Las elecciones presidenciales en México. Notas para la enseñanza del sistema político mexicano y la Constitución General de la República.
Publicado el 22 de mayo de 2023
Alfonso Guillén Vicente
Profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Baja California Sur
aguillenvic@gmail.com
Colaboración de Megan Gutiérrez Ruiz, de la licenciatura en ciencias políticas y administración pública.
La historia de las elecciones presidenciales en México en el siglo XX es, en mi opinión, una gran oportunidad para adentrarse en el estudio del sistema político mexicano en su relación con lo dispuesto por el título tercero, capítulo III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquél que se refiere al Poder Ejecutivo, el Supremo Poder de la Unión, como lo señala el artículo 80 constitucional. Es, quizá, la forma más amena de entender la complejidad de los artículos 84, 85 y 86 de la Carta Magna.
El primer asunto que se asoma en la historia contemporánea del país es el asesinato del presidente Carranza en mayo de 1920, perpetrado en el marco de la sucesión presidencial cuando don Venustiano escoge a Bonillas para sucederlo y se topa con la popularidad y el ascendiente militar del general Obregón Salido. Al faltar únicamente seis meses para terminar el mandato presidencial opera el párrafo quinto del artículo 84 constitucional que mandata al Congreso de la Unión para que designe a un presidente sustituto que deberá concluir el periodo. El designado fue el gobernador sonorense Adolfo de la Huerta, uno de los cabecillas del denominado “Plan de Agua Prieta”.
Un segundo tema sobresaliente es la reelección de Álvaro Obregón en 1928, quien modificó lo dispuesto por el artículo 83, y que terminó con el asesinato del presidente electo en el mes de julio, justo el día que recibió su constancia de mayoría. Otros presidentes de la República como Alemán Valdés y Luis Echeverría también dieron de que hablar con el tema de la reelección pero no prosperaron las intenciones de sus promotores.
En el caso del fallecimiento del caudillo sonorense se aplica el artículo 84 constitucional, cuando se refiere a la falta absoluta del presidente en los dos primeros años del periodo respectivo. El Congreso de la Unión —dispone la Carta Magna— designará un presidente interino en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, siempre y cuando se hayan reunido, por lo menos, las dos terceras partes de los legisladores. El abogado tamaulipeco, Emilio Portes Gil, resultó favorecido y duró en su cargo aproximadamente un año y dos meses. Su designación se obtuvo gracias a que contaba con prestigio político propio y no estaba identificado con ninguna de las facciones en pugna, callistas y obregonistas.
En el mismo párrafo tercero del artículo 84 se señala que el Congreso de la Unión expedirá, en los diez días siguientes, la convocatoria para la elección del presidente que deberá concluir el periodo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se establezca para la jornada electoral un periodo entre siete y nueve meses. Así, el presidente constitucional electo fue el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, el primer candidato postulado por el Partido Nacional Revolucionario, que debía cubrir un mandato desde principios de 1930 al 30 de noviembre de 1934.
En medio del llamado periodo del Maximato Ortiz Rubio no pudo gobernar en medio de interminables crisis políticas en su gabinete y afectado, también, por los severos efectos de la crisis mundial de 1929, se vio obligado a presentar su renuncia, siendo el único mandatario, hasta hoy, al que se le ha aplicado el artículo 86 constitucional, que subraya que el cargo de presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, a juicio del Congreso de la Unión.
Como don Pascual no terminó su mandato y había cubierto más de la mitad de su encargo se aplicó lo indicado por el artículo 84 constitucional en su párrafo quinto. Fue designado, por el Congreso de la Unión, presidente sustituto el general sonorense Abelardo L. Rodríguez. Catalogado por algunos como un callista incondicional, según el cacique revolucionario Gonzalo N. Santos no estaba en la terna que sugirió el “Jefe Máximo”, Plutarco Elías Calles.
Los fenómenos de la llamada “disidencia política organizada”, tema desarrollado por el profesor emérito de la UNAM, Octavio Rodríguez Araujo, con su estudio pionero sobre el “Henriquismo” en 1946 y 1952, han sido abordados en un artículo publicado en dos partes por la revista electrónica Hechos y Derechos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En mi opinión, uno de los procesos más complicados de la historia contemporánea de México fue el almazanismo en 1940 porque una buena parte del ejército mexicano estaba de parte del general Juan Andrew Almazán. La centralización del sistema electoral y su concentración en manos de la Federación se dio a partir de esa elección presidencial.
Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero