Academia honesta: repensar a la comunidad científica
Publicado el 9 de marzo de 2023
Andrés Vázquez Hernández
licenciado en derecho, Universidad Autónoma de Querétaro
andres.vaz.hdz@gmail.com
En semanas recientes, ha sido recurrente escuchar discusiones sobre el supuesto plagio realizado por la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Yasmín Esquivel Mossa. Las discusiones han acaparado un amplio espacio dentro del debate público, centrando sobre todo su atención la postura política que existe detrás del proceso de su designación; si la transcripción de una tesis para la obtención de grado es o no una mancha en el expediente del gobierno en turno, sí existe justificación para dicha conducta, o si en un caso hipotético que no ha encontrado soporte suficiente, se trata más bien de denuncias infundadas por parte de actores políticos desesperados por ganar relevancia en el imaginario colectivo y atraer votantes. Se ha perdido de vista, sin embargo, que detrás de este escándalo se encuentra un fallo alarmante que involucra a toda la comunidad científica y no sólo a los pocos miembros de la academia que se mencionan en la discusión.
Lo ocurrido con la tesis de licenciatura de la ministra, así como lo suscitado con la tesis del ex presidente Enrique Peña Nieto, exhiben las flaquezas de una academia subordinada a las exigencias de la modernidad. Si bien, no son excusables por las personas implicadas, estos mal llamados “errores” no deben evaluarse desde la esfera individual de satisfacción, de exigencias morales o de ética profesional, sino desde la conciencia colectiva de lo que está ocurriendo hoy día en las universidades y centros de investigación.
En el caso de la doctora, presidente de la República dejó ver una lastimosa realidad sobre la falta de exhaustividad en la dirección y evaluación de los trabajos de titulación en universidades privadas de alto prestigio, y con razón medianamente justificada, soporta las premisas de quienes acusan a estas instituciones de ser proveedoras de títulos profesionales para personas privilegiadas escasamente preparadas para soportar sobre sus manos la responsabilidad del ejercicio de una profesión.
El caso más reciente, muy a pesar de los defensores de la universidad pública, deja claro que estas instituciones tampoco se encuentran exentas de dichas fallas. Se acentúa la preocupación cuando se toma en cuenta el alto prestigio que distingue a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues pone en duda todo un proceso que exige transparencia y disciplina. La dirección y asesoría de una tesis es idealmente un trabajo colectivo en el que participan docentes y autoridades universitarias, ¿cómo puede justificarse la aprobación de un examen de grado con estas características, ante el supuesto escrutinio de la academia?
El sector académico representa una importante fuerza política en un Estado democrático y, aunque no siempre figure en el diálogo popular, es uno de los grandes motores de transformación de la sociedad. En México, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha acogido los estudios científicos y filosóficos que hoy sustentan el parámetro de regularidad constitucional sobre los derechos humanos. El protagonismo que ha tomado el alto tribunal mexicano en años recientes se posa sobre la ciencia, en criterios como el reconocimiento de la realidad social para la asignación de la custodia de menores, la antropología de género para reducir las desigualdades causadas por roles y estereotipos que afectan a las mujeres, los servicios ambientales como factor determinante para la acreditación del interés legítimo en el juicio de amparo, entre otros. El discurso jurídico de la décima y undécima época de interpretaciones de la Corte promueve la multi, inter y transdisciplinariedad del derecho.
Siendo tan importante como lo es para la consolidación de un Estado democrático, ¿qué está haciendo la academia mexicana para mantener la legitimidad que otorga formar parte del reducido sector de la sociedad que tiene acceso efectivo a una formación profesional?
Los estándares cuantitativos impuestos por las autoridades mexicanas, e incluso por las mismas universidades y centros de investigación, resultan evidentemente suprahumanos. Una persona miembro del Sistema Nacional de Investigadores Conacyt, después de haber dedicado varios años de su vida al estudio para la obtención de grados, diplomas y posgrados, se encuentra ante la cruda exigencia de mantenerse vigente realizando actividades fulminantes: profesorado de tiempo completo; publicación masiva de artículos en revistas arbitradas e indizadas, libros, memorias; registro de patentes; dirección y ejecución de obras artísticas; actividades de difusión de la ciencia, como conferencias o participaciones activas en publicaciones periódicas o programas de radio o televisión; y aunado a lo anterior, la formación de nuevos miembros de la comunidad científica mediante la dirección, asesoría de tesis y trabajos de investigación.
Ahí donde los números determinan el otorgamiento de una beca o de otra clase de estímulos económicos para los académicos, la calidad deja de ser el criterio que conduzca su actuar. Teniendo la presión de participar en varios exámenes de grado durante un año, qué más da si una tesis o un trabajo de investigación se sustenta sobre un marco teórico inadecuado, sobre premisas erradas, o incluso, sobre la tesis de otro estudiante que se encuentra en poder del presidente del sínodo. Es irracional pensar que la calidad se puede mantener a flote bajo criterios cuantitativos de producción científica y formación de nuevos talentos.
La problemática, sin embargo, no es exclusiva de la evaluación de tesis o trabajos de investigación. Es conocida la existencia de revistas depredadoras que, por un módico precio, acceden a la publicación de artículos científicos que en una dictaminación de pares no hubieran resultado aprobados, o bien, la existencia de producción científica realizada en su totalidad por estudiantes, becarios beneficiarios o no del Sistema Nacional de Posgrados, cuya autoría se atribuye a terceras personas con una nula participación en la investigación.
En esta dinámica disfuncional las y los estudiantes también llegan a reconocer que regularmente existe una vía rápida para obtener su título universitario con menor esfuerzo.
La biopolítica que permea en todas y cada una de las aristas de la academia, la exigencia numérica, productivista, acelerada y masiva debe responder a una realidad de personas vulnerables, trabajadoras y trabajadores, personas dedicadas al hogar, gente sin techo, sin alimento, sin seguridad social, que todos los días eleva una plegaria al cielo alistándose para jornadas extenuantes de trabajo y transporte que merman su estabilidad emocional.
Una investigación que es carente de impacto sobre la realidad social deja en deuda a la academia con la sociedad en general. Una academia que no se empeña por usar el conocimiento para transformar la realidad está en deuda con la sociedad. Una academia que es celosa del conocimiento, que se reserva información, que no educa, que no democratiza la ciencia y que al mismo tiempo, regala títulos universitarios, distinciones y premios a unas cuantas personas privilegiadas pero incapaces, se encuentra en deuda con la humanidad entera.
La controversia suscitada por el supuesto plagio de la dra. Yasmín Esquivel debería orillar a toda la comunidad a cuestionarse ¿qué cambios podemos hacer hoy para conservar la capacidad de la comunidad científica para generar cambios trascendentes en el futuro?
La comunidad científica necesita reformularse. La comunidad científica somos todos, o deberíamos serlo.
Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero