El derecho administrativo del autoritarismo 1
Publicado el 27 de julio de 2023
Sergio López Ayllón
Profesor-investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
sergio.lopez@cide.edu
El 24 de marzo pasado, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma 19 leyes en materia administrativa. Aunque de carácter técnico, las modificaciones sirven a propósitos políticos. Uno de ellos es “disciplinar” administrativamente a varios órganos autónomos en materia de austeridad y remuneraciones. Otro, más transversal, implica reformular los márgenes de acción de la administración frente a los particulares, en beneficio del Estado.
La exposición de motivos presenta un “diagnóstico” con más ideología que sustento. Así, se afirma que el “proyecto neoliberal” que se desplegó a partir de 1982 se habría traducido en el “abandono del Estado interventor” lo que generó “la pauperización de la sociedad, el aniquilamiento de los derechos fundamentales y el debilitamiento del Estado”.
Paradójicamente, la misma exposición de motivos admite que “el marco jurídico mexicano reconoce la supremacía del interés general, público y social sobre el interés privado, ya que el primero hace posible el ejercicio efectivo de derechos humanos que implican el disfrute de los bienes comunes de la Nación”.
En efecto, en los antecedentes normativos de la iniciativa se valoran positivamente diversos elementos del marco jurídico vigente, casi todos ellos generados durante el “periodo neoliberal”. Así, por ejemplo, se refieren las reformas en materia de derechos humanos (2011), derecho al medio ambiente (1999), rectoría del Estado en el desarrollo nacional (1983, 1999 y 2013), régimen económico del Estado (1983, 1993) y los principios del uso de los recursos públicos (2008). También se reconocen las leyes de procedimiento administrativo, responsabilidades administrativas y presupuesto y responsabilidad hacendaria, todo resultado de la actividad legislativa “neoliberal”.
Si todo esto es cierto, ¿qué busca la reforma? Pues, en sus palabras, revertir actos de corrupción, prevenir actos lesivos al interés público y fortalecer a la Administración Pública Federal. ¿Y cómo lo hace? Introduce o modifica diferentes figuras del derecho administrativo (entre otras, el juicio de lesividad, las nulidades administrativas o la revocación de contratos). Implican otorgar a la administración amplios márgenes de discrecionalidad con base en las vagas nociones de “interés general”, “interés público”, “interés social” o “seguridad nacional”.
La historia del derecho administrativo puede resumirse en una tensión permanente entre el diseño de las facultades del poder Ejecutivo y el otorgamiento de garantías a los ciudadanos frente a ese poder. Es una tensión dinámica que se concreta en el principio de sujeción de la acción administrativa al derecho. Ahora, modificando el derecho, la reforma opta por una administración fuerte, discrecional y que fácilmente puede tener una deriva autoritaria. Ahí estamos.
NOTAS:
1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en Milenio Diario, el 12 de abril de 2023: https://www.milenio.com/opinion/sergio-lopez-ayllon/entresijos-del-derecho/el-derecho-administrativo-del-autoritarismo
Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero