Crueldad de la 4T (II) 1
Publicado el 23 de mayo de 2023
Luis de la Barreda Solórzano
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
lbarreda@unam.mx
La facultad de persecución de los delitos es una de las más delicadas y la más devastadora que tiene el Estado. Una persecución penal provoca en el perseguido y sus allegados, aunque el perseguido finalmente quede exculpado, una singular angustia —la de la constante amenaza de que se le aplique la más rigurosa de las sanciones de todo el ordenamiento jurídico—, además de considerables erogaciones, tiempo dedicado a la defensa, menoscabo de la reputación y, en los casos en que se aplica la prisión preventiva, la pérdida de la libertad sin que aún haya condena. La autodenominada Cuarta Transformación ha echado mano en reiteradas ocasiones con artera inequidad de esa atribución.
Lo que se está haciendo contra el exprocurador Jesús Murillo Karam es de una perversidad extraordinaria. Encarcelado bajo cargos de delitos gravísimos sin prueba alguna, se han acumulado en su contra acusaciones cuyo efecto podría ser el de una ejecución de tracto sucesivo. Murillo está delicado de salud y varias veces durante su reclusión ha tenido que ser hospitalizado. Lo están matando. Se le acusa de tortura y desaparición forzada sin que exista ningún indicio de que haya ordenado torturar o desaparecer a persona alguna. La acusación de desaparición forzada por las cuatro horas transcurridas entre la detención de Felipe Rodríguez Salgado y su presentación ante el juez es un chiste infame. Ese delito se concreta cuando se priva de la libertad a una persona, se niega su detención y se oculta su paradero por un tiempo prolongado —semanas, meses, años—, no por cuatro horas.
Además, no hay prueba alguna de que Murillo hubiese ordenado la dilación. Si se castigara a los procuradores por los abusos de sus policías perpetrados sin su anuencia, todos serían castigados. El verdadero motivo por el que Murillo está preso es que logró, como procurador general de la República, esclarecer el caso de los 43 normalistas desaparecidos y seguramente asesinados. En lugar de que ese mérito fuera reconocido, está siendo castigado con vileza. El candidato Andrés Manuel López Obrador hizo del caso bandera política, anatematizó la verdad histórica de Murillo y formó una Comisión de la Verdad para llegar a otra versión, pero la hipótesis de Murillo no ha podido ser convincentemente desmentida.
En venganza, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene preso al exprocurador con la complicidad del juez de consigna Jesús Delgadillo Padierna. Tiene razón Sergio Sarmiento: “Murillo Karam es un preso político. Se le persigue por haber hecho su trabajo, por haber presentado acusaciones contra los secuestradores y asesinos de los normalistas, pero el gobierno quiere que muera en prisión preventiva por no haber salido a declarar con el puño en alto: ‘Fue el Estado’ (Reforma, 26 de abril)”. Kafkiano: mientras muchos de los presuntos victimarios de los normalistas están libres, quienes los detuvieron están en prisión o prófugos.
La persecución contra 31 prestigiados científicos, con acusaciones que no pueden ser calificadas sino de grotescas, fue tenaz y feroz: dos veces se ejercitó en su contra acción penal, que incluía la imputación de delincuencia organizada, a fin de que se les recluyera en una prisión de alta seguridad, donde las condiciones del encierro son muy severas. La aversión del Presidente a la ciencia —a la que considera un producto neoliberal— y a los que la desarrollan —a los que juzga como élite privilegiada— parece presente en esa obcecación. Las acciones no prosperaron porque la autoridad judicial resolvió que no había delito que perseguir.
No importó a la Fiscalía General de la República que la comunidad científica y académica se manifestara enérgicamente contra ese atropello. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) había financiado, como lo ordenaba la ley, al Fondo Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT). Ese financiamiento fue calificado por la Fiscalía como ¡operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa! ¡De procedencia ilícita recursos procedentes del Conacyt! ¡Asociación delictuosa, la acusación que usualmente es la que se endereza contra el crimen organizado!*
No son los únicos casos en que la denominada 4T ha hecho una utilización perversa del ius puniendi. En un próximo artículo me referiré a otros.
Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero