La deshumanización de los cuerpos en la emergencia humanitaria
por dsaparición de personas en México

Publicado el 22 de agosto de 2023

María Cristina López Cortez
Pasante de Antropología Física
Universidad Nacional Autónoma de México
clopez@politicas.unam.mx

En la actualidad, México atraviesa una crisis humanitaria por la desaparición de personas. Los esfuerzos por contrarrestar esta problemática han sido múltiples, uno de ellos es la localización y excavación de fosas clandestinas así como la exhumación y el análisis de restos humanos encontrados en ellas, tareas que, en conjunto, realiza la antropología forense mexicana. Sin embargo, los obstáculos para darle identidad a dichos restos se presentan en diferentes niveles, desde los que tienen que ver con los grupos criminales que han perfeccionado las técnicas para exterminar los cuerpos, aunado a ello la omisión del Estado y, finalmente, las malas prácticas, la nula —o escasa— experiencia y la ética de los profesionales forenses a cargo (cuestión que está inserta en la tradición positivista de la ciencia), reproduciendo en cada uno de ellos el mismo problema: la deshumanización de los cuerpos.

En 2022 México alcanzó un récord al sumar más de 100 mil personas desaparecidas y no localizadas en los últimos cincuenta y ocho años, donde por lo menos 97% de los casos son posteriores a 2006, es decir, en el inicio de la “guerra contra el narco”, la cual fue encabezada por el expresidente Felipe Calderón. En contraparte, los familiares en busca de sus desaparecidos contabilizan aproximadamente 52 mil cuerpos sin identificar, mismos que fueron recuperados entre las más de cuatro mil fosas clandestinas descubiertas en el país. Cifras que cada día van en aumento.

Las fosas, lamentablemente, representan una esperanza para encontrar, por lo menos, a la gran mayoría de esas personas desaparecidas. Sin embargo, es común que los cadáveres, restos óseos y, en general, restos humanos hallados en ellas se encuentren en condiciones desfavorables para una identificación exitosa, pues las características que presentan no sólo responden a un proceso de violencia donde sus perpetradores toman la decisión del hacer morir, sino que también se plantean las condiciones de los métodos y las formas para llevarlo a cabo. Es decir, la muerte ya no les es suficiente, buscan trascenderla deshumanizando los cuerpos de las víctimas mediante diversos métodos y formas como la descuartización, fragmentación de los restos óseos, exposición térmica, disolución en ácido, entre otras. De esta manera, pretenden transmitir un mensaje a sus contras —cuando es el caso—, así como sembrar emociones de miedo, terror y tristeza en las familias, sus comunidades y la sociedad en general, pues la violencia ejercida por parte de los perpetradores pretende reafirmar su poder. Un poder que modela y disciplina a estas personas en su vida cotidiana, donde para ellos todos somos prescindibles y reducibles a nada.

En este contexto, uno de los casos más atroces en nuestro país, que nos permite ejemplificar lo dicho, es de “El Pozolero”, miembro del cártel de Tijuana. Santiago Meza López fue el autor de haber disuelto en ácido, sosa y otras sustancias químicas a por lo menos 300 personas. El objetivo: desaparecer por completo los cuerpos que le eran entregados por parte de una banda vinculada al cártel de Tijuana. Entre las víctimas no sólo se encuentran personas asociadas al narcotráfico y la delincuencia organizada, sino también aquellas que fueron secuestradas para pedir un rescate, que se encontraban accidentalmente en un lugar que fue intervenido por delincuentes o que simplemente fueron asesinadas por altercados de menor relevancia como incidentes viales. Los cuerpos de todas estas víctimas, que en principio pretendieron ser desaparecidas por completo bajo la premisa “sin cuerpo no hay delito”, hoy se encuentran reducidos a restos que no tienen ninguna probabilidad de ser identificados. Esto, como menciona la autora Anne Huffschmid en su texto “El susurro de los huesos. La antropología forense como arqueología del dolor y resistencia ante el terror”, responde a acciones crueles en detrimento de la verdad y la justicia, donde se busca despojar de su condición humana a los cuerpos de las personas desaparecidas.

Es indiscutible la crueldad con la que actúan quienes llevan a cabo estos actos de deshumanización de los cuerpos, no obstante, numerosos ejemplos ponen sobre la mesa la idea de que este proceso de deshumanización no se limita al acto de hacer morir y, en él, las condiciones en las que se hace, sino que, además, continúa por omisión o connivencia en manos del Estado, sus instituciones y actores sociales específicos (como ya ha sido señalado por familiares de desaparecidos y diversos autores que reflexionan en el tema), quienes replican con sus acciones u omisiones formas de violencia explícitas e implícitas, como en los casos emblemáticos de las fosas de Jojutla y Tetelcingo, donde la Fiscalía del Estado de Morelos había inhumado de manera irregular a al menos 119 cadáveres debido a la nula práctica de necropsias, confrontas de ADN u otras pruebas periciales en aras de su debida identificación humana, sepultando así la esperanza de encontrar la verdad y la justicia para los familiares de estas personas.

Ante esta problemática podemos deducir que la condición de deshumanización de los cuerpos no sólo ha quedado en manos de la delincuencia organizada, quienes han arrebatado la vida a sus víctimas y los cuales actualmente han perfeccionado las formas de desaparición de restos humanos, pues también dicha expresión de violencia continúa a través del Estado, las Fiscalías y demás instituciones encargadas de darles identidad, en manos de los profesionales de las ciencias forenses, quienes debido a malas prácticas continúan reproduciendo la violencia que iniciaron los perpetradores.

En este sentido, como señalan algunos autores, tal es el caso de David Le Breton y Anne Huffschmidcon, es importante que las ciencias, y en particular las ciencias forenses, se cuestionen las premisas bajo las cuales desarrollan su trabajo. Si éstas parten del positivismo y las concepciones dicotómicas (cuerpo-humanidad) y anatomofisiológica (el cuerpo como una máquina), dan pie a seguir reproduciendo la deshumanización de los cuerpos. Para evitarlo debemos resignificar los conceptos y los sentidos del saber, trabajar en la idea de que el cuerpo es resultado de una elaboración realizada en lo social; un hueso humano no identificado, por ejemplo, no es solamente tejido que puede ser escondido, como lo hizo la Fiscalía del Estado de Morelos en el caso de las fosas de Jojutla y Tetelcingo, es un individuo con una historia, con familia, con amigos, con un círculo social que, de diversas formas, se ha visto afectado por la ausencia de esa persona, y que como tal merece un trato digno y humano.

Finalmente, si bien algunos restos humanos, como los de las víctimas de Santiago Meza López, ya no tienen posibilidad de ser identificados, lo mínimo que el Estado y los profesionales de las ciencias forenses deben hacer al respecto es no seguir reproduciendo esa deshumanización de la que ya han sido víctimas en primera instancia por sus perpetradores, actuar con ética y profesionalismo, respetando la dignidad y memoria de la víctima y su medio social.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero