Desplazamientos forzados desde los parques nacionales Laguna del Tigre
y Sierra del Lacandón en Guatemala

Publicado el 26 de junio de 2023

Citlali Berenice Basurto Santiago
Licenciatura en ciencias ambientales
citlali.bbs@gmail.com

Lilia Beatriz Sánchez González
Licenciatura en ciencias ambientales
316341602@enesmerida.unam.mx

I. INTRODUCCIÓN

Los parques nacionales Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, ubicados en el norte de Guatemala, han sido escenario de desplazamientos forzados de comunidades indígenas y campesinas en las últimas décadas. La creación de estos parques nacionales en 1990 y 1992, respectivamente, implicó la expulsión de las comunidades que vivían y usaban esas áreas, generando un conflicto entre la conservación ambiental y los derechos humanos de las comunidades afectadas. En este contexto, el presente documento analizará los desplazamientos forzados de las comunidades que se encontraban dentro de los (ahora) parques nacionales, enfocándose en el caso ejemplar de la comunidad de Laguna Larga, y examinará las violaciones a los derechos humanos y a normativas ambientales que se han producido.

II. DESARROLLO

El conflicto en Laguna Larga se originó a raíz de un desalojo policial y militar el 2 de junio de 2017 en el cual las autoridades argumentaron que era necesario para la conservación de la naturaleza de la reserva, sin embargo, esta acción resulta contradictoria ya que en la misma región se llevan a cabo operaciones de empresas extractivas, como la petrolera Perenco que extrae hidrocarburos en el área protegida. Esta situación evidencia los intereses económicos en juego y la falta de consideración hacia las comunidades locales y el medio ambiente.

Las comunidades afectadas, principalmente de origen maya q'anjob'al, q'eqchi', popti' y ch'ol, fueron obligadas a abandonar sus tierras y medios de subsistencia, siendo despojadas de sus propiedades sin una compensación adecuada. Desde entonces han vivido en un campamento improvisado en la frontera, luchando por su derecho al retorno a sus tierras y exigiendo diálogo con las autoridades responsables de la administración de las áreas protegidas.

El proceso de desalojo se llevó a cabo mediante una fuerte militarización de la zona y violencia contra la población local. Muchas familias se vieron obligadas a emigrar a otras áreas en busca de trabajo y vivienda, perdiendo sus medios de subsistencia y su conexión con el medio ambiente. A pesar de las promesas del gobierno guatemalteco de compensar a las comunidades afectadas hasta el momento no se ha logrado una solución justa y duradera para los desplazados.

El conflicto ambiental en estos parques nacionales se relaciona directamente con la política de ceder territorios y recursos a empresas privadas extranjeras para fines extractivistas, la presencia de proyectos como GuateCarbon, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y la expansión de monocultivos de palma aceitera y teca en áreas de conservación, lo cual demuestra que, una vez más, los intereses económicos predominan ante los derechos humanos de las comunidades locales, tales como el derecho a la salud, a la propiedad y hasta a la vida, y hacia el cumplimiento de la conservación del medio ambiente.

Además de las violaciones a los derechos humanos se han infringido principios fundamentales del derecho ambiental internacional, por ejemplo, el principio de precaución, que establece que se deben tomar medidas para evitar daños graves o irreversibles al medio ambiente, no se ha cumplido al permitir la explotación ilegal de recursos naturales en estas áreas protegidas. La falta de una evaluación adecuada de impacto ambiental y la ausencia de consulta y participación de las comunidades locales en la toma de decisiones son claras violaciones a los derechos ambientales y a los estándares internacionales.

III. CONCLUSIÓN

Este conflicto ha puesto en manifiesto la falta de cumplimiento de los principios fundamentales del derecho ambiental internacional. Las violaciones flagrantes de los derechos humanos y la explotación ilegal de recursos naturales en áreas protegidas son pruebas de ello, pues no se realizaron los estudios de impacto ambiental ni la consulta y participación de las comunidades afectadas.

Es crucial que las autoridades guatemaltecas y los actores internacionales involucrados aborden este conflicto de manera justa y equitativa. Se deben garantizar los derechos humanos de las comunidades desplazadas como el derecho a la propiedad y a la indemnización correspondiente por las pérdidas sufridas. Además, es necesario fortalecer la aplicación del derecho ambiental, asegurando que las áreas protegidas sean realmente preservadas y tengan un manejo adecuado e integral.

Asimismo, es fundamental promover un enfoque más sostenible y participativo en la gestión de los recursos naturales que considere tanto la conservación ambiental como los derechos y necesidades de las comunidades locales, esto implica fomentar la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades en la toma de decisiones que afecten directamente sus medios de subsistencia y su territorio.

En última instancia, la resolución de este conflicto requiere un compromiso genuino por parte de todas las partes involucradas para buscar soluciones justas y duraderas. Solo a través del diálogo constructivo, el respeto mutuo y la voluntad de encontrar un equilibrio entre la conservación y los derechos humanos se podrá lograr una convivencia armoniosa entre las comunidades locales y el entorno natural que tanto valoran y protegen.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero