Que la Organización de las Naciones Unidas se preocupe por la independencia de la función judicial es un acierto. Que exista una persona que vaya por el mundo recopilando información sobre el tema y proponga soluciones es otro acierto. Recuerdo que hace unos años el informe del relator que expuso sus conclusiones sobre México, fue atacado porque nos hizo ver nuestras muelas picadas. La reacción de una parte del sector judicial fue la descalificación, como gato herido, en vez de estar agradecidos por señalarnos nuestros defectos para poder corregirlos, como leones eficientes.

En estos días está de nuevo en México la persona encargada de la independencia de los jueces. Lo que detectó fueron avances en el ámbito legislativo, como la justicia para adolescentes y los juicios orales. Sin embargo, el balance en cuanto a la independencia de los jueces sigue teniendo sus deficiencias.

Hace unos días escuché a un integrante del Consejo de la Judicatura Federal exponer que en un proyecto de reforma se propone que las decisiones del Consejo sean revisadas por la Suprema Corte. Se quejaba de que esto atentaba contra la independencia del Consejo. Desconozco los pormenores técnicos del asunto. Entiendo que defendía la función de la institución a la que pertenecía, sin embargo, desde el punto de vista de un operador del Poder Judicial Federal me hace pensar que la seguridad jurídica debe serles garantizada sin demérito de la independencia de los tribunales.

Si nos preocupa la independencia de las decisiones judiciales, con razón, creo que más nos debe preocupar el hacer nuestro trabajo de manera responsable. Si esto es así, no nos debería preocupar estar sujetos a la revisión de nuestras decisiones por otra instancia judicial, puesto que con ello se busca garantizar los derechos de acceso a la justicia, en este caso, de los propios miembros del Poder Judicial. Dicha garantía, recordemos, no se agota con la decisión que provenga de la Suprema Corte, porque ella también está sujeta a revisión por otra instancia judicial llamada Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En las entidades federativas la independencia judicial no existe: los poderes ejecutivos nombran a quien preside los poderes judiciales, y éste a su vez nombra a los jueces locales. La función judicial está subordinada a la función política. Esta subordinación se ha combatido a nivel federal al facultar al Senado para la designación de los integrantes de la Suprema Corte. También se ha aprobado la carrera judicial con el fin de evitar que los ministros siguieran influyendo en el nombramiento de los jueces y magistrados federales.

En la formación de jueces independientes quisiera destacar que lo más importante no está en las normas ni en las instituciones, sino en la independencia mental que todo profesional debió haber adquirido en su paso por las facultades de derecho. En la reproducción de un sistema político autoritario la función del abogado es la de ser un técnico interesado en que la maquinaria judicial se desarrolle como está, sin cuestionarla ni muchos menos mejorarla. Esto se debe combatir desde la raíz: la formación ahora del profesional del derecho debe estar encaminada a reproducir un sistema político democrático, donde el abogado se encarga no sólo de un conocimiento eficiente de la maquinaria judicial, sino que señala sus defectos y propone soluciones para su discusión pública.

Ver en el Canal Judicial exponer en directo los puntos de vista de los ministros de la Corte o leer sus votos particulares en periódicos nacionales o en libros, abonan el camino en la dirección señalada. La independencia mental de los juzgadores se busca reforzar también en las escuelas o institutos judiciales a través de cursos, diplomados, maestrías y doctorados.

Voy a concluir diciendo algo que es políticamente incorrecto: no me importa la independencia de México, me importa la independencia mental de cada uno de nosotros. En el pleno ejercicio de nuestro libre pensamiento debo saber que adquiero la responsabilidad de no hacerme daño a mi mismo ni a los demás y que analizo lo más rigurosamente posible los problemas y propongo de buena fe las posibles soluciones. Si cada uno desde nuestras trincheras humanas y profesionales actúa con plena independencia mental, es decir, con absoluta responsabilidad, aspiraremos a que la plena y absoluta independencia de México se celebre no sólo cada 15 de septiembre, sino todos los días. HD