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Crueldad de la 4T (I) 1

Publicado el 11 de mayo de 2023


Luis de la Barreda Solórzano

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
email lbarreda@unam.mx

El taxista me preguntó al escuchar que le pedí que me llevara al Ángel de la Independencia: “¿Va a la manifestación?”. Y me contó: “Mi esposa y yo votamos por López Obrador, pero ahora maldigo esa decisión. Ella tenía cáncer y era atendida por el Seguro Popular hasta que un día fuimos a su tratamiento y nos dijeron que ya no la atenderían porque el seguro había sido cancelado. Mi esposa murió no mucho tiempo después”. Sus palabras estaban llenas de desconsuelo e indignación. Seguramente su mujer era muy joven, pues él lo era.

Ése es un ejemplo de que el gobierno actual no sólo ha dado muestras abundantes de ineptitud, autoritarismo, desprecio o aversión a la legalidad, a la división de poderes, a los organismos autónomos, al periodismo crítico, a la ciencia, a la academia y a las artes, sino también de crueldad. Creo que no exagero. La crueldad, dice la primera de las acepciones del Diccionario de la Real Academia Española, es inhumanidad, fiereza de ánimo, impiedad. Esa crueldad se ha manifestado sobre todo en tres rubros: la salud, la procuración de justicia y los derechos de las mujeres y los niños.

Expertos como Julio Frenk y Salomón Chertorivski, entre otros, han señalado, con datos irrefutables, los estragos causados por este gobierno en la salud de los mexicanos. Recientemente, Pablo Hiriart hizo un repaso de ese infortunio (“Desastre en salud, herencia de López”, El Financiero, 5 de mayo, artículo del que estas líneas se han servido ampliamente). “Un solo dato de Naciones Unidas da la dimensión de la catástrofe en el sector salud: el presidente López Obrador recibió un país con esperanza de vida promedio de 74.8 años para los mexicanos, y el expresidente López heredará una nación cuyos habitantes sólo viven 70.2 años, en promedio”.

El Presidente canceló el Seguro Popular que financiaba la atención médica y los gastos catastróficos en salud de 53 millones de personas que carecen de seguridad social, y dejó en el abandono a enfermos de cáncer, sida, hepatitis, pacientes que requerían un trasplante, pacientes psiquiátricos, etcétera. Tres mil niños con cáncer han muerto por falta de medicamentos. El gasto para atender el cáncer infantil se redujo de 300 millones de pesos al empezar el sexenio a 15 millones.

México Evalúa ha documentado que el Insabi desapareció 100,000 millones de pesos destinados a financiar gastos catastróficos, heredados del Seguro Popular. El IMSS y el ISSSTE no han gastado en el primer trimestre de este año cerca de 40 millones de pesos que tenían presupuestados. Se ha anunciado que el IMSS-Bienestar atenderá a los 66 millones y medio de personas que no tienen seguridad social, pero sin brindar atención de tercer nivel, la que requiere mayor tecnología y aparatología. El desabasto de medicinas no tiene precedente en el México contemporáneo. Sólo dos de cada diez niños menores de un año cuentan con esquema de vacunación completa y 750,000 mexicanos murieron debido a la actitud del gobierno ante el coronavirus.

¿Dónde reside la crueldad? En que recursos que podían dedicarse a la salud se han canalizado a la política clientelar del gobierno, los proyectos faraónicos del Presidente y los fideicomisos manejados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, y en que, ante la pandemia, como sostiene la doctora Laurie Ann Ximénez-Fyvie, no es que las autoridades de Salud no hayan sabido qué hacer, es que tomaron la decisión de no hacerlo (Un daño irreparable. La criminal gestión de la pandemia en México, Planeta).

Es una verdad de Perogrullo que la vida y la salud, junto con la libertad, son los bienes más valiosos del ser humano, y es deber de todo gobierno priorizar su protección por encima de cualquier otro menester. No hacerlo por acatar dogmas o perseguir réditos políticos es una actitud de inhumanidad, de menosprecio a esos bienes. Se ha dejado morir por falta de medicamentos incluso a niños, a pesar de que la Constitución consagra el principio del interés superior de la infancia, que consiste en que los infantes sean considerados prioridad en las acciones o decisiones que les afecten.

En una próxima columna me referiré a la crueldad con que se ha actuado en numerosos casos relativos a la procuración de justicia.


NOTAS:
1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en Excelsior, el 11 de mayo de 2023: https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/crueldad-de-la-4t-i/1586375

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