Visibilizar y dotar de presupuesto a la medicina forense, disciplina toral de la política criminal

Publicado el 6 de junio de 2023

Abelardo Garza Lira
Estudiante de maestría de política criminal, Facultad de Derecho “Ponciano Arriaga
Leija”, Universidad Autónoma de San Luis Potosí
abegarzalira@hotmail.com

I. INTRODUCCIÓN.

Es evidente en las perspectivas multi, inter y transdisciplinaria el importante papel que tiene la medicina forense como auxiliar en la identificación y determinación con evidencia científica de las causas y circunstancias de una muerte de origen presuntamente violenta y sujeta de probable delito, también auxilia en la impartición de justicia a los jueces, fiscales y abogados a través de testimonio experto sobre los hechos de referencia, dando lugar entonces a una disciplina indispensable para tal objeto.

El alcance es tal que incluso los resultados o peritajes resultan fundamentales para determinar si un fallecimiento se ha debido a causas naturales o, por lo contrario, se puede deber a un accidente doloso o culposo, delito o suicidio, incluso puede coadyuvar a determinar negligencias médicas, intoxicaciones crónicas, responsabilidades por ingesta de alimentos contaminados, simulación de auto daños o suicidio por parte de terceros, determinación de inimputables, etcétera.

La alta criminalidad y diversificación de las formas y métodos de la conducta delictiva para infringir daños a las personas la convierte en una disciplina que merece foco de atención de las autoridades, principalmente en el rubro de presupuesto efectivo para su adecuada ejecución, relevante también no por su significancia en la determinación de causas de daños y muerte, sino porque, paradójicamente, la determinación científica de las causas prevalentes de forma y métodos pueden servir para la toma de decisiones que coadyuven en la prevención de dichos delitos.

La impartición de justicia es quizá el reclamo social más importante de México hoy en día, de allí la importancia de fortalecer las instituciones que velan por la impartición de justicia, empezando por su parte científica, la medicina forense.

II. ANTECEDENTES DE LA MEDICINA FORENSE

En la antigua Grecia comparecían los médicos ante los tribunales o el jurado emitiendo su opinión técnica sobre la gravedad de las heridas o probables causas de muerte. De igual forma, en la antigua Roma se encuentran antecedentes de normas legales respecto a la legitimidad de las gestaciones (nasciturus), identificación y clasificación de enfermos mentales, etcétera.

En 1247 China contaban ya con un tratado denominado “Recopilación sobre las reparaciones de las injusticias” donde clasificaban las lesiones de acuerdo al instrumento que las causaban y su gravedad se establecía de acuerdo a la región corporal afectada, hoy en día dicha referencia aún es utilizada por médicos legistas chinos.

En el siglo XIV, en plena edad media, la medicina forense tiene notable avance enfocarse al estudio del cadáver, principalmente en el ámbito anatómico y para conocer la causa de muerte; en 1374 la Facultad de Montpellier obtuvo licencia para realizar autopsias en los cadáveres. Refiere Aníbal Navarro:1

Se considera la consagración de la medicina forense en los siglos XVI y XVII como disciplina y como ciencia auxiliar en la impartición de la justicia; se consolida su evolución al igual que otras ciencias. La consolidación de la medicina forense sucede en Bamberg y Ratisbona: en 1507 Alemania contó con un completo código penal, el cual fue auspiciado por el obispo de Bamberg y se conoció como “Las Ordenanzas de Bamberg”; en 1532, el Emperador Carlos V, siguiendo el ejemplo de Bamberg, promulgó en Ratisbona “las Constituciones Criminales Carolinas”, donde se hacen descripciones detalladas de los peritajes médico-legales y se exige su realización en ciertos delitos como las lesiones, el homicidio, el aborto, el infanticidio y el envenenamiento.

En 1521, se practicó autopsia médica al cadáver del pontífice León X, para establecer la causa de su muerte, en atención a la sospecha de haber sido envenenado. Antonio Benivieni (1443-1502) escribió una amplia obra: “De Abditis Nonnullis ac Mirandis Morborum el Sanationum Causis”, publicada en 1507; presenta la primera colección importante de autopsias con valor anatomopatológico, narrando el resultado de sus investigaciones en los cadáveres para conocer las causas de muerte; fue el primer médico del cual se conoce, en solicitar permisos de los familiares de algunos enfermos para disecar sus cuerpos, tarea complicada y riesgosa para la época, considerando el auge religioso y precisamente de la santa inquisición.

III. PANORAMA DE LA CRIMINALIDAD EN MÉXICO

Calva, J. L. (2020) refiere: 2

• Bajo la estrategia neoliberal, el número de mexicanos en pobreza de ingresos aumentó en más de 50 millones, al pasar del 48.5% de la población en 1981 al 76% de la población en 2014.
• Desde la perspectiva socioeconómica, política y cultural específica de nuestro país, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE), realizada por el INEGI, arrojó resultados similares: la percepción ciudadana sobre las causas de la inseguridad y la delincuencia apunta hacia el desempleo (41%) y la pobreza (32.7%), al lado de otras causas como la corrupción (32.2%) y la desintegración familiar (20.8%)

Buscaglia, E. (2014) menciona:3

Sin embargo, la delincuencia organizada se ha expandido desde México hacia 47 países de África, Asia, Europa, y Latinoamérica, hecho que no sorprende después de saber que en el país solo se ha implementado el 46% de las medidas concretas contenidas en la Convención de Palermo, y el 23% de las contenidas en la Convención de Mérida. ¿Cuáles son las medidas ausentes del marco institucional y social mexicano, cuya ausencia explica la actual debacle de la inseguridad pública en México?

Los cuatro tipos de medidas operativas contenidas en ambas Convenciones y que hoy están ausentes de la implementación de las políticas públicas mexicanas son:

(a) la coordinación interinstitucional de los eslabones legales/judiciales y de inteligencia operativa para que todos apunten al desmantelamiento patrimonial de empresas criminales y de empresas legales ligadas a organizaciones delictivas;

(b) el combate y la prevención de la corrupción política al más alto nivel, incluyendo procesamientos judiciales por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses y financiamiento ilegal de campañas electorales;

(c) la cooperación y coordinación legal/judicial, nacional e internacional; y

(d) la prevención social del delito en manos de la sociedad civil.

Héctor Hiram Hernández Bringas refiere:4

• En 2018, en el Brasil, Colombia, México, Venezuela (República Bolivariana) y los países del norte de Centroamérica (zona conformada por El Salvador, Guatemala y Honduras), que en conjunto representan el 68% de la población de América Latina y el Caribe, ocurrió el 93% de los homicidios de la región, y el 46% de los homicidios mundiales.
• De acuerdo con Cano y Rojido (2017), existen cuatro grandes vertientes explicativas de la singularidad del fenómeno en la región.
o una de ellas destaca factores estructurales como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, sobre todo para los jóvenes
o el intenso proceso de urbanización que han experimentado los países (Muggah, 2012).
o la vertiente que afirma que detrás de la alta incidencia de homicidios están los altos niveles de impunidad
o y la debilidad del estado de derecho o, como señala Briceño León (2012 y 2017), la débil institucionalidad.

Sobre las armas de fuego, Briceño León (2002, pág. 42) argumenta:

… lo que tiene de singular la violencia de América Latina, como también de los Estados Unidos de América y del mundo contemporáneo, no es la existencia de más delitos ni de mayores conflictos interpersonales, sino la letalidad de dicha violencia. Es decir, no se trata de que la gente pelea más, sino que se mata más… Y la letalidad está intrínsecamente relacionada con la posesión de armas de fuego que son capaces de asesinar mucho más fácilmente que las armas blancas.

En 2017, poco más de la mitad del total de homicidios se llevaron a cabo con armas de fuego, mientras que solo una quinta parte involucró objetos punzantes (UNODC, 2019). En América Latina y el Caribe, más que en ninguna otra parte del mundo, las armas de fuego son por un amplio margen el principal instrumento del homicidio: tres cuartas partes del total (UNODC, 2017b).

Por lo que se refiere al consumo de alcohol como factor facilitador de la violencia homicida, con datos de 17 países del mundo, UNODC (2019) estima que el 37% de los perpetradores de homicidios estaban bajo la influencia de una sustancia psicoactiva. La gran mayoría de ellos (90%) había consumido alcohol.

Solis M y Moricone, Marcelo señalan:5

Muggah remarca que en un 2% del territorio de las grandes ciudades se producen 80% de los asesinatos. Bajo estas teorías, la violencia y el crimen han sido asociados, históricamente, a barrios alejados del centro de la ciudad, pobres, con altos niveles de desempleo y precariedad laboral, con presencia de colectivos étnicos y sociales.

Las grandes ciudades dificultarían la cohesión social, harían más visible las desigualdades, invisibilizarían al criminal e intensificarían los comportamientos desviantes. El ambiente rural sería más pacífico, las metrópolis más peligrosas y la rápida urbanización influiría en el aumento de la delincuencia y la violencia.

Un referente estadístico de los últimos 33 años y aglutinado por el sexenio presidencial publicado por la Prensa6 respecto a la tasa de homicidios dolosos, es interesante respecto a la evolución de este tipo de crimen:

Socialmente México expone los siguientes datos:7

IV. TRASCENDENCIA DE LA MEDICINA FORENSE EN LA POLÍTICA CRIMINAL

Ante este incremento de la violencia en México se requiere revisar la política criminal a efecto de eficientar las diversas áreas que le atañen, las cuales deben ser analizadas a la luz de coordinación con las políticas públicas, pues bien, se dice que la mejor política criminológica puede ser efectiva cuando es armonizada con aquella política pública que atiende las causas que impactan en las primeras, es decir, relacionadas en términos de las causas enunciadas en el apartado anterior:

• Atención de los factores estructurales como la:

o pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, en especial para los jóvenes que requieren trabajo (una cantidad aproximada de 400,000 al año).

• Urbanización planeada que permita el acceso a servicios públicos de calidad, salud y en especial a la educación de calidad, un piso parejo para toda la población y disminuir la estigmatización y criminalización de la pobreza.

• Abatimiento de la impunidad, que incluye mejoramiento del sistema de impartición de justicia en todo su proceso: investigación, persecución, proceso y rehabilitación o purga de condenas.

• Fortalecimiento del Estado de derecho a través de apoyo férreo al imperio de la ley y así revertir la débil institucionalidad.

• Atender con compromiso serio las medidas contenidas en acuerdos internacionales para abatir el crimen organizado (Convención de Palermo) y disminución de la cultura de la corrupción (Convención de Mérida).

• Compromiso social (medios de comunicación, organismos educativos públicos y privados, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil en general) para mesurar la difusión de la violencia en todas sus facetas (económica, emocional, física, sexual y psicológica).

La atención de las causas que generan, replican y perpetúan las violencias y en consecuencia los actos delictivos sabemos que son a corto y mediano plazo, pero deben trabajarse de manera coordinada e institucional ya para poder aspirar al cambio deseado de manera constante y eficaz. Proyectar índices casi de 0 sería ilusorio y una utopía considerando lo intrincado de la naturaleza humana, su diversa psicología, historias de vida y en particular las vicisitudes que nos presenta el día a día en la actualidad. Nuestra naturaleza está impregnada por instintos, como la de cualquier otro ser vivo superior, entre ellos la agresividad, que nos ha permitido evolucionar como especie a través de los 5 millones de años de historia del ser humano en este planeta.

Es en la esfera del ejercicio de la violencia que se genera el acto antisocial y el acto delictivo, es la conducta violenta que se genera ante la incapacidad de racionalizar y controlar emociones (instintos, deseos desbordados) que puede escalar de la discusión, disputa verbal o deseo imaginario hasta las conductas que causan daño al otro en cualquiera de las esferas: económica, emocional, física, sexual o psicológica.

Considerando como muestra tan solo los siguientes elementos nos daremos una idea de la titánica labor de la medicina forense y de los recursos (infraestructura y profesionales) necesarios para llevar a cabo un trabajo profesional en la materia:

Muertes dolosas en periodo 1990-2021: 595,627, es decir, un promedio de 19, 213 por año.

• Cuerpos exhumados en periodo 2006-junio a 2022: 6,625, promedio anual de 414.

Con base a información de INEGI de 2019:8

De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del 2019, el total de personal en las Procuradurías Generales de Justicia y/o fiscalías generales fue de 95,150 servidores públicos; mientras que del personal adscrito a los Servicios Periciales y/o Servicio Médico Forense fue 9,735 personas, pero de esas solo el 11.45% son médicos forenses, es decir, 1,115 personas.

En operación simple de los servicios forenses disponibles en 2019 y considerando tan solo los servicios forenses de necropsias requeridos por un total promedio anual (periodo de 1990-2021) de 19,213 personas por homicidios dolosos y los 414 de cuerpos exhumados, da un total de 19,657 entre las 1,115 médicos forenses da un promedio da un total de 17.62 per cápita.

Sin embargo, un dato complementario puede retomarse del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), antes llamado SEMEFO, que está a cargo del TSJCDMX, al cual se canalizan todos los cuerpos que por las circunstancias en las que ocurre la muerte se deben de estudiar y esclarecer las causas del fallecimiento, es decir, practicarles necropsia. En 2015 se recibieron 4,929 cadáveres en el Incifo, de los cuales 24.6% correspondió a homicidios dolosos, entonces, si el promedio referido de 19,657 homicidios dolosos corresponden a esa hipotética constante de 24.6% del total de necropsias, significa que hablaríamos aproximadamente de 79,910 necropsias al año en México, dividido entre 1,115 médicos forenses, da un total de 71,7 necropsias por medico al año.

Ahora bien, como se señaló en la introducción, un médico forense no sólo hace necropsias, sino que también apoya en el proceso de las carpetas de investigación de diversidad de estudios: cambios corporales, causa y circunstancias de lesiones, examen externo, exámenes post-mortem y técnicas especiales post-mortem, identificación a partir de cadáveres, medicina relacionada con el tráfico (biomecánica, examen de cadáveres, lesiones, etcétera), evaluación de embarazo interrumpido por causas violentas, cuestiones de ascendencia, fertilidad, serología de paternidad, biología hereditaria, genética humana, exámenes asociados con delitos sexuales, abuso infantil, el examen de delincuentes sexuales, toxicología, intoxicación relacionada con detección de drogas y sus efectos, análisis de trazas biológicas de sangre, semen, sudor, pelo, orina, heces, análisis de ADN, conocimiento de enfermedades relacionadas con los riesgos laborales y demás.

Como sabemos, los médicos legistas pueden ser citados por el juez de proceso para abundar o especificar datos de su reporte, por lo que su función desde un punto de vista científico tiene una relevancia muy significativa para la decisión que tomará el juez al momento de analizar los datos de prueba, testimoniales y argumentos de las partes en conflicto. Los datos emitidos por los médicos forenses son datos duros.

Partiendo de la información del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019,8 menciona 2,076,660 casos de averiguaciones previas o carpetas iniciadas ese año, de los cuales 10.3% son lesiones, lo que indica que se practicaron aproximadamente 207,666 peritajes por médicos forenses (considerando 1,115 médicos forenses, asumiendo el sesgo pues este dato es de 2015), lo que da una cantidad de 186 por cada médico.

También en el periodo de diciembre 2018 a junio 2020 se realizaron 1,682 necropsias de exhumaciones (1,062 anual), entre el número de médicos mencionados da 10.95, esto de acuerdo al registro nacional de fosas clandestina y cuerpos exhumados

Así, de acuerdo a los datos enunciados, el total de servicios forenses promedio per cápita anual puede resumirse de la siguiente manera:

• Necropsias por homicidios dolosos y cuerpos exhumados: 17.6.
• Necropsias per cápita según el Instituto de ciencias forenses (Incifo), que por las circunstancias se deben de estudiar y esclarecer las causas del fallecimiento, promedio de 71,7 necropsias por medico al año.
• Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 20198 en promedio se realizaron 186 peritajes forenses por médico.
• De acuerdo al registro nacional de fosas clandestina y cuerpos exhumados 1 necropsia por médico forense.
• Total de necropsias o peritajes forenses per cápita: 277.

En términos de presupuesto recibido el ámbito forense para el desarrollo de su trabajo, es relevante los datos que arroja el análisis realizado por el FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C., que detalla:9

Por otra parte, las instancias forenses en el fuero común reciben transferencias federales para desarrollar sus actividades por dos vías: el Subprograma Forense del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (fasp), y los subsidios de la Comisión nacional de búsqueda(cnb). El Subprograma Forense jamás ha superado el 10% de los recursos totales del fasp, mientras que otros Subprogramas, como el de equipamiento e infraestructura, han llegado a obtener casi el 50% de estos recursos, lo que da cuenta de las prioridades en la materia para las entidades federativas que parecerían prestar poca importancia al fortalecimiento de las capacidades institucionales para enfrentar la crisis forense.

Según el último Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021, en el país contábamos con 283 unidades y 399 laboratorios de los servicios periciales y/o de servicios médicos forenses, así como 8 176 personas peritas en estas unidades (entre 50 y 57% de ellas especializadas en materia forense). Este personal pericial no se dedica solo a actividades de identificación forense, sino que responde al conjunto de solicitudes de peritajes que requieren las fiscalías del país; con un promedio de 3 541 homicidios mensuales en el país, esta es una carga de trabajo excesiva para un personal claramente insuficiente.

El mismo censo refiere que en servicios periciales o del servicio médico forense había 10,072 cuerpos o restos humanos, cantidad de la cual solo 57% habían sido identificado, lo que significa que hay en semefos o fiscalías estatales para su proceso de identificación un total de 4,248 cuerpos. Enfatiza FUNDAR:

Los 4,248 cuerpos sin identificar representan tan solo un 8.2% del total de los 52 004 reportados por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Si alrededor de 4 000 cuerpos sin identificar están en resguardo en instalaciones del Estado, ¿dónde están los más de 48 000 cuerpos restantes? Según el informe sobre la crisis forense en México de Quinto Elemento Lab, el grueso de los cuerpos sin identificar en el país está en fosas comunes (alrededor del 70%). Esto quiere decir que no son cuerpos directamente identificables, sino que requieren un procesamiento que implica infraestructura, así como recursos humanos y financieros.

La magnitud de este atraso de infraestructura y tecnología hace evidente la necesidad de inversión en este rubro del servicio médico forense y es motivo sin duda, de ser considerado como un ámbito de la mayor atención en la política criminológica que atenderse en México.

A manera de datos referente de esta problemática, enuncio datos significativos para crear un mapa conceptual lo suficientemente significativo y explicativo para tener una perspectiva del retraso de inversión del estado en materia de servicio médico forense, emitidos por FUNDAR:9

• El gasto erogado por la Coordinación general de servicios periciales (CGSP) en 2021 fue de 1,346.58 millones de pesos (mdp). Sin embargo, es inferior al originalmente aprobado y se dio además un subejercicio de 451.33 millones de pesos.

• El presupuesto de la CGSP no representa ni 1% del presupuesto total de la fiscalía general de la República (FGR).

• La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que depende de la Segob, cuyas funciones son la búsqueda de personas desaparecidas y la búsqueda forense con fines de identificación de cuerpos y restos humanos, desde su creación en 2019 tiene, para el año fiscal 2023, un presupuesto de 285.8 millones de pesos, no define con transparencia la proporción del presupuesto que destina exclusivamente a labores forenses.

• Esto es grave considerando que las funciones forenses de la CNB se han incrementado, por ejemplo, en 2020 adquirió la obligación de financiar el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), pero los documentos presupuestarios básicos no desglosan el presupuesto federal anual para el MEIF y solo en 2020 hay registro oficial de 40 millones de pesos (mdp) transferidos a instancias internacionales donde se da cuenta de recursos para este Mecanismo Extraordinario.

• Algo similar ocurre con los recursos para la operación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), la principal iniciativa federal para atender la crisis forense que se encargará de la identificación de personas con un enfoque masivo e interdisciplinario. Conforme a la reforma que dio pie a su creación la puesta en marcha del CNIH no implicó recursos adicionales para la CNB, y para el ejercicio fiscal 2023 tampoco existen recursos etiquetados para su funcionamiento.

Esto significa que en el papel el gobierno federal creo estas instancias en consecuencia de la ley respectiva (LGMDFP, DCP Y SNBP) pero no ha dirigido presupuesto para sus funciones, lo que significa que son organismos de membrete y que sencillamente no pueden cumplir su función por la falta de recursos.

Otros aspectos a considerar en la creación del marco conceptual referido:

• Subprograma Desarrollo de las Ciencias Forenses para la Investigación de Hechos Delictivos-FASP Ramo 33. De los 8 fondos de este ramo uno es el FASP, a través de este los gobiernos locales acceden a recursos federales para financiar distintas actividades relacionadas con la seguridad pública y la procuración de justicia, entre ellas, el fortalecimiento de las capacidades forenses. Para que puedan acceder a los recursos del FASP deben aportar con cargo a su presupuesto local cuando menos el equivalente al 25% del monto que les sea transferido por la federación y destinar todos los recursos en función de los Ejes Estratégicos, Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional acordados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). Dado que los gobiernos locales no pueden disponer libremente de los recursos del FASP, deben firmar convenios de coordinación con la federación y detallar el destino que darán a los recursos a través de los anexos técnicos de dichos convenios.
• En 2022 los recursos totales del FASP (federales y estatales) ascienden a 10, 904.22 millones de pesos (mdp) constantes de 2023. De este monto, el subprograma forense representó 7.03%, lo que equivale a 766.15.
• Subsidios de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), las Comisones locales (CLB) a través de un Convenio de Coordinación y Adhesión con la CNB, con la obligación aportar al menos el equivalente al 10% del total del presupuesto que les transfiera la CNB. Esta coparticipación debe destinarse a la contratación de personal, insumos o gastos relacionados con la operación de la CLB.

Otro referente importante es el informe Hallazgos 2020, Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México,10 del cual me permito referir algunos extractos que me parecen significativos:

La asignación presupuestal no sigue una lógica sistémica, ni está basada en los esfuerzos de planeación, por lo que se observan asignaciones con objetivos de corto plazo, sin una lógica de logro de metas de mediano y largo plazo. En este sentido, la asignación del presupuesto no responde a necesidades reales ni a la consecución de objetivos comunes.

En esta lógica de política pública, el adecuado funcionamiento del sistema de justicia procesal penal pasa por tres etapas principales:

1. Diagnóstico, que parte de la definición de problemáticas públicas para la construcción de objetivos y metas deseables, y posteriormente para el diseño de estrategias para alcanzarlas;

2. La puesta en operación de las estrategias, a través de la asignación y distribución de recursos y la adecuada coordinación de las instituciones participantes en un sistema de alta complejidad, y

3. El monitoreo y evaluación del desempeño del sistema, que sólo se pueden dar si existen condiciones de transparencia y participación ciudadana. Estas etapas del ciclo de política pública generan los factores que propician o dificultan la operación del sistema, lo que llamamos los condicionantes de su operación.

La asimetría institucional no se reduce. La atrofia del sistema de coordinación nacional y de las instancias de coordinación técnica, la falta de esfuerzos de planeación efectivos —vinculados con la asignación de recursos y reflejados en la operación diaria de las instituciones— y la ausencia de modelos pertinentes de monitoreo y evaluación han incrementado la asimetría entre las instituciones operadoras. El resultado: debilitamiento del sistema de justicia penal entero.

En 2020 el presupuesto asignado para el sector de justicia penal local, que conoció el 98% de los delitos denunciados, fue de 177,054,264,920 pesos—monto total que se distribuyó entre las diferentes instituciones—, equivalente a 140,503,619 pesos por cada 100 mil habitantes.

Por lo que respecta al personal pericial, mucho se ha insistido en que es una de las figuras más debilitadas, no sólo en términos de capacidades, sino también en suficiencia para cubrir las necesidades de investigación que exige el sistema penal acusatorio. Como muestran los datos, este personal resulta insuficiente, pues el promedio nacional alcanza tan sólo 9.7 por cada 100 mil habitantes.

A manera de resumen gráfico, FUNDAR explica la Distribución del total presupuestal del sistema de procuración de justicia local en 2020 mediante la siguiente gráfica:

En términos llanos, la sistematización en la asignación de recursos debe partir del llamado ciclo Deming, o sea el modelo planear, hacer, verificar, actuar (PHVA); la planeación como punto de partida debiera considerar diagnósticos a través de evaluaciones del contexto, de resultados previos y a partir de allí definir las políticas públicas, definir objetivos y luego entonces planear el presupuesto, ejecutarlo, evaluar de manera permanente y retroalimentar resultados, así como reiniciar el proceso. Las variables definidas no son constantes, los elementos, oficinas o dependencias intervinientes son incluso de dependencias diferentes, sin embargo, el reto es realizar trabajo intersecretarial basado en datos duros a través de resultados de indicadores de desempeño, de eficacia y trabajar como ya se mencionó, en apego a ley, en particular con transparencia, pues mientras pulule en todas las dependencias de los diversos niveles de gobierno una actitud constante de opacidad, de simulación de comunicación de resultados, todo ello no permitirá realizar una planeación presupuestaria adecuada y eficaz que redunde en resultados palpables.

Un aspecto muy importante es la estabilidad laboral y la profesionalización del personal relacionado a la actividad forense, en este sentido la implementación del servicio profesional de carrera es un importante punto de partida, pues poco útil sería contar con las más modernas instalaciones y equipos si no se cuenta con personal capacitado, estable y con perspectivas de desarrollo profesional, esta última aspiración inherente al ser humano.

La siguiente gráfica de FUNDAR9 respecto al nivel de avance en la implementación del servicio profesional de carrera en el país es elocuente:

V. CONCLUSIONES

Es evidente que la falta de planeación y definición de la política criminológica en México carece de una visión definida, de un eficiente diagnóstico, de recursos suficientes y adecuadamente distribuidos, así como un escenario de corrupción e impunidad institucional que aparenta una falta de compromiso de las instituciones y de quienes las dirigen, pareciera que sólo asumen una posición gubernamental por tener ingresos, poder, beneficios extralegales y otras canonjías.

En los últimos años en México, especialmente a partir del periodo del presidente Calderón, la pésima estrategia de la llamada guerra contra el narcotráfico desencadenó una diversidad criminal inusitada en México, que a su vez fue aparejada de un ingreso masivo de armas de alto poder que incentivo letalidad en los crímenes a niveles nunca antes vistos; más crímenes, con mayor índice de letalidad, implicación de daños colaterales (muertes de civiles) y una afectación a la cohesión social sin precedente.

Este incremento de criminalidad cambió el panorama no sólo de la dinámica de la procuración e impartición de justicia en México, afectó, como mencione, algo más importante: la cohesión social, descomponiendo el tejido social e impregnándolo de una cierta parálisis por el miedo generado por la letalidad de la violencia. Estas condiciones han sido a la fecha caldo de cultivo para la replicación de la violencia social a la vez que dicha estrategia de guerra contra el narcotráfico no identifico ni atendió las causas sociales que daban origen a la descomposición social; el histórico lastre de corrupción institucional ha continuado a la par de una política criminológica carente de una planeación estratégica que atienda las causas que la provocan, contrarrestar con una estrategia de mayor poder punitivo del estado al privilegiar la inversión de equipamiento de las fuerzas de seguridad pública.

Los miles de homicidios y desaparecidos que se generan y se acumulan cada año (que van apareciendo en fosas clandestina y que son descubiertas principalmente por parte de colectivos) hace imperante la responsabilidad del estado en al menos coadyuvar en la identificación de cadáveres a través de servicios forenses que debieran tener las mismas características que su concepto que los engloba: la impartición de justicia, que debe ser gratuita y expedita de acuerdo al artículo 17 constitucional.

Ante tal condición, es urgente que los legisladores al planear el presupuesto consideren el nuevo escenario de la criminalidad en México y visualicen el rezago en materia forense para que destinen los recursos necesarios para que cuente con instalaciones, equipamiento y material humano capacitado y suficiente para que así dejen de ser letra muerta de organismos como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y las comisiones locales de búsqueda de personas desaparecidas, que al ser reconocidos en la ley correspondiente, debe el estado asignar los recursos necesarios.

Con nuevo sistema penal, adoptaron mayor relevancia los servicios forenses, ahora autónomos en virtud que su utilidad es ahora más democrática, es decir, la verdad científica ahora ésta disponible en fiscales, defensorías y asesorías victímales. Al profesionalizarse y brindar atención universal y suficiente coadyuva a la inhibición de vicios y lastres como la fabricación pruebas. Quizá es tema pendiente que dependan actualmente de las fiscalías, para una mayor autonomía administrativa que coadyuve en una mayor autonomía de reportes o dictámenes y así como resultados más libres de presión alguna en su cadena de mando.

También es importante la profesionalización mediante impulso a sistema de servicio profesional de carrera, que dé certeza laboral y coadyuve a mejores niveles de eficacia en los servicios forenses.

Para finalizar y a manera de no perder el foco en la atención de la causalidad y como punto toral de la política criminológica necesaria en México, enfocar estrategias coadyuvantes con las políticas sociales, a efecto de abatir la desigualdad social y los índices de pobreza, aparejado de la disminución de los altos índices de corrupción según valuaciones de ONG’s y organismos internaciones.

VI. REFERENCIAS

1. NAVARRO, A. (2023). Datos históricos de la Medicina Forense. https://www.anibalnavarro.com/inicios-de-la-medicina-forense/.

2. CALVA, J. L. (2020). “Retos nodales del desarrollo econProblemas Del Desarrollo. https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2020.202.69638.

3. BUSCAGLIA, E. (2014). “La paradoja mexicana de la delincuencia organizada: Policías, violencia y corrupción”. Revista Policía Y Seguridad Pública, 271-282. https://doi.org/10.5377/rpsp.v1i2.1365

4. HERNÁNDEZ, H. (2022). “Homicidios en América Latina y el Caribe: magnitud y factores asociados”. Notas De Población (Impresa), 48(113), 119-144. https://doi.org/10.18356/16810333-48-113-6.

5. SOLÍS, Juan, Moricone, Marcelo. (2017). Atlas de la violencia en américa latina. 1era. Ed. San Luis Potosí, México. Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

6. La Prensa, N. F. A. (n.d.). “Supera gobierno de AMLO al de Peña y Calderón en número de muertes violentas”. https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/supera-gobierno-de-amlo-al-de-pena-y-calderon-en-numero-de-muertes-violentas-7292378.html.

7. https://www.mexicosocial.org/mexico-el-pais-de-los-73-mil-desaparecidos.

8. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnpje/2020/doc/cnpje_2020_resultados.pdf.

9. RUIZ A, Benumea I. (2022). “Presupuesto y crisis forense en México. Opacidad e insuficiencia del presupuesto en materia de identificación forense”. Colección PPEF 2023. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, 22. Ciudad de México.

10. Hallazgos 2020, Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, México evalúa, ONG.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero