Derecho, elecciones y jueces: invalidación de elecciones presidenciales
y condena de un dirigente político

Publicado el 26 de octubre de 2023

Bahdon Abdillahi Mohamed
Licenciado en Ciencias Políticas, doctorando en Sociología de la Educación en
la Universidad de Murcia, España
bahdonabdillahi@gmail.com

Dos hechos importantes marcaron la actualidad jurídica y política en el África negra a finales del año 2019 y en junio de 2020: por una parte, la invalidación de las elecciones presidenciales en Malawi de 2019-2020; y, por otra, la condena del Director del Despacho del Presidente de la República Democrática del Congo por corrupción y desvío de dinero público.

Pero entre una norma y su aplicación, hay una diferencia. Muchas leyes no se aplican a determinadas personas con cargos políticos. Son leyes decorativas en el marco jurídico de un país. Sin embargo, la condena de un alto dirigente político es una novedad.

Se ha dicho varias veces que en África la justicia no es independiente; está controlada por el poder ejecutivo y, por lo tanto, los jueces están muy limitados en su tarea de administrar el Derecho. Producto de un poder autoritario, la justicia se ejerce contra los débiles, los opositores y los pobres. No se puede juzgar a un político y un empresario poderoso, ya sea nacional o extranjero como a un ciudadano. A pesar de la igualdad tan mencionada en varios artículos de las Constituciones, la aplicación de la Ley no es igual para todo el mundo.

Pero los tiempos cambian poco a poco, aunque no del mismo ritmo en todos los países. Después de la adopción de las dichas constituciones liberales, al principio de la década de los noventa del siglo pasado, se ha pensada que ha llegado el tiempo del espíritu de la Ley y una tímida de la importancia del derecho en la vida sociopolítica. Con la adopción de las nuevas leyes fundamentales, algunos analistas de los estudios africanos se han atrevido a resaltar la instauración del Estado de Derecho; es decir, un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes vigentes.

Invalidación de las elecciones presidenciales

Invalidar una elección no es una hazaña o invención de los jueces de una Corte o un Tribunal Constitucional. La ley constitucional de muchos países lo prevé. ¿Es el principio del Estado de Derecho en los países africanos? Aquellos que aplican el Derecho, interpretan las leyes y otras normas sobre las cuales se basan para dictaminar los casos que tratan. No cometen un delito en su profesión por implementar la ley. Al contrario, desempeñan un papel importante en la sociedad: la estabilización de las relaciones sociopolíticas y la disminución de la violencia por la administración y el respeto del Derecho.

Esto es lo que ha ocurrido en Malawi, pequeño país de África austral. Como consecuencia de un recurso presentado contra los resultados de las elecciones presidenciales, los jueces de la Corte Constitucional sentenciaron y decidieron que "Peter Mutharika (el presidente candidato) no fue debidamente elegido el 21 de mayo de 2019. En consecuencia, anulamos los resultados de las elecciones presidenciales". Invalidar es anular, hay que empezar de cero. La Corte fijó para el 23 de junio las elecciones presidenciales. El candidato de la coalición de la oposición ganó.

Para muchos analistas de la política africana fue una novedad en el continente negro. Pero no es la primera institución jurisdiccional que invalida una elección presidencial en un contexto de tensiones sociopolíticas. En 2017 la Corte Constitucional de Kenia anuló los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de octubre de 2017. El candidato opositor recurrió contra los resultados que daban como ganador al presidente Uhurru Kenyatta. El presidente de la Corte Constitucional, David Maraga, afirmó que las elecciones "no se llevaron a cabo conforme a la Constitución y de la ley sobre las elecciones". La Corte declaró que las ilegalidades e irregularidades afectaron a la integridad de la elección. Pero diez años antes, otra Corte, la de Malí, había anulado, en todo el territorio, las elecciones legislativas de 1997.

La condena de un político

Todas las constituciones del mundo proclaman la igualdad de las/los ciudadanas/ciudadanos ante la ley. Es un principio. Pero, a pesar de esta afirmación, hay una desigualdad que deriva del estatuto profesional de la persona. Una persona, elegida, goza de inmunidad durante su mandato; sin embargo, puede ser juzgada si la asamblea vota la perdida de dicha inmunidad.

Teóricamente las/los ciudadanas/ciudadanos, cualquiera que sea su función, son iguales ante la ley. El cambio de actitud de los jueces se notó también en la República Democrática del Congo. Después de una caótica organización de las elecciones presidenciales del 30 de diciembre de 2018, se eligió un nuevo presidente. El opositor, Félix Tshisekedi, ganó al presidente Joseph Kabila, quien no se presentaba por un tercer mandato. Ante la situación de anarquía, las expectativas del electorado se redujeron a la búsqueda de la paz (imposible de conseguir en determinadas regiones del país), la estabilidad política y, sobre todo, una cierta justicia en un país donde imperan diferentes formas de violencia; tanto de fuerzas internas como de actores internacionales. Y quien dice Justicia, dice Ley; y más que la Ley, lo más importante es la forma de administrar y la libertad del Poder Judicial. Utilizando el lenguaje de geógrafo, ya no es justicia horizontal, sino justicia vertical, es decir, igualdad en la aplicación de la Ley.

Como en muchos otros países del continente, en la RDC impera un sistema de corrupción en todos los niveles de la administración y una vulneración de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y esto beneficia principalmente a líderes políticos y agentes económicos, nacionales y extranjeros. Se mantienen en el poder con las rebeliones y las redes de corrupción; una corrupción que mata, y mantiene en la humillación y la pobreza de los habitantes de este país.

Pero una vez no es costumbre; todo tiene un comienzo. Un juez, que se hizo cargo del caso, decidió imputar, basándose en hechos reales, sucesos al alcance del gran público: la malversación de fondos públicos que involucraban a Sammih Jamal -un empresario libanés, propietario de una empresa de construcción-, a Jeannot Samibo -el funcionario presidencial a cargo de la importación-exportación- y al director del Despacho del presidente Vital Kamareh. Aunque podía intentar sobornar a funcionarios y políticos, fue condenado a 20 años de prisión.

En una decisión audaz, el juez Pierrot Bankenge Mvita tuvo éxito donde otros no lo lograron. ¿Tenía mucho margen de maniobra en comparación con otros compañeros? Sin duda. Pero el juez, que presidía el tribunal en este juicio, fue asesinado el tercer día de la audiencia en circunstancias no aclaradas.

A pesar de la diferencia de contextos sociopolíticos, los jueces congoleños y malauíes han manifestado una audacia en su profesión y su papel en la sociedad, lo que muestra también que la ley es un medio para regular las relaciones sociopolíticas en las sociedades africanas poscoloniales. Y quizás sea un elemento del progreso social para la ciudadanía de estos dos países en las últimas décadas de su existencia. Y, sobre todo, en un país marcado por una larga guerra civil y conflictos con sus vecinos (Ruanda y Uganda).

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Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero