Algunas reflexiones de nuestra democracia:
Caso del estado de Guerrero ¿y la lealtad política qué?

Publicado el 09 de febrero de 2011 Joaquín Morales Sánchez, doctorante en Derecho por la Universidad de Valencia, España joaquinmos@hotmail

“La democracia es la lealtad que los gobernantes tienen a su pueblo”

La democracia es, sin duda, uno de los tópicos ineludibles en nuestra época contemporánea; pero creemos que se debe incluir como otro tema trascendente el de la lealtad política, connotación entendida como aquella conducta ética esperada de quienes son representantes populares, es decir, los que ocupan un cargo de elección popular. Ese comportamiento que debería ser aceptable y de respeto al pueblo, a los electores que eligieron con su voto a determinado funcionario, premisa que en la mayoría de las veces es ignorada por quienes se dicen ser “representantes de pueblo”. Hablar de esta temática hace necesario pensar en otros conceptos que son vitales, como la voluntad y el voto, entre otros, que trataremos de explicar.

La palabra voluntad, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española significa “libre albedrío o libre determinación”, también puede ser “elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue”. Todo ser humano tiene voluntad (libertad inmersa). De igual manera no debe soslayarse el vocablo Voto, el cual se define, según el mismo diccionario, como “expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción”, por otro lado, en el ámbito político, se considera como “el acto por el cual un individuo expresa apoyo o preferencia por cierta propuesta, candidato, o selección de candidatos durante una votación, de forma secreta o pública”. En nuestro sistema político mexicano (electoral), se circunscriben los principios rectores, libre, secreto, directo, etcétera, que en este espacio se soslaya su explicación por obvias razones.

Ahora bien, tomemos en cuenta que en las democracias modernas el voto es la parte medular de los sistemas electorales-políticos, por ello, en este mismo sentido es importante preguntarnos si esa trascendencia que tiene implica otras cosas, por ejemplo ¿cuánto cuesta el voto en las elecciones de nuestro país y de nuestro estado? En México, el voto cuesta 18 veces más que el promedio en toda América Latina en términos del financiamiento público. El promedio que las naciones latinoamericanas destinan a financiamiento público es de 123 226 896 dólares, que contrasta sensiblemente con los 465 021 714 dólares que se canalizan en México.¹

El financiamiento mexicano implica que cada voto o sufragio cuesta 17.24 dólares en promedio, lo que contrasta, por ejemplo, con los 41 centavos de dólar en Argentina; los 29 centavos de dólar en Brasil; en Colombia 1.95; Ecuador 1.09; Panamá 5.25; Uruguay 3.72, y el más elevado sin contar a México, es el de Costa Rica que asciende a 8.58 dólares.² Con estos datos, nos damos cuenta que nuestra democracia no es tan barata, y que cada voto que emiten los ciudadanos nos cuesta en promedio $216.00, que multiplicados por el número de votantes (aproximadamente 70 millones) da una cifra que no alcanza en las calculadoras.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, las pasadas elecciones federales de 2009 tuvieron un costo de 12 880 millones de pesos. Ahora bien, si esto nos costó una elección intermedia, sólo para diputados, analicemos ¿Cuánto cuestan las elecciones para presidente de la República y senadores, además de las que se realizan en los estados y municipios? Por ejemplo en Guerrero, de 2005 a 20011, se habrán realizado cuatro elecciones locales, dos de gobernador y dos de presidentes y diputados; además de dos federales. Con ello, tenemos que nuestra democracia y nuestros votos salen “muy caros”.

Reflexionando lo anterior, si las elecciones nos salen muy costosas, ahora sumemos que los políticos que son electos en las urnas por un periodo determinado no lo cumplen. Los que son votados por el pueblo, por la voluntad popular, se supone, tienen la inalienable obligación de desempeñar su encargo por el tiempo señalado por la ley, en razón de que ese ha sido el mandato del pueblo (ciudadanos que votan) y en consecuencia, de la voluntad popular, entendida como democracia. En este tenor, no se puede concebir como racional, que un personaje que fue electo por un periodo de tres o seis años no cumpla con el mandato popular producto de una elección, es decir, que no cumpla con la voluntad que a través del voto emitieron la mayoría de los ciudadanos que confiaron en él, eso es ignorar e insultar a la democracia, es no tener lealtad política.

La lealtad de quienes llegan a ser representantes populares debe ser la premisa fundamental para que una democracia impere en una sociedad; pero si dichos personajes no cumplen con ello, nuestra democracia nunca será real, y los gobiernos siempre serán fallidos, estados antidemocráticos.

La lealtad política debe ser el principio básico que los representantes populares brinden antes que nada a sus electores: al pueblo. Porque del hecho que anden “brincando de puesto en puesto”, se entiende que vacilan y violentan la voluntad popular, un mandamiento vital en las democracias modernas, y más aún, que por el hecho de haber sido producto de una elección, fue y es costoso, y no puede ser que por ambicionar otro cargo de elección, sea desleal y no cumpla con el encargo por el cual fue designado primeramente.

Los ciudadanos tenemos una tarea pendiente consistente en analizar, evaluar y exigir que nuestros representantes populares, primero, nos brinden y juren lealtad política para cumplir su encargo para el cual son electos, independientemente de la protesta de ley, y segundo, exigir la sincronía legislativa con la finalidad de legislar en torno a este tópico, para que no exista una contradicción entre el derecho a ser votado y la obligación de cumplir un mandato constitucional: ser representante popular.

Finalmente, hoy por hoy es necesario que nuestros representante populares, antes de aspirar a otro encargo de elección, cumplan con el que ostentan, si es el caso, es decir, quienes desempeñen cargos de elección, no puedan ser candidatos hasta en tanto no culminen con el periodo por el cual el pueblo los votó; caso contrario, violentarían la voluntad popular, y en consecuencia, serían desleales con la Nación, el estado o el municipio que representan. Los ciudadanos guerrerenses y mexicanos, debemos tener memoria, la cual debemos anteponer en el momento de pensar y repensar que gobierno merecemos y queremos; la oportunidad más próxima es evaluar a quienes han sido representante populares, sí cumplieron o no con el mando popular por el que fueron electos, sí en esta evaluación reprueban, seguro que las demás serán igual... nosotros decidimos y tú, también!!!.

NOTAS:
1. Información contenida en el diario “El sol de Tijuana” de fecha 21 de junio de 2009, obtenida de una entrevista a Alejandro Díaz Bautista.
2. Idem