Procedimiento penal acusatorio

Publicado el 02 de febrero de 2011

José Roberto Saucedo Moreno, estudiante de Derecho, Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM
monster_25x@hotmail.com

La transición que el presidente estipuló para el año 2016 en los juicios del orden criminal, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, por el cual reforma diversos artículos constitucionales para establecer el proceso penal acusatorio en el país, así como también señalar que la federación, los estados y el Distrito Federal legislaran sobre este nuevo sistema, presupone un avance en la norma positiva procedimental, así como del personal que la aplicará, impartirá y ejecutará, ya que se observa la pretensión de que los demás procedimientos judiciales se lleven a cabo de forma similar a este.

Sin embargo, para que se lleve a cabo esta decisión, no se implemento el cambio en el programa educativo del nivel básico. A que me refiero. Me refiero a que a los niños en el jardín de niños, en primaria y secundaria se les enseñe e infunda el principio de legalidad y enseñar la relación tripartita que hay entre gobernados y el Estado para resolver las controversias que se susciten entre ellos, esto sin pensar el nivel medio superior y, peor aún, el superior, donde a los egresados de la Licenciatura en Derecho dentro de este periodo intermedio, y anteriores, nos pone en la obligación de realizar estudios extraordinarios, aunque esto no significara un obstáculo para el verdadero profesionista en derecho que se encuentra comprometido en su campo de estudio; de manera general, simple y sencillamente se dejó atrás de nueva cuenta la educación.

La educación hace a la cultura y la cultura es el medio y la forma en que el individuo se conducirá dentro de su grupo denominado sociedad (esta es una conceptualizacion sociológica). Esta explicación de la cultura mediante la educación va encaminada a meditar sobre el argumento de la misma propuesta que este sistema penal acusatorio y los propios promoventes de este procedimiento vienen rezando, ya que, de qué nos servirá que este nuevo sistema pretenda disminuir la carga de trabajo para los juzgadores, si el ciudadano no se dirige a denunciar o a querellarse porque es mejor arreglárselas por él mismo; de qué servirá garantizar la administración de justicia si el procedimiento no va a aliviar el sentido vengativo de la victima con el solo pago de los daños ocasionados; de qué servirá suministrar la justicia pronta y expedita si el querellante, victima u ofendido será el día de mañana al que denuncien por la comisión de un delito por cuestiones de venganza. ¿Las respuestas a los anteriores planteamientos se contraponen a la realidad social que se está viviendo? Este procedimiento penal acusatorio no busca la verdad ni la imputación de un delito, sino la reparación del daño, la mediación y conciliación entre las partes, pero ¿la sociedad mexicana ya está lista para estas soluciones? En verdad son sarcásticos los cuestionamientos, sin embargo quiero demostrar que los legisladores y, peor aún, el presidente no saben de la realidad social que se está viviendo, son buenas sus propuestas de reforma, pero sin embargo se debe atender a cuestiones fundamentales para poder dar el siguiente paso y lograr un resultado favorable. Ahora, administrativamente se busca que ya no halla jueces sin rostro, porque en la actualidad el secretario de acuerdos es el que lleva a cabo las audiencias del juzgado; la victima y el procesado sólo conocen la firma de su juzgador y sólo si es que sus representantes les ofrecen los escritos interpuestos y los acuerdos correspondientes. Se pretende la participación directa de las partes, a los que sus derechos y situación jurídica están siendo afectados, y el que estén enterados de todo lo que se actúa a su favor o en su contra, pero, volvemos a este círculo vicioso, si las partes sólo quieren ver quemado con leña verde y saciar su odio sobre su contraparte, de qué nos servirá un proceso en que estén presentes los juzgadores y parezcan verdaderos réferis de box o lucha.

Faltan escasos 6 años para que este procedimiento se encuentre homologado en todas las entidades federativas y en el ámbito federal, según corresponda. El primer paso ya ha sido dado, en ciertos estados ya es vigente, mostrándonos el federalismo que profesa nuestro presidente, empezar “desde afuera hacia adentro”, y ya se arrojan datos de procedimientos bajo este nuevo modelo. Es de llamar la atención que en Ciudad Juárez, Chihuahua, estado en donde estos procedimientos pueden ser tomados para dar solución a las conductas criminales, sea el más violento, contando con la infraestructura y la capacitación de sus impartidores de justicia para la aplicación de éste. Se está de acuerdo que en los cambios, las soluciones y los resultados no son inmediatos, sin embargo, en este estado no se ve solución, ni respuesta o algún otro signo de que a esta porción de población se le dé mejoría en su convivencia cotidiana, por el contrario, se nota miedo y una gran incertidumbre. Para la aplicación de este procedimiento se toma la comparación con otros sistemas símiles en forma de derecho comparado, como lo es el sistema norteamericano, el francés y el español, pero se sigue cometiendo el error de querer tomar a similitud sociedades que no son para nada afines a la mexicana. Este error ha sido recurrente en las actuales legislaturas que voltean a ver al mundo sin percatarse de la realidad social que en México se está viviendo.

Sin lugar a duda, de nueva cuenta nuestro primer mandatario dejó a la educación olvidada, no se ha aprendido que mientras no se dote a la población de principios y de información, que en la actualidad se sufre por ser más que superflua, no se contará con una sociedad analítica y que proporcione a su estado los medios correctos para que el panorama que observe la colectividad sea armónico y próspero. Teniendo a un pueblo educado y con principios bien infundados en su ser lograremos la exacta aplicación de la ley, la legalidad, que los impartidores de justicia sólo lo hagan en casos que en verdad lo ameriten y que sea una realidad no es una cuestión utópica. Se logrará todo lo anterior en la medida en que todos los ciudadanos nos comprometamos y que no evadamos las responsabilidades que a cada uno corresponde, seamos gobernados o gobernantes.

Culmino la presente crítica con una frase que nos debe hacer reflexionar a todos los mexicanos y más aún si están en alguno de los órganos de gobierno: “La sociedad debe juzgarse por su capacidad para hacer que su gente sea feliz” (Alexis de Tocqueville).