El Presidente y la Suprema Corte 1
Publicado el 27 de julio de 2023
Sergio López Ayllón
Profesor-investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
sergio.lopez@cide.edu
El jueves pasado la Suprema Corte de Justicia, por una mayoría de ocho ministras y ministros, declaró inconstitucional el Acuerdo del Ejecutivo donde declaraba de interés público y seguridad nacional la realización de numerosos proyectos y obras a cargo del gobierno federal que se consideraban prioritarias y estratégicas, mismo que fue publicado en el Diario Oficial en noviembre de 2021. En su momento, en esta columna, consideramos que este Acuerdo era claramente inconstitucional. La Corte con diversos argumentos confirma esta condición. Y con ello ahonda la brecha que existe entre el presidente López Obrador y la judicatura federal.
El ministro Juan Luis González Alcántara, quien fue el ponente, expuso diversos argumentos de inconstitucionalidad: el Acuerdo transgrede el principio de reserva de ley; implica una invasión a la facultad reglamentaria del INAI y afecta la inatacabilidad de sus resoluciones. Siete ministras y ministros coincidieron en lo general con estos argumentos e incluso expusieron razones adicionales.
Por otro lado, el ministro Zaldívar y las ministras Esquivel y Ortiz consideraron que el Acuerdo no tenía el objetivo de reservar información, ya que los conceptos de interés público y seguridad nacional no tienen un uso exclusivo en materia de transparencia. Por ello no existiría afectación a la esfera competencial del INAI.
Estos argumentos resultan poco convincentes. Quien lo expresó con toda claridad durante el debate fue el ministro Laynez, quien argumentó que la declaratoria de “seguridad nacional” tenía dos efectos inmediatos: la reserva de los documentos relacionados con esas obras y la posibilidad de realizar adjudicaciones directas.
La decisión de la Corte fue contundente. Como lo fue la respuesta del Ejecutivo, quien el jueves 18 emitió un nuevo Decreto por el que estableció que el Tren Maya, el corredor del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum son de seguridad nacional e interés público. Una vuelta de más a la tuerca pues se trata de un desacato deliberado.
Este asunto solo suma al conflicto cada vez más profundo entre el Presidente y la Corte. Claramente el discurso presidencial la ha convertido en el enemigo de la 4T; es la suma de resistencia, privilegios y conservadurismo. El discurso polarizante requiere un enemigo y la Corte es un blanco perfecto. Por su parte, el tribunal constitucional ha quedado atrapado en el juego político pues su misión es preservar el orden constitucional, que el Presidente violenta deliberadamente. Y por ello, las y los ministros tienen que decidir con la Constitución. La que tenemos, no la que quisiera tener la 4T. Es un juego perverso que puede tener graves implicaciones para la estabilidad política. Creo que no hay marcha atrás.
NOTAS:
1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en Milenio Diario, el 24 de mayo de 2023: https://www.milenio.com/opinion/sergio-lopez-ayllon/entresijos-del-derecho/el-presidente-y-la-suprema-corte
Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero