logo logo





¿Qué significa hacer políticas públicas con perspectiva de género? 1

Publicado el 27 de julio de 2023

Ana Ximena Jacoby
Profesora e investigador en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Autónoma de Campeche

Víctor Collí Ek
Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche
emailvimcolli@uacam.mx

Con la colaboración de los estudiantes de la licenciatura en Derecho:
Victoria de la Torre Cocom, Alvar López Guerrero y Gabriela Vela Carrillo


Hasta hace no muchos años gran parte de los problemas de género permanecían vedados en el ámbito doméstico y eran asumidos por las mujeres como limitaciones propias, sin embargo, con la llegada de la segunda ola feminista las mujeres comenzaron a tomar consciencia de que las situaciones que vivían respondían a patrones estructurales. Las aportaciones de Shulamith Firestone y Robin Morgan se hicieron eco en el ensayo “Lo personal es político” de Carol Hanish (1969) y se comenzó a visibilizar la dimensión política de las situaciones de opresión doméstica. En ese clima de época se celebró en México la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (1975) y se dieron los primeros pasos para la formulación de políticas para las mujeres, asumiendo por primera vez estos problemas como asuntos de interés público. Desde entonces, ha habido enormes avances en la construcción de una agenda de género y en la formulación de políticas públicas con perspectiva de género, empero, son muchos los desafíos que aún persisten.

I. PRIMER DESAFÍO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO

El primer gran desafío que debemos enfrentar es el de pasar de las políticas públicas para mujeres a las políticas públicas con perspectiva de género. Esto supone varias cosas más allá de la terminología. Primero, en vez de pensar en políticas públicas para la mujer se requiere pensar en políticas públicas para el género en sus distintas expresiones, en las que no solamente se incluyen a las mujeres —aunque por supuesto hay una sensibilidad muy especial por las distintas problemáticas de la mujer.

Segundo, este pasaje de la política para mujeres a la política con perspectiva de género tiene que ver con que las mujeres no deben ser concebidas como beneficiarias de políticas públicas pensadas como políticas universalistas y desde una perspectiva androcéntrica; lo que necesitamos son políticas pensadas para las mujeres y que tengan impacto en las problemáticas de las mujeres. En este sentido un ejemplo son los incentivos para la producción agraria, que muchas veces están asociados a la tenencia de un título de propiedad de la parcela dado que la tenencia de la tierra está en mayor proporción en manos de los hombres, esta política termina teniendo un impacto sesgado de género. Muchas políticas que en principio son concebidas como universales y neutras no lo son ya que hay factores como el anterior que sesgan el resultado, es por ello que debe haber una especial sensibilidad a esta cuestión si se busca hacer políticas públicas que efectivamente sean universales.

II. SEGUNDO DESAFÍO: LA TRANSVERSALIDAD

La problemática de género afecta a las personas en todas sus dimensiones, está presente en todos los ámbitos de sus vidas y no se reduce a problemas laborales, de salud, educación, políticos o asuntos de vida privada. Consecuentemente, se requiere formular políticas públicas que contengan una perspectiva transversal de género, ahora ¿qué significa que sean transversales?, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas entiende al proceso de transversalización como

… una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. (ECOSOC, 1997).

Es en este sentido que sostenemos que las distintas políticas públicas, programas y marcos normativos sobre los distintos temas y en los distintos niveles de gobierno deben incorporar transversalmente la perspectiva de género.

III. TERCER DESAFÍO: LA INTERSECCIONALIDAD

Un aspecto fundamental a la hora de hacer política pública con perspectiva de género es la interseccionalidad, además, el concepto de interseccionalidad tiene la virtud de ser uno de esos conceptos con fecha de nacimiento. Hay un antecedente a la idea de interseccionalidad relacionado a la elaboración del manifiesto feminista negro de 1977, en ese momento muchas mujeres en Estados Unidos empezaron a tomar y a generar conciencia sobre el resto de la población de que ser una mujer afrodescendiente y sin educación no era lo mismo que ser una mujer blanca, educada y con dinero. Aunque ambas mujeres se ven afectadas por problemas de género, el movimiento feminista planteaba que había una enorme diferencia que tenía que ver con estas otras dimensiones que reforzaban la vulnerabilidad que genera una dimensión. Esto mismo es a lo que Kimberlé Crenshaw llamó en 1989 la interseccionalidad, a partir de ese momento hubo una palabra para nombrar esto que muchas mujeres en su fuero íntimo sentían o pensaban, así, cuando no se veían reflejadas en ciertas demandas del movimiento feminista pensaban: “[s]í, todas somos mujeres, pero algunas tenemos más problemas que otras”. Es por ello que al interior de la cuestión de género es muy importante tener presente la dimensión de la interseccionalidad y que la política pública la tenga presente para atender a todas las demandas, dando prioridad a las necesidades de las mujeres más vulnerables.

La intersección de la dominación masculina con la raza, el origen étnico, la clase, la casta, la religión, la cultura, el lenguaje, la orientación sexual, la condición de migrante o de refugiada, así como la discapacidad frecuentemente son denominadas formas de interseccionalidad y operan en muchos niveles con relación a la violencia contra la mujer.

La discriminación interseccional moldea las formas de violencia que experimentan las mujeres, determina que algunas mujeres tengan más probabilidad de ser blanco de determinadas formas de violencia porque tienen menos opciones de obtener asistencia o de formular las denuncias. En estos términos se plantea desde la Naciones Unidas la cuestión de la Interseccionalidad, un estudio interesante y actual que nos expone las diversas figuras de discriminación interseccional es Atrey, Shreya, Intersectional Discrimination, Oxford University Press, UK, 2019).

La interseccionalidad es asociada metafóricamente con una carretera en la cual hay puntos de convergencia, es en estos puntos de convergencia donde se tocan distintas formas de desigualdad que no solamente se van sumando, potenciando y generando realidades muy particulares. En este sentido, una mujer que no tiene la posibilidad de salir a denunciar porque no tiene el tiempo, los medios físicos o económicos, la preparación, visibilidad pública, no está empoderada, acarrea traumas e inseguridades, etcétera, está en inferioridad de condiciones.

Por esta razón, al interior del colectivo de las mujeres existen distintas situaciones, y si hay algo a lo que tiene que ser sensible la política pública es a la cuestión de la interseccionalidad y tener un sistema de indicadores con el cual esta se pueda medir. Si solamente observamos si una política afecta a hombres o mujeres no podemos saber qué sucede al interior de cada uno de estos colectivos. Una política pública que solamente afecta a las mujeres blancas, educadas y que viven en las ciudades deja afuera a una gran parte, a la parte más vulnerables de las mujeres. Para poder medir el impacto de una política pública al interior del colectivo de las mujeres necesitamos indicadores que nos permitan dar prioridad a quienes más necesitan del apoyo.

No nos sirve una política pública de género que no tenga en cuenta en primer lugar a las mujeres campesinas, las trabajadoras precarizadas, las trabajadoras sexuales, las que están en la casa y sufren violencia, ya sea por su condición social, por su edad, por ser madres o por cuestiones culturales e identitarias. En este sentido, existen distintas formas de vulnerabilidad y el Estado está obligado a ofrecer una respuesta desde la política pública a todas estás situaciones.

IV. CUARTO DESAFÍO: LAS BARRERAS POLÍTICAS

Una vez que logramos diseñar políticas públicas que rompan con la matriz androcéntrica y sean concebidas con perspectiva de género, que sean transversales a los distintos ámbitos y niveles de gobierno y que tengan presente la interseccionalidad debemos superar una cuarta barrera: la barrera política. No solamente necesitamos políticas pensadas desde una perspectiva de género, también necesitamos superar un sinfín de barreras prácticas para poder implementarlas.

En términos objetivos, la situación de violencia contra las mujeres no ha mejorado en los años recientes, según datos provistos por INEGI (2016 y 2021) la prevalencia de la violencia contra las mujeres mayores de 15 años entre 2016 y 2021 ha aumentado del 69% al 73% en entornos rurales y del 54% al 60% en entornos urbanos (INEGI 2016, 2021).

México ya ha avanzado muchísimo en consolidar matrices de indicadores que nos permitan diseñar, implementar y evaluar políticas públicas con perspectiva de género, sin embargo hay que seguir robusteciendo este sistema de indicadores para que nos permitan monitorear las distintas dimensiones de la política de género de manera transversal y de manera interseccional. Pero para pasar de la teoría a la acción también necesitamos más mujeres en cargos de decisión y que estas mujeres tengan un compromiso real con la agenda de género.

Este cambio, por suerte, ya ha comenzado. Desde 2014 la Constitución mexicana incorporó el principio de paridad para la postulación de candidaturas de mujeres y hombres, y progresivamente más mujeres tienen cargos gerenciales en empresas, pese a esto lo que más está empujando hoy en día a la agenda de género son las mujeres de a pie, es el cambio que ya sucedió al interior de cada una y que no tiene retorno. Las mujeres han cambiado su manera de pensar y su situación en el mercado laboral. En términos estadísticos han decidido colectivamente tener menos hijos y trabajar más, como muestra un estudio de la CEPAL (2019), esto les ha permitido ganar muchísima autonomía, lo cual es algo fundamental para todas las formas de realización de los derechos de la mujer. En la medida en que las mujeres salen al mercado laboral pueden tener sus propios recursos y la posibilidad material de ser más autónomas y rebelarse ante las distintas formas de violencia.

Además de ser más autónomas, incluso las mujeres que no trabajan han ganado más conciencia y están empezando a perder el miedo. Las redes sociales están ayudando a hacer una enorme revolución al visibilizar las injusticias, generar empatía y contribuir a una movilización inédita de las mujeres en las calles. En este sentido, el cambio político ya está sucediendo. Y llegados a este punto las políticas públicas más que superar las barreras políticas tienen que hacerse eco de un cambio político que ya sucedió y que vino para quedarse.

V. REFERENCIAS

ATREY, S. (2019). Intersectional Discrimination. Reino Unido, Oxford University Press.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019). La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes (LC/CRM.14/3). Santiago de Chile.

HANISCH, C. (1969). The Personal is Political: The women’s Liberation Movement With a New Explanatory Introduction.

INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). Ediciones 2016 y 2021.


NOTAS:
1 Artículo realizado como parte de actividades del cuerpo académico: “Derechos Humanos y Problemas Constitucionales” UNACAM-CA-55, reconocido como Consolidado por la SEP.


Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero