es así que por lo que toca a la población con discapacidad, los acuerdos del INE antes citados, dan seguimiento a lo dispuesto por el Artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, de la cual México es parte desde el 3 de mayo de 2008, ya que se busca que nuestro país garantice el derecho a que la población con discapacidad pueda votar en igualdad de condiciones, así como a ser votado bajo las siguientes directrices.

Artículo 29

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:

ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda.

Lo anterior nos deja ver que para la autoridad electoral ya hay un reconocimiento de las candidaturas con discapacidad, ya que con esto se aplica el principio implícito de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual señala que “Nada sobre nosotros sin nosotros”, por lo que los partidos políticos tienen la obligación de contar con candidaturas de personas con discapacidad, que espero que sean por convicción y no por cumplir una cuota.

Finalmente, considero que aún estamos en el camino de contar con verdaderas candidaturas de personas con discapacidad, ya que:

1.- Hay que darle difusión a los acuerdos emitidos por el INE, para que no sólo los partidos políticos conozcan esta información, sino también la población en general;

2.- Se considera diseñar un mecanismo de difusión, con el objetivo de que tanto las asociaciones y grupos de personas con discapacidad puedan presentar sus candidaturas, ya sea como independientes o a los partidos políticos y así se cuente con alternativas convencidas;

3.- Al ser acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE), cuentan con una competencia en todo el territorio mexicano, por lo que se aplicarían a los 300 distritos electorales sin lugar a una negativa;

4.- Sólo espero, en verdad, que las cuotas antes mencionadas sean enunciativas mas no limitativas, porque sería absurdo que los partidos políticos las tomen como un techo electoral y no como un punto de partida, que de ser el caso, caeríamos en candidaturas de aparador y dejaríamos a un lado el propósito de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

5.- Como último punto, considero indispensable contar con un seguimiento legislativo, esto con el objetivo de robustecer los acuerdos del INE antes señalados.

Espero que en estas próximas elecciones, las del Estado de México en 2023 y las federales en 2024, podamos ver más candidaturas, —y qué mejor— personas con discapacidad ocupando cargos de elección popular. De igual forma, exhorto a que quienes se postulen cuenten con una preparación suficiente y no ocupemos dichos espacios por cumplir una cuota.


Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero