Adiós al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI),
para el caso Ayotzinapa 1
Publicado el 7 de agosto de 2023
Luis de la Barreda Solórzano
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
lbarreda@unam.mx
Si el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en verdad hubiera querido ayudar a esclarecer el crimen contra los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hubiera exigido, en primer lugar, que se atendiera la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida cuando aún era un organismo autónomo, principalmente en el punto en el que demanda que se envíen al laboratorio de Innsbruck, para su examen genético, 114 restos óseos recuperados en el basurero de Cocula.
Ese punto es de enorme relevancia, pues aclararía si esos restos son de los estudiantes victimados o bien de otras personas que son buscadas por sus familiares. La desatención a esa recomendación sólo se explica por el interés en negar la hipótesis de que los cuerpos de los normalistas, o varios de esos cuerpos, fueron incinerados en el basurero. El GIEI, en contra de los dictámenes de reconocidos expertos, negó siempre que en ese muladar se hubiera producido una fogata. Negándolo sostenía su postura de que la versión de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) es falsa.
El GIEI vino a México con la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tan importante función juega en el combate a los abusos de poder en la región, por lo que era de esperarse del grupo un trabajo objetivo, no prejuiciado. No ocurrió así: desde sus primeras actuaciones se aferró, sin sustento probatorio, a la tesis de que se trató de un crimen de Estado, es decir, perpetrado por las más altas autoridades del gobierno federal. Nunca tuvo la honestidad intelectual de reconocer las aportaciones de la CNDH, que incluso indagó sobre la posible responsabilidad de los directivos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en la situación que abrió la puerta a la tragedia.
Ya he escrito en este espacio que, de haberse atendido la recomendación del organismo protector de derechos humanos, el caso se hubiera esclarecido por lo menos en sus aspectos más importantes. Ni el fiscal general de la República ni el subsecretario Alejandro Encinas, al frente de la Comisión de la Verdad, han querido dar cumplimiento a dicha recomendación. De lo que se trataba era de proclamar que la versión de la PGR es falsa, lo cual dio lugar, entre otras cosas, al monstruoso atropello contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, a quien se está asesinando, manteniéndolo en prisión, porque esa versión no es del agrado del actual gobierno, que ha querido adjudicarse el mérito de resolver el caso, pero sin lograr echar abajo la hipótesis de Murillo.
El GIEI señala que varios militares, algunos de ellos ya presos, son responsables por omisión de la desaparición de los normalistas, pues se estuvieron enterando en tiempo real de lo que estaba aconteciendo. Esa gravísima acusación no está probada. Esos militares pudieron enterarse de lo que estaba pasando a través del C4, de sus OBIS (elementos de inteligencia) y de lo que el resto de las autoridades les informaban, no de lo que el líder de Guerreros Unidos planeaba o dispuso. Hasta las 23 horas, los hechos se desarrollaban como de costumbre: estudiantes que “secuestran” camiones, intervención de la policía, detenciones…
Después de esa hora es cuando El Patrón, capo de Guerreros Unidos, informado de que algunos de los líderes estudiantiles que llegaron a Iguala eran miembros de la banda rival, Los Rojos, ordena que los estudiantes le sean entregados. Algunos de éstos se encontraban detenidos en la comandancia de la policía municipal de Iguala, de donde los sustrajo, para entregarlos a Guerreros Unidos, César Nava, subdirector de la policía municipal de Cocula. De eso y de lo que ocurrió más tarde con los normalistas a la postre desaparecidos ya no pudieron tener conocimiento en tiempo real los militares, pues la orden de El Patrón, obviamente, era clandestina, y fue a partir de esa orden que se desarrollaron los hechos que culminaron en la desaparición, y seguramente el asesinato, de los estudiantes normalistas.
Tampoco la conversación entre El Gil y Francisco Salgado Valladares, director de la policía municipal de Iguala, comprueba que los militares se estuvieran enterando del crimen en tiempo real. Esa comunicación se dio con mensajes de texto, y no hay certeza de que tales mensajes estuvieran siendo leídos por los militares en el momento en que se enviaban.
Los militares no podían evitar el crimen (dejemos de lado que no les es dable actuar sin la petición de la autoridad civil) si no sabían que se estaba perpetrando o estaba por perpetrarse.
NOTAS:
1 Se reproduce con autorización del autor, publicado en Excelsior, el 3 de agosto de 2023: https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/adios-al-giei/1601230
Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
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