Derecho administrativo y telecomunicaciones. Grosso modo

Publicado el 29 de marzo de 2023

Alfredo Delgadillo López
Profesor de Derecho Informático y Derecho Administrativo
en la Universidad Autónoma de Nayarit; adscrito a la Academia Mexicana de
Derecho Informático.
adelgadillolopez95@gmail.com
“En la globalización actual, el sector más dinámico
en los países desarrollados es el de las TIC
y esto se sustenta de dos componentes importantes:
1. La economía transnacional.
2. Las redes de información y comunicaciones”.
- Guy Mazet

El desarrollo y la dinámica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son clave para explicar las transformaciones económicas, sociales, políticas, tecnológicas y culturales de los últimos años a nivel global. Ante esta realidad en esta era exponencial donde hay posibilidades ilimitadas de tener miles de millones de personas conectadas mediante dispositivos móviles en un instante se hace obligatorio elevar a rango constitucional ciertos derechos, como:

a) El derecho al acceso y uso de las TIC (incluyendo el derecho de acceso a un buen internet): pues con estas herramientas se le permite a la población realizar trámites con mayor rapidez ya que se evita que pierdan el tiempo trasladándose a oficinas de la administración y haciendo largas filas esperando a que se les atienda. Además, hay mayor comunicación con funcionarios y empleados públicos. Por su parte, se potencia el derecho a la tutela judicial efectiva, pues la función jurisdiccional también se puede realizar por medios electrónicos interrelacionados gracias a Internet, y las personas tienen la opción de decidir de qué manera realizar sus procesos. Además, se vincula con el derecho a no ser discriminado ya que todas las personas de manera equitativa tendrán la oportunidad de recibir los mismos beneficios que proporcionan las TIC y, así, disminuir la brecha digital sin entorpecer la innovación tecnológica.

b) El derecho a la libre competencia: este beneficia a los inversionistas para que tengan certeza jurídica y económica y, por lo tanto, se fomente una competencia sana, justa, legal y de calidad que ofrezca a los usuarios un servicio de acceso óptimo a las tecnologías; por lo tanto, las personas más fácilmente pueden gozar de ciertos derechos como los ya mencionados aquí (específicamente acceso a las tecnologías y acceso a internet de calidad), ya sea mediante una prestación gratuita que hace el gobierno o, en su defecto, por medio de una tarifa social. Detener el avance de las tecnologías o su implementación también constituye un acto de discriminación.

Por su parte, otro inédito en esta materia es la Red 5G, misma que es una innovación que va a provocar que el internet y las telecomunicaciones sean una nueva vía por donde los servicios se van a multiplicar y transmitir con una capacidad y rapidez nunca antes vista, lo cual mejorará las oportunidades para desarrollarse a los que tengan acceso a ésta. En ese tenor, es menester elaborar y ejecutar políticas públicas que tengan como objetivo reducir la brecha digital, para ellas, los estudiosos de la Teoría General del Derecho, el Derecho Digital, el Derecho Administrativo y la ciencia de la Administración Pública deben de implementar estrategias y marcos regulatorios para que los avances tecnológicos tengan un mayor alcance para la ciudadanía, de lo contrario se estaría violentando principalmente el derecho a la no discriminación y tendríamos o un derecho administrativo incompleto o uno obsoleto y discriminatorio.

Otro de los retos se presenta cuando los usuarios que navegan en el ciberespacio realizan actividades tanto de derecho público como privado, lo que significa que cuando la persona se encuentra en actividades de derecho público debe de tener más derechos que en actuaciones de naturaleza privada e, incluso, necesita más protección para evitar algún acto de presión de alguna autoridad en el ciberespacio. Por ende, hay que generar un concepto legal de usuario que permita prevenir, por una parte, y resolver, por otra, ciertos problemas que surgen en la red.

El escenario ideal es que las telecomunicaciones sean desarrolladas por los expertos en cada área técnica, jurídica y tecnológica con políticas públicas y legislación tanto de anticorrupción como de competencia justa para que se cumpla la finalidad del derecho administrativo: estar al servicio del interés general. Estudiar a las telecomunicaciones olvidándonos del derecho administrativo provocaría una desigualdad infinita, monopolios y que las mayorías se aíslen del mundo y de la actualidad. Y, por otra parte, estudiar a las telecomunicaciones con intervención absoluta del gobierno provocaría un entorpecimiento de la dinámica digital.

A guisa de cierre, es posible expresar que la figura de la concesión administrativa se presenta en el sector de las telecomunicaciones y que estas pueden ser entendidas tanto como derecho fundamental como servicio público, por ende, el derecho administrativo tiene el reto de ser un transformador de la política digital y ser técnicamente adecuado a los entornos digitales con el fin de generar competencia económica que beneficie a todos los sectores involucrados en la prestación de servicios tecnológicos.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero