2024 en el espejo de 1994¹

Publicado el 16 de febrero de 2023


Pedro Salazar Ugarte
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
pedsalug@yahoo.com

En estos días se han publicado textos muy ilustrativos sobre los potenciales efectos perniciosos del llamado Plan B de reforma electoral. Coincido con las voces que han advertido que su puesta en marcha pondría en riesgo el objetivo de la organización de las elecciones del próximo año. Elecciones nacionales de una dimensión sin precedentes.

Así que también comparto la preocupación de quienes han advertido que, en consecuencia, está en riesgo la democracia nuestra. Esa forma de gobierno es, ante todo, un conjunto de reglas e instituciones. Recordemos a Norberto Bobbio: reglas para elegir quién decide y cómo decide. Y esas reglas son las que están en vilo en el presente mexicano. Así que la democracia también lo está.

Desde 1994 no habíamos enfrentado un proceso electoral con tanta incertidumbre en torno al marco jurídico vigente. En aquel año de violencia e inestabilidad, las reglas electorales se cambiaron “al cuarto para las doce”, como se decía entonces. De hecho, los cambios al árbitro —un Instituto Federal Electoral que organizaba su primera elección presidencial— tuvieron lugar el mismo año de los comicios. También se ajustaron reglas en temas estratégicos. El país vivía tiempos de zozobra y más de uno avizoraba un “choque de trenes”. Pero, ante ese escenario, se gestó un acuerdo político nacional.

En buena medida gracias a ello, a pesar de que las tensiones amenazaban con ruptura y las calamidades continuaban, para sorpresa de muchos y para bien del país, las elecciones dieron cauce a la disputa política y amainaron la conflictividad social. Fue un año memorable y para olvidar.

Pero también fue un año grávido de lecciones que motivó decisiones cruciales para el tránsito democrático de los años venideros. La reforma electoral de 1996, dio pasos decididos para lograr condiciones equitativas en la competencia electoral y para apuntalar principios elementales como el consenso en torno a las personas integrantes del árbitro y la estabilidad en las reglas antes de cada justa electoral.

Las elecciones de 1997, 2000 y 2003 transcurrieron por la senda de esas condiciones elementales. Pero, en octubre de ese último año, se olvidó la importancia del consenso y el árbitro electoral se integró sin el voto de la bancada del PRD. Es decir, el partido de izquierda quedó fuera del acuerdo. Quizá no fue la causa determinante pero, sin duda, fue uno de los factores que motivó la crisis política que siguió a la elección presidencial de 2006.

Regreso a 1994 para recordar que, en aquel año, para sortear la crisis, se apostó por el acuerdo, el consenso en el árbitro y la estabilidad en las reglas. Casi treinta años después, estamos en la antesala de una crisis porque se están imponiendo la fractura, el mayoriteo (o, en su defecto, el sorteo) para integrar al árbitro y la incertidumbre en torno al marco normativo.

Tres décadas de vida democrática-electoral (no sin algunos sobresaltos) pueden convertirse en un paréntesis entre una historia de autocracias: aquella del partido hegemónico postrevolucionario y la que podría avecinarse con la nueva hegemonía cuatroteísta.

En aquel año infausto de 1994, el cauce institucional para la crisis fue trazado por actores políticos que actuaron con responsabilidad, pero también por una amplia “Alianza Cívica” de ciudadanas y ciudadanos que aspiraban a vivir en democracia. En ese sentido, a pesar de sus momentos y eventos ominosos, aquel año también fue el crisol temporal en el que se fundieron esfuerzos y anhelos de personas que plantaron cara y exigieron un cambio de rumbo a quienes detentaban el poder.

La marcha de noviembre del año pasado, la convocatoria para la concentración del próximo 26 de febrero y las diversas iniciativas ciudadanas que se están organizando para impugnar la reforma electoral en puerta, invitan a un tímido optimismo, pero optimismo al fin y al cabo.

De alguna manera el desafío es más sencillo que el de hace treinta años. En 1994 era menester abrir las compuertas al cambio democrático; hoy el desafío reside en impedir que se cierren antes de la elección del 2024. Se trata de una gesta menos osada pero no menos importante.

Además, en 1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no era todavía un tribunal constitucional y la judicatura federal no tenía el profesionalismo e independencia que ahora tiene. Tampoco el Tribunal Electoral tenía las facultades que detenta. El dato es cuantimás relevante. En 2023 la defensa democrática cuenta con un cauce jurídico para sortear las amenazas que hace tres décadas era inexistente. Hoy es posible mirar con esperanza la ruta de los tribunales.

Cuando escribí esto último rebotó en mi memoria aquel título de un librito de Hans Kelsen con estirpe kantiana: lograr “La paz por medio del derecho”. También recordé que la paz, la democracia y los derechos humanos son tres momentos de un mismo movimiento histórico (Bobbio, dixit).

NOTAS:
1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en El Financiero, el 15 de febrero de 2023.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero